Acusa el gobernador a juez federal de ‘corrupto’

Ciudad Juárez— La detención y posterior liberación del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez confrontó al gobernador Javier Corral con el juez octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, al quien llamó “protector de corruptos”.

El magistrado es acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito, al no lograr comprobar la procedencia de 11 millones de pesos como parte de su patrimonio.

“Es una resolución estrambótica, yo diría escandalosa, que llama al Consejo de la Judicatura Federal y al Poder Judicial Federal, a revisar la actuación de este juez que ha estado generando medidas de protección a varios de los personajes involucrados en actos de corrupción en Chihuahua y él lo ha reconocido, él mismo ha declarado que tiene una relación cercana con el entorno de César Duarte y Carlos Hermosillo”, dijo el mandatario.

Corral Jurado afirmó que el  juez “ya no mide sus actos, sus resoluciones contrarias a la Constitución, a las leyes. ¿Qué es lo que sostiene este juez en el estado de Chihuahua? No lo sabemos porque el caso lo hemos presentado ante distintas instancias del Poder Judicial de la Federación, nosotros hemos mostrado nuestra preocupación en las instancia que revisa las conductas de los jueces porque se nota una ostensible parcialidad”.

El juez octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, envió oficio a la Juez de Control Karla Otero, ordenando la libertad del magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez, por estar violentando la suspensión provisional.

“Éste es el juez que le ha estado ofreciendo un manto de protección a muchos de los procesados por casos de corrupción en el estado, ha sido el gran protector de los corruptos en el estado por eso hemos dicho que ya es hora de que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva nuestros escritos sobre este juez”, insistió Corral Jurado.

Por su parte, Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico del Gobierno estatal, dijo que “el juez octavo de Distrito, Tomás José Acosta Canto, es un corrupto y el Estado habrá de proceder jurídicamente en su contra”, tras de que ordenara la liberación de Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, horas después de que fue detenido.

Espinoza Cortés aseguró que la Fiscalía no incurrió en ninguna ilegalidad al ejecutar la orden de aprehensión en contra del exmagistrado. El funcionario estatal también dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República (FGR), congeló las cuentas bancarias de Ramírez Alvídrez, de su esposa, así como de una de sus hermanas pues están bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

El funcionario estatal manifestó que tanto el juez octavo de Distrito, como el primer colegiado en el que estaba la magistrada Olivia Tello, se han encargado de encubrir las corruptelas de exfuncionarios a través de la cesión de amparos y suspensión de procesos, pues lo mismo ocurrió con Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, y otras personas que han sido investigadas por la denominada “Justicia para Chihuahua”.

Dijo que, desde entonces promovió una denuncia en contra de los juzgadores federales y contempla presentar otra relacionada con el caso contra Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, esto porque el Tribunal Colegiado sesionó en día inhábil para emitir la suspensión que le favoreció al exmagistrado que finalmente obtuvo su libertad, pero amenazó, “el caso no termina aquí”.

El consejero jurídico calificó como “increíble” la actuación del Primer Colegiado, al conceder la suspensión a Ramírez Alvídrez, pues dijo que un caso así no se resuelve en dos horas, y menos en día inhábil. “El juez ése se ha caracterizado por manejarse con corruptelas y no lo vamos a tolerar en Chihuahua”, afirmó.

Además, explicó que la Fiscalía estatal no incurrió en ninguna falta al cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jorge Ramírez, pues al momento en que lo detuvieron, el Congreso local aún no lo había restituido en su cargo, esto, a pesar de que existe la orden del juez federal, y por lo tanto no contaba con el fuero constitucional.

Por otra parte, dijo que las cuentas bancarias de Ramírez Alvídrez fueron “congeladas” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se encuentran bajo investigación por la discrepancia de 10 millones de pesos que no concuerdan con los ingresos que tiene el magistrado, y que no ha podido explicar a cabalidad, razón por la que fue denunciado y desaforado por el Congreso local para poder ser investigado por la Fiscalía estatal.

¿Qué fue lo que pasó?

El pasado domingo el magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, fue capturado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El funcionario judicial fue ubicado y detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión al salir del centro comercial Sams del periférico De la Juventud.

“La Comisión Estatal de Seguridad (CES) el día de ayer (domingo) en base a una orden de aprehensión vigente, se detuvo a esta persona, posteriormente fue trasladado  al Cereso 1 para el registro correspondiente y de ahí se dan los avisos al Tribunal para que a su vez le notifique a la FGE”, detalló el fiscal César Augusto Peniche Espejel.

Mientras se desarrollaban los trámites para llevar a cabo la audiencia de control de detención la jueza 

Durante los trámites para llevar a cabo la audiencia de control de detención, la jueza Karla Otero recibió un oficio del Juzgado Octavo de Distrito donde realiza una interpretación de los alcances de la suspensión que había concedido contra el inicio del procedimiento de desafuero.

La juzgadora “decidió suspender la audiencia y dejar pendiente este caso hasta que se resuelva de fondo el tema del amparo, para saber si tiene los efectos restitutivos que desde mi punto de vista jurídico no debiera ser así”, consideró Peniche Espejel.

La FGE analiza ese oficio del juez de Distrito, está revisando los alcances de las diferentes actuaciones incluida una resolución que previamente había emitido un Tribunal Colegiado de Circuito y vamos a plantear los recursos y revisiones que resulten pertinentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo el fiscal.

Agregó que la FGE mantiene la investigación contra el magistrado acusado por el delito enriquecimiento ilícito, que tiene que ver con más de 11 millones de pesos que no pudo justificar de su patrimonio.