Diario
Estados Unidos
jueves, 05 diciembre 2019 | 08:23
Ciudad de México— Tan pronto como Trump llegó a la Casa Blanca, su discurso incendiario contra los "extranjeros criminales" se convirtió en órdenes ejecutivas y estas en políticas.
Las medidas de su plan de acción para las detenciones de migrantes sin documentos llevaron a que los agentes fronterizos detuvieran a cualquier persona convicta por cualquier delito o a facilitar las deportaciones exprés.
Dado el tamaño del ambicioso plan, que incluía la contratación de 10 mil agentes de inmigración y la ampliación del número de centros de detención, los recursos debían aumentarse, por lo que la Casa Blanca acudió a la consultora McKinsey & Company para que la asesorara sobre dónde recortar.
La prestigiosa firma internacional propuso recortes en el gasto destinado a los alimentos para los migrantes, en atención médica y en las condiciones de los centros de detención, entre otras medidas, según informaron The New York Times y ProPublica tras una investigación en conjunto, lograda después de una batalla legal para acceder a los informes de la agencia migratoria.
La consultora también propuso fórmulas para acelerar el proceso de deportación y el de contratación de personal.
Para lograr el segundo objetivo, McKinsey planteó la idea de que la Oficina de Fronteras y Migración, (ICE en inglés) alquilara un espacio similar a un gimnasio en el que comprimiera el proceso de reclutamiento, evaluación y contratación de los nuevos agentes en un solo día.
Los consultores buscaban reducir el tiempo de contratación en un 30 a 50 por ciento (cientos de días).
La firma, con la vista puesta en recortar gastos, sugirió amainar los estándares en los centros de detención de ICE, según un correo electrónico interno de la Policía de deportaciones.
La investigación del Times se basa en testimonios de empleados de ICE y de McKinsey que participaron del proyecto "Iniciativas para mejorar la contratación de ICE y abordar la Orden Ejecutiva", así como en las mil 500 páginas de documentos que liberó la Policía migratoria después de que ProPublica los demandara bajo la Ley de Libertad de Información.
La información reunida contradice la declaración que emitió el año pasado la consultora, cuando sostuvo que el contrato no incluía asesorar a ICE sobre políticas en materia migratoria.
En un documento de contratación de octubre de 2017, funcionarios de ICE dijeron que el plan de acción de McKinsey mostró beneficios cuantificables, incluyendo el aumento de las deportaciones totales y las reducciones a tiempo para expulsar a un detenido.
Los consultores ignoraron e incluso se quejaron ante los gerentes de la agencia migratoria sobre los trabajadores de ICE que acusaron que las propuestas de reducción de costos podrían poner en peligro la salud y la seguridad de los migrantes, informó The New York Times.
En junio de este año el Departamento de Estado publicó un informe sobre las condiciones de estas instalaciones en 2018 y alertó sobre los problemas de salubridad en todos los niveles de los centros de detención, como los alimentos en mal estado y los baños deteriorados.
En medio del escándalo de la separación de las familias en la frontera el año pasado, The New York Times publicó que McKinsey había ganado más de 20 millones de dólares en consultorías a ICE.
El acuerdo laboral fue duramente criticado por los propios empleados de la consultora, que lo desconocían y forzó a Kevin Sneader, gerente de la firma, a poner fin en julio al contrato con ICE.
En un comunicado Sneader sostuvo que el trabajo de la consultora no implicaba ayudar sobre cómo llevar a cabo políticas migratorias.
"Bajo ninguna circunstancia, se comprometerá en realizar un trabajo, en ninguna parte del mundo, que saque adelante o asista políticas que estén en desacuerdo con nuestros valores".