Rechaza ciudad de trabajadores agrícolas centro de detención de ICE

McFarland.- Como inmigrante indocumentada, Maribel Ramírez no tiene voz oficial en los asuntos de la pequeña ciudad agrícola en el Valle Central de California, donde ha vivido durante 20 años.

Pero a altas horas de la noche del martes, se paró con cientos de trabajadores agrícolas y otros residentes afuera de las cámaras del Ayuntamiento de McFarland, con un megáfono en la mano. “¡No a ICE! ¡No a GEO! Somos trabajadores agrícolas, no delincuentes”, corearon los manifestantes en español, dirigidos por Ramírez, de 42 años.

La cuestión era una propuesta de una corporación multimillonaria para convertir dos prisiones estatales que serán cerradas en centros de detención para inmigrantes indocumentados, operados bajo contrato por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un plan que los líderes de la ciudad dijeron que podría proporcionar a esta ciudad empobrecida una línea de vida financiera.

Una nueva ley en California que prohíbe la instalación de prisiones privadas le costará a la ciudad 1.5 millones de dólares al año en impuestos y otras tarifas pagadas por la corporación penitenciaria, el Grupo GEO, a menos que la compañía pueda convertir las dos instalaciones que opera allí en centros de detención de inmigrantes.

McFarland, ubicada a unas 30 millas al norte de Bakersfield, es el hogar de miles de trabajadores como que trabajan en los viñedos y los huertos de almendras, pistachos y cítricos que se extienden en todas las direcciones. Según estimaciones privadas, alrededor de la mitad de los 15 mil habitantes de la ciudad son indocumentados, el tipo de personas que podrían ser puestas tras las rejas en las instalaciones que hasta ahora habían estado albergando a delincuentes.

“Sin GEO, no podemos garantizar que podamos pagar a la Policía, a los bomberos o cualquier otro servicio”, advirtió el alcalde Manuel Cantú el miércoles, un día después de que la comisión de planificación de la ciudad, la cual se viera obligada a ceder ante el abrumador sentimiento público, votara en contra de la propuesta.

Cantú, quien anunció su renuncia como alcalde el miércoles, predijo que el cierre de las instalaciones de las prisiones, en una ciudad que ya enfrenta un déficit presupuestario de 500 mil dólares, sería “devastador”.

Pero parecía resignado: “Si los residentes no quieren estos centros por miedo a ICE o lo que sea, la ciudad pertenece a los residentes”, dijo en una entrevista.

La compañía podría apelar la decisión de la comisión de planificación ante el Concejo Municipal, pero los residentes dejaron en claro que harían todo lo posible para bloquear el plan.