Podran funcionarios ser demandados por bloquear crítica en redes sociales

Washington.- Un fallo unánime emitido este viernes por la Suprema Corte permite que los funcionarios públicos puedan ser demandados por bloquear a sus críticos en las redes sociales, un tema que surgió ante la Suprema Corte en un caso relacionado con el entonces presidente Donald Trump.

La juez Amy Coney Barrett dijo que los funcionarios que usan cuentas personales para hacer declaraciones oficiales no pueden eliminar los comentarios acerca de esos comunicados ni bloquear a los críticos.

Por otro lado, escribió Barrett, “los funcionarios estatales tienen vidas privadas y derechos constitucionales”.

La corte decidió en dos casos relacionados con demandas presentadas por personas que fueron bloqueadas después de dejar comentarios críticos en las redes sociales que pertenecen a miembros del consejo escolar en el sur de California y un administrador de la ciudad en Port Huron, Michigan, al noreste de Detroit.

Eso es similar a un caso relacionado con Trump y su decisión de bloquear a sus críticos en su cuenta personal de Twitter, que ahora se conoce como X.

Los jueces descartaron el caso después que Trump concluyó su mandato en enero del 2021.

Los casos forzaron a la corte a lidiar con el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos y su electorado, todo eso en un mundo virtual que está evolucionando rápidamente.

Estos son unos de los cinco casos de redes sociales que han sido ventilados en la corte en este término.

“Los funcionarios tienen la autoridad de hablar en representación de su gobierno y de usarla en sus comentarios relacionados con el mismo. En tales casos, tienen que aceptar la crítica o arriesgarse a ser demandados”, escribió Barrett.

La próxima semana, la corte escuchará una objeción de Missouri y Louisiana por los esfuerzos que ha hecho la administración Biden de combatir comentarios controvertidos en las redes sociales sobre temas que incluyen el Covid-19 y la seguridad en la elección.

Los estados argumentan que la administración demócrata ha estado coaccionando inconstitucionalmente a las plataformas para imponer medidas estrictas sobre posturas conservadoras.