Fiscal de San Diego restringe armas a propietarios sospechosos

Sacramento.- Mara Elliott estaba por dejar a sus dos hijos en la escuela cuando escuchó por la radio sobre la peor pesadilla para cualquier padre de familia. Alumnos en una escuela, de la misma edad que sus hijos, habían sido masacrados por un tirador enloquecido en Connecticut.

En ese momento, en diciembre del 2012, Elliott era una fiscal adjunto de la ciudad de San Diego especializada en finanzas y contratos. “Las armas no eran mi fuerte”, publicó Los Ángeles Times.

Pero en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, 20 niños de 6 y 7 años, más seis miembros adultos del personal, fueron asesinados por un joven de 20 años con trastornos mentales que portaba un rifle de asalto de estilo militar con 10 cartuchos de gran capacidad. Antes de perpetrar el tiroteo en la escuela, Adam Lanza había matado a su madre. Luego se suicidó.

“Recuerdo haber pensado: ‘Estoy dejando la vida de mis hijos en manos de una escuela. ¿Tendrá acaso las medidas de seguridad?’”, dijo Elliott.

“Lo tomé como un llamado de atención para hacer todo lo que me fuera posible. Si realmente quieres un cambio, tienes que ser parte de ello para hacerlo”.

Elliott, graduada de la Universidad de California en Santa Bárbara con recuerdos preciados de su vida universitaria, también fue motivada por el asesinato en el 2014 de siete personas y otras 13 que resultaron heridas a causa de un inadaptado mental en el campus de Isla Vista.

Fue entonces que en el 2016 Elliott se postuló para el cargo de fiscal municipal de la ciudad de San Diego y ganó, prometiendo ser una defensora del control de armas. Ella se comprometió específicamente a aplicar órdenes restrictivas a las armas de fuego contra propietarios de armas que mostraran signos de violencia.

Hoy, la demócrata de 51 años es la más agresiva fiscal de California en imponer alertas contra propietarios de armas sospechosos que no debieran poseer un arma de fuego. El objetivo es evitar que los locos tengan acceso a las armas.

Según la ley de alerta de California, promulgada en 2014, un oficial de la Policía o un miembro de la familia inmediata puede pedirle a un juez que emita una Orden restrictiva por violencia armada si se teme que el dueño del arma sea un peligro para sí mismo o para otros. Si la orden es impuesta, y casi siempre esto es lo que sucede, la Policía confiscará las armas al dueño y las custodiará hasta por un año. Después de dicho periodo, la orden restrictiva podrá ser renovada.

Elliott fue la primera en crear un programa de órdenes restrictivas. Hasta ahora, ha conseguido que se impongan aproximadamente 300 órdenes y se han incautado hasta 400 armas de fuego, incluidas unas 40 armas de asalto.