Enviará Estados Unidos a solicitantes de asilo a Honduras

Nueva York – Estados Unidos se prepara para enviar solicitantes de asilo a Honduras, aunque no sean del país centroamericano, y poner fin efectivamente a sus posibilidades de solicitar refugio en Estados Unidos, según documentos obtenidos por Los Angeles Times.

Bajo un acuerdo firmado en Nueva York el 25 de septiembre por Kevin McAleenan, en ese entonces secretario de Seguridad Nacional, y la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, María Dolores Agüero, los adultos y las familias que buscan asilo en la frontera México-Estados Unidos podrían ser enviados a Honduras sin la oportunidad de solicitar refugio en Estados Unidos.

Una fuente proporcionó una copia del acuerdo a The Times esta semana.

A principios de este año, la administración llegó a un acuerdo similar con Guatemala para llevar a los solicitantes de asilo a la frontera México-Estados Unidos, incluso si no eran guatemaltecos.

Desde que el acuerdo de Guatemala entró en vigor el 22 de noviembre, funcionarios estadounidenses han enviado por la fuerza a varios adultos hondureños a Guatemala, y la semana pasada, comenzaron a mandar a algunas familias hondureñas, según la información obtenida por The Times y varios funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Lo significativo del acuerdo con Honduras es que se declara explícitamente que si Honduras u otro país rechaza las solicitudes de asilo de los individuos, no tendrán otra oportunidad de aplicar en Estados Unidos, según el texto. Anteriormente, la administración había sugerido que si, digamos, una guatemalteca era enviada por la fuerza a Honduras y se le negaba asilo allí, podría tener otra oportunidad en Estados Unidos. El texto del acuerdo entre Estados Unidos y Honduras deja claro que no es así.

El nuevo acuerdo forma parte de un esfuerzo más amplio para restringir el número de solicitantes de asilo en la frontera sur. La administración Trump ha llegado a acuerdos similares con El Salvador y Guatemala, obligándolos a tomar a otros centroamericanos que llegan a la frontera con Estados Unidos. La administración describió los acuerdos como un “esfuerzo para compartir la distribución de cientos de miles de solicitudes de asilo”.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por límites más estrictos a la inmigración, calificó el último acuerdo como “bastante significativo”.

“Es una parte importante de un amplio esfuerzo para devolver el asilo al estrecho uso para el que fue pensado”, dijo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes.

Pero un miembro del Congreso condenó la medida.

Llamando a Honduras “un narcoestado que está muy poco preparado para participar como las otras naciones socias de Guatemala y El Salvador”, la representante Norma Torres (D-Pomona), la única miembro del Congreso nacida en Guatemala, dijo: “Estos acuerdos son cualquier cosa menos seguros - la administración Trump está rechazando nuestras obligaciones morales y enviando a los solicitantes de asilo a las mismas zonas de peligro de las que están huyendo”.

Añadió: “Esto no sólo pone en peligro las vidas de los más necesitados, sino que también manda al mundo un mensaje de bancarrota moral que está completamente en contradicción con los valores estadounidenses”.

Los defensores de los inmigrantes han condenado los acuerdos, diciendo que hacen casi imposible que los centroamericanos encuentren asilo en Estados Unidos.

“La administración está tratando de poner fin al asilo en la frontera sur”, dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo sin fines de lucro que se opone a las políticas altamente restrictivas de la administración Trump.

Reichlin-Melnick dice que teme que la administración utilice el último acuerdo para comenzar a enviar solicitantes de asilo guatemaltecos a Honduras tan pronto como el próximo mes.

Los acuerdos fueron firmados después de que la administración Trump anunciara una nueva regla en julio que consideraba inelegible para la protección en EU a prácticamente cualquier migrante que pasara por otro país antes de llegar a la frontera México-Estados Unidos y no solicitara asilo allí primero. En la actualidad, esa norma se enfrenta a impugnaciones judiciales.