Diario
Estados Unidos
lunes, 11 noviembre 2019 | 09:16
Washington.- Una ley federal de 1986 tipifica como delito “alentar” a inmigrantes ilegales a que vengan o se queden en Estados Unidos.
“El estatuto potencialmente criminaliza las simples palabras simples —dichas a un hijo, una esposa, un padre, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un estudiante, o un cliente— “Te animo a que te quedes aquí’”, según escribió el juez A. Wallace Tashima el año pasado dirigiéndose a un panel unánime de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito, en San Francisco, para revocar la ley.
La ley aplica a una abuela que exhorta a un nieto a quedarse después de que su visa haya expirado, o a un abogado que aconseja a un cliente a que se quede en el país mientras lucha contra la deportación, según escribió el juez Tashima. Podría incluso ser aplicada a funcionarios públicos que ayudan a inmigrantes en las ciudades santuario y tal vez incluso discursos en manifestaciones a favor de la inmigración.
El mes pasado, la Corte Suprema acordó decidir si la ley puede ajustarse a la Primera Enmienda. El caso, Estados Unidos contra Sineneng-Smith, No. 19-67, es uno de varios asuntos importantes de inmigración en el expediente judicial.
El caso de la Primera Enmienda se refiere a Evelyn Sineneng-Smith, quien dirigía una empresa de consultoría migratoria en San José, California. Sus clientes, principalmente originarios de las Filipinas, trabajaban sin autorización en la industria de atención médica a domicilio. Sineneng-Smith ofreció ayudarlos a obtener visas de residencia bajo un programa de certificación del Departamento de Trabajo que, según dijo, les daría el estatus de residentes permanentes y les permitiría trabajar de manera legal.
Pero el programa expiró. Aun así, Sineneng-Smith cobró a sus clientes 6 mil 800 por presentar solicitudes que ella sabía que no serían aceptadas. Fue declarada culpable de fraude postal, una condena que afirmó el tribunal para el Noveno Circuito y que Sineneng-Smith no está impugnando en la Corte Suprema. La pregunta para los jueces es si su otra condena, según la ley de 1986, por alentar a sus clientes a permanecer en Estados Unidos le fue aplicada de manera apropiada.
En el el tribunal para Noveno Circuito, Sineneng-Smith argumentó que tenía derecho a la Primera Enmienda para presentar las solicitudes, lo cual no fue un argumento particularmente fuerte. “La libertad de expresión integrada a la conducta delictiva”, según la Corte Suprema, no está protegida por la Primera Enmienda.