Amenazas violentas a trabajadores electorales se han vuelto comunes en EU

Washington.- "¿Se siente seguro? No debería". En agosto, Travis Ford, de 42 años, de Lincoln, Nebraska, publicó esas palabras en la página personal de Instagram de Jena Griswold, secretaria de estado y principal funcionaria electoral de Colorado. En una publicación 10 días después, Ford le dijo a Griswold que su equipo de seguridad no pudo protegerla y luego agregó:

“Este mundo es impredecible en estos días… cualquier cosa puede pasarle a cualquiera”.

Ford pagó muy caro por esas palabras. La semana pasada, en el Tribunal de Distrito en Lincoln, se declaró culpable de amenazar con un dispositivo de telecomunicaciones, un delito grave que puede conllevar hasta dos años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. No respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Pero un año después de que el fiscal general Merrick B. Garland estableciera el Grupo de Trabajo Federal sobre Amenazas Electorales, casi nadie más se ha enfrentado a un castigo. Se están procesando otros dos casos, pero la declaración de culpabilidad de Ford es el único caso que el grupo de trabajo ha concluido con éxito de los más de mil que ha evaluado.

Los informes públicos de enjuiciamientos por parte de funcionarios estatales y locales son igualmente escasos, a pesar de una explosión de amenazas intimidatorias e incluso violentas contra los trabajadores electorales, en gran parte desde que el expresidente Donald J. Trump comenzó a difundir la mentira de que el fraude le costó las elecciones presidenciales de 2020.

Solo Colorado ha enviado al menos 500 amenazas contra los trabajadores electorales al grupo de trabajo, dijo Griswold.

El ritmo lento ha provocado consternación entre los trabajadores electorales y sus partidarios, algunos de los cuales dicen que están molestos con la idea de informar los mensajes amenazantes a los fiscales.

“La reacción generalmente es ‘Gracias por informar eso; lo investigaremos’, y no hay un seguimiento sustantivo para comprender lo que están haciendo”, dijo Meagan Wolfe, presidenta de la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales. Eso lleva a algunos a “sentir que no hay un apoyo adecuado que pueda disuadir a las personas de hacer esto en el futuro”, agregó.

La profundidad del miedo de los trabajadores electorales fue subrayada en las audiencias de este mes por el panel del Congreso que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Ruby Freeman y Shaye Moss, que son madre e hija y ambas trabajadoras electorales en Atlanta, contaron que un aluvión de amenazas las obligó a esconderse en diciembre de 2020, luego de que Rudy Giuliani, quien entonces era el representante de Trump, las acusara falsamente de fraude electoral. Los manifestantes intentaron ingresar a la casa de un familiar en busca de las dos. Finalmente, renunciaron a sus cargos.

Esa no es la norma, pero tampoco es infrecuente, dijo Griswold, que un secretario del condado de Colorado usa chalecos antibalas para trabajar y otro hace negocios detrás de un vidrio a prueba de balas.

“En mi experiencia, si alguien te dice una y otra vez cómo te van a colgar, te pregunta el tamaño de tu cuello para poder cortar bien la cuerda, tienes que tomarte las amenazas muy en serio”, dijo, citando amenazas que había recibido.

La secretaria de la ciudad de Milwaukee, Claire Woodall-Vogg, dijo que había “rediseñado completamente la oficina en el Ayuntamiento por razones de seguridad” después de recibir cientos de amenazas, que dijo que habían sido enviadas al grupo de trabajo.

Una investigación realizada por Reuters en septiembre reveló más de 100 amenazas de muerte o violencia contra funcionarios electorales en ocho estados disputados, que en ese momento habían producido cuatro arrestos y ninguna condena.