Alarman requisitos de contratación de la administración Trump

Washington.- El presidente Trump estuvo acompañado de 300 invitados una tarde de principios de este mes en la Casa Blanca para celebrar la reforma más significativa al sistema de justicia penal en una década.

El presidente aplaudió el Decreto del Primer Paso, que revisa las leyes que se aplican en las sentencias y amplía los programas de reingreso y liberación anticipada, como una victoria bipartidista, publicó The Washington Post.

Jared Kushner, su yerno y el responsable de redactar la ley, recibió aplausos de una improbable coalición de liberales, conservadores y exofensores.  Ese día, los secretarios del gabinete mencionaron esos cambios en eventos públicos.

Sin embargo, mientras los activistas y simpatizantes celebraban con champaña en el Ala Este, la administración Trump dio un paso que los críticos aseguran podrían colocar posibles obstáculos a las personas que han sido acusadas de delitos leves o delitos graves de bajo nivel.

De acuerdo a la actualización propuesta respecto a los requisitos de contratación, los solicitantes que reciben una oferta de empleo del gobierno federal o los contratistas tendrían que dar a conocer si acudieron a un programa de desviación previo a un juicio para evitar ir a prisión --- y sus antecedentes penales.

La respuesta podría dar lugar que una agencia rescinda la oferta.

A finales del mes de febrero, la propuesta fue dada a conocer al público para conocer su opinión por la Oficina de Administración de Personal, mientras que los defensores del Decreto Primer Paso estuvieron colaborando con la Casa Blanca y el Congreso en ese cambio que podría facilitar el camino para que los que han delinquido obtengan un empleo federal.

Activistas políticos de izquierda y derecha, que han unido fuerzas para impulsar ampliamente un sistema de justicia más justo, aseguran que les sorprendió la propuesta de dar a conocer esa desviación --- lo cual es un nivel adicional de revisión que usualmente no había sido utilizado por las empresas privadas.

Ese requisito, dicen, va en contra de un movimiento bipartidista a nivel nacional y adopta alternativas de encarcelamiento además de definir la propia postura pública de Trump sobre esa reforma.