Señalan faltas graves en juez que vinculó a Maru

Chihuahua.– La Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió que el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien vinculó a proceso a la ahora gobernadora Maru Campos Galván y a los exdiputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna dentro de la causa penal 2821/2020, incurrió en faltas administrativas graves y no graves tras recibir y aceptar presiones por parte del Poder Ejecutivo encabezado por Javier Corral Jurado, las cuales respondían a intereses políticos y de otras índoles ajenas al Poder Judicial.

El acuerdo de la Unidad de Investigación fue notificado a De la Rosa Ramírez, quien señaló que esta resolución es un paso importante para fortalecer la imparcialidad en el ejercicio de la impartición de justicia, misma que se vio atacada por intereses de Corral y del exsecretario general de Gobierno Fernando Mesta Soulé.

Añadió que el fallo de la UIRA demuestra que hubo un desapego por parte del juez en sus actuaciones, lo cual se vio agravado por las declaraciones que hizo ante medios de comunicación. Por ello, ahora deberán esperar a que se dicten las sanciones correspondientes, mismas que pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación del juez para volver a ejercer dicho cargo, sin menoscabo de que pueda darse vista al Ministerio Público de la posible comisión de delitos.

“Ya nada más esperaremos que esto camine conforme a derecho, que sea la Unidad Jurídica la que establezca las sanciones correspondientes y que se ponga un ejemplo del quehacer por parte del Poder Judicial, en estos momentos que se están viviendo en el país… donde la Suprema Corte de Justicia ahorita está precisamente defiendo su autonomía en la definición de sus relaciones y a nivel local debería ser exactamente lo mismo”, acotó. 

La investigación

La investigación de la UIRA inició luego de que el 11 de febrero de 2022 el propio juzgador reconociera en una entrevista brindada a El Diario, en las instalaciones de la Ciudad Judicial, que había recibido presiones en general por intereses políticos que pretendían influir en su resolución de vinculación a proceso, pero dichos actos nunca fueron denunciados por Mendoza ante una instancia correspondiente del Poder Judicial.

El juez indicó en la entrevista que fue blanco de presiones por parte del Gobierno estatal encabezado por Javier Corral y de la Secretaría General de Gobierno, que entonces era titulada por Luis Fernando Mesta Soulé. Textualmente expresó:

“Éste (refiriéndose a la vinculación a proceso) es un asunto que durante mucho tiempo fue tratado con muchos matices políticos, y desde luego que tanto para mí como para los demás juzgadores que de alguna manera intervenimos, existieron presiones en general por los interese políticos que había, pudiera decirse que inclusive de Palacio de Gobierno en concreto”.

A lo que añadió que “sí hubo acercamientos, o algunas llamadas tratando de influenciar el sentido de la resolución de personas relacionadas con la Secretaría de Gobierno… fueron días, meses, semanas, tanto para mí como para los juzgadores que de alguna manera intervenimos en esto, de muchas presiones, desde luego de partidos políticos o de encomiendas de partidos políticos… no se podía hacer nada en esos días, ni siquiera podíamos salir de aquí”, afirmó ante reporteros de esta casa editora.

A raíz de esta entrevista y las notas que derivaron de ella, la UIRA realizó una investigación en la cual se acreditó que Samuel Mendoza incurrió en faltas graves al violar las fracciones I y VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las que se impide a los juzgadores realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier acción que implique subordinación; e incurrir en faltas a la probidad y honradez en el desempeño del cargo.

De igual manera, se encontraron faltas no graves por la violación de los preceptos establecidos en las fracciones II y III del artículo 241 de la misma ley, al omitir poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial; omitir preservar la dignidad, disciplina y profesionalismo propios de la función judicial y omitir el deber de denunciar la posible comisión de un delito.

Por otra parte, la UIRA encontró una falta grave a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contemplada en el artículo 57, que señala a la letra que “incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público”.

En materia de responsabilidad administrativa se encontraron también faltas no graves por incumplir con las fracciones I y II del artículo 49 de la ley en comento. 

La vinculación

El 1 de abril de 2021, el juez de Control Samuel Uriel Mendoza dictó auto de vinculación a proceso en contra de la entonces candidata del PAN María Eugenia Campos Galván y los exlegisladores Rodrigo de la Rosa y María Ávila, dentro de la causa penal 2821/2020 por el delito de cohecho.

En su resolución, el juez respaldó la teoría del Ministerio Público, en la que señalaba que durante los años 2014 y 2015 Campos Galván, en su carácter de diputada local de la LXIV legislatura, solicitó y recibió del gobernador César Duarte Jáquez la cantidad total de 9 millones 267 mil 200 pesos mediante entregas directas o a través de terceros.

A los exdiputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna los acusó de recibir 2 millones 500 mil pesos y 3 millones 457 mil 112 pesos de parte del exgobernador.

Dicho dinero habría sido entregado a los legisladores con la finalidad de apoyar al mandatario con motivo de sus atribuciones en sus peticiones e iniciativas ante el Congreso del Estado como la aprobación de asuntos de la Hacienda pública y de fiscalización.

El juzgador consideró que en ese momento había datos de prueba para suponer la comisión de hechos constitutivos de delito. En específico, dijo que el Ministerio Público evidenció una serie de desvíos de recursos públicos que sirvieron para nutrir la denominada caja chica o “nómina secreta” que utilizó Duarte para hacer pagos a diversos particulares, partidos, políticos, entre 2010 y 2016. 

Revocaron auto de vinculación 5 meses después

Tras apelar la resolución de Mendoza Rodríguez, el 7 de septiembre de 2021, el magistrado de la Tercera Sala Penal Juan Carlos Carrasco Borunda revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la gobernadora electa Maru Campos y del exdiputado De la Rosa, al considerar que existen “deficiencias insoslayables en la formulación de imputación”.

En el resolutivo, el magistrado señaló que el auto de vinculación incumplió el principio de congruencia fáctica regulado en los artículos 316, 335 y 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que impone el deber de otorgar extraordinaria relevancia al auto de vinculación a proceso, en tanto que éste sólo debe dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la formulación de imputación.

Explicó también que el Ministerio Público, al comunicar la investigación a los imputados y al juez, no precisó la naturaleza de los actos base de la acusación y sólo realizó referencias genéricas como “apoyar las iniciativas relacionadas con la Hacienda pública y fiscalización, votado en cierto sentido o absteniéndose de hacerlo”.

Es decir, no se precisó cuáles fueron las iniciativas y apoyos específicos que presuntamente se comprometieron a realizar y dicha precisión tiene la finalidad de dar certeza sobre las circunstancias fácticas de tiempo, modo y lugar.

Asimismo, dijo que el Ministerio Público no determinó con precisión el contenido de la supuesta negociación que se atribuye a los entonces legisladores y César Duarte, y si la recepción del dinero fue en realidad motivada de ese supuesto acuerdo del que, por cierto, nadie dio cuenta de haber presenciado.

‘Esperamos sanciones’

De la Rosa Ramírez indicó que estarán pendientes de la emisión de las sanciones que podrían recaer sobre el juez, e incluso consideró que alguno de los asuntos pudiera turnarse a la Fiscalía General del Estado, sobre todo porque la UIRA habla del desapego a la función de la prestación del derecho. 

Manifestó que, en caso de considerar que las sanciones aplicadas son insuficientes o no se apegan a derecho, podrían recurrir a la resolución. También refirió que, una vez concluido este proceso, analizará, junto al Despacho Vidaña Manjarrez & Asociados, si presenta alguna denuncia por daños. 

Cronología

Mentiras y verdades

La vinculación

2021

1 de abril

Samuel Uriel Mendoza dictó auto de vinculación a proceso en contra de Maru Campos y los exdiputados Rodrigo de la Rosa y María Ávila por el delito de cohecho

Revocación de la vinculación

7 de septiembre

El magistrado de la Tercera Sala Penal, Juan Carlos Carrasco Borunda, revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la gobernadora electa Maru Campos y del exdiputado De la Rosa

La verdad

2022

11 de febrero

Samuel Uriel Mendoza reconoce en una entrevista brindada a El Diario haber recibido presiones que pretendían influir en su resolución de vinculación a proceso en contra de Maru Campos y otros dos exdiputados

Las acusaciones

• El juez respaldó la teoría del Ministerio Público, en la que señalaba que durante los años 2014 y 2015 Campos Galván, en su carácter de diputada local de la LXIV legislatura, solicitó y recibió del gobernador César Duarte Jáquez 9 millones 267 mil 200 pesos mediante entregas directas o a través de terceros.

• A Rodrigo de la Rosa Ramírez y a María Ávila Serna también se les acusó de recibir dinero, en su caso 2 millones 500 mil pesos para el primero y 3 millones 457 mil 112 pesos para la exlegisladora