Dejan libres jueces a 975 en dos años

Chihuahua.- Entre 2021 y hasta el 15 de octubre de 2022, un total de 975 personas que fueron aprehendidas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron dejadas en libertad durante la audiencia de control de detención, es decir, ni siquiera se les formuló imputación por los delitos que el Ministerio Público pretendía fincarles. 

El vocero de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados (Fechca), Ernesto Avilés Mercado, destacó que el 97 por ciento de las detenciones se realizan en flagrancia, es decir, no hay una investigación que sustente la captura.  

or ello, manifestó, es posible que el inculpado o sus abogados combatan la detención si logran demostrar incongruencias entre lo reportado por los agentes captores en el Informe Policial Homologado (IPH) y lo que sucedió durante la detención. 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2021 fueron dejados en libertad 622 personas en la entidad al no acreditarse la legalidad de su detención. En ese año, se reportaron 21 mil 483 detenciones flagrantes. 

Mientras que hasta mediados de octubre de 2022, otros 353, de un total de 13 mil 769 detenidos, libraron la acusación del MP. 

La mayoría de las personas detenidas, refiere el informe de Transparencia, fueron llevadas ante el juez por delitos contra la salud y violencia familiar. 

Avilés Mercado abundó que, pese a que muchas veces se señala a los jueces por la liberación de personas detenidas, lo cierto es que los juzgadores no pueden legitimar detenciones ilegales pues, además de tener que apegarse a los parámetros constitucionales, al momento de resolver también deben de atender a los tratados internacionales de los que México es parte y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). 

El jurista subrayó que la protección de los derechos humanos del imputado es parte fundamental del sistema penal acusatorio, por lo que los juzgadores deben atender los parámetros constitucionales y convencionales al momento de acreditar si una detención generó un agravio.

Entre algunos de los casos en los que los detenidos por la autoridad local no fueron inculpados y se les dejó en libertad, estuvo el de las seis personas capturadas en supuesta posesión de drogas, armas y 400 mil pesos en efectivo, durante un operativo realizado en Janos tras el asesinato de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Zona Noroeste, Alejandro Domínguez Cabriales y Gil Manuel Malo Solano, ocurrido el 15 de abril.

En esa ocasión, el juez de Control, Marco Antonio Palma Meléndez, adscrito al Distrito Galeana, hizo un llamado a la autoridad investigadora de hacer “las cosas bien y de manera legal”, al considerar que los policías mintieron o de plano llenaron de manera incorrecta el reporte de detención. 

En septiembre, uno de los tres detenidos el domingo 25 por la noche –que tenían en su poder 34 mil pastillas de fentanilo–, fue puesto en libertad tras ser presentado ante un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, no por la ilegalidad de la detención, sino porque se declaró incompetente para conocer del caso al tratarse de un delito del fuero federal. Los otros dos detenidos fueron liberados previamente porque la Fiscalía no encontró elementos para acusarlos por la posesión de drogas. El caso fue retomado por la Fiscalía General de la República (FGR) que logró la vinculación a proceso.

Casos similares también se han presentado en juzgados federales, como el del pasado 27 de agosto, en el que el juez de Control de Distrito, Javier Antonio Mena Quintana, liberó a los seis detenidos por agentes de la Policía Municipal el 21 de agosto con más de 206 kilos de mariguana. 

En esa ocasión, el juez concluyó que los municipales llevaron a cabo las detenciones de forma ilegal y no de la manera como narraron en la consignación respectiva a la Fiscalía General de la República.