Diario
Chihuahua.- "La operación de los llamados “Didi Bus” es una competencia ruinosa, desleal y fuera de la ley por lo que pediremos al gobierno el retiro inmediato de dichas unidades debido al cúmulo de irregularidades con el que operan", señaló Francisco Salcido, líder de la CATEM.
Dijo que las camionetas de la citada plataforma trabajan con entera libertad y sin regulación alguna, debido a que no cuentan con un permiso, no son sometidas a revisiones físico-mecánicas, exámenes toxicológicos de los choferes y ni siquiera se sabe si estos tienen licencia o no.
“Es un servicio público que no tiene permiso, no hay revisión físico mecánica y por el número de pasajeros que llevan, que es hasta de 16 personas, con costos que van desde los 11 hasta los 16 pesos, cuando no tienen una tarifa establecida como nosotros. Considero que estas unidades deben ser retiradas de inmediato por el área de transporte”.
Y es que la citada plataforma tiene tan solo en el Periférico de la Juventud, desde la Sosa Vera hasta Plaza Cumbres, por lo menos 14 puntos fijos (paradas) para subir pasajeros, además de que utilizan placas federales que son para turismo.
“Ya tienen puntos fijos para subir a los usuarios. En sus publicaciones señalan que la solicites vía la plataforma, pero te dicen dónde son las paradas y la ley les prohíbe eso. Están trabajando con placas federales que son para turismo, no para transporte. No hay registro de choferes, las camionetas se ven muy bonitas por fuera, pero no hay revisión de frenos, trasmisión, suspensión como a los camiones. Es una competencia fuera la ley la que hace este tipo de vehículos al prestar el servicio, es diferente cuando lo hacen en un carro normal, se les llama por la plataforma y acuden. Acá no, ya hasta paradas tienen. Dicen que se solicite el servicio por Didi, pero “estos son los puntos que tenemos, dinos dónde vas a abordar. Iniciaron recorriendo el periférico, pero ahora cobran 20 pesos de la Tecnológico a la salida a Cuauhtémoc, que es el símil de una ruta Circunvalación que cobra 9 pesos”.
Salcido agregó que es urgente contar con una autoridad en la oficina de transporte que ponga orden en este y otros temas, incluida la corrupción que persiste a pesar de los múltiples señalamientos.
“A estas camionetas les vale madre la pandemia, no hay quien los revise, llegan muy cómodos y nosotros no podemos tener una ruta como la tienen ellos porque la ley dice que si cambiamos la ruta nos retira el camión e incluso puede retirar la concesión. Nos tienen amarrados. Y estas gentes se metieron porque vieron esa área de oportunidad y porque además no hay regulación. Es parte de la corrupción de transporte que tanto hemos insistido en que tenemos que terminar con ella para poder evitar todo este tipo de acciones, porque al final de cuentas es el usuario el que está en riesgo”, puntualizó.
Salcido hizo énfasis en que la urgencia del gremio radica en la necesidad del diálogo, autorización de nuevas rutas, mejora de tarifas y el establecer cuántas unidades hay que cambiar. Esto último, dijo, no es algo que se pueda dar de un día para otro.
“Vamos contra ese transporte. La urgencia de nosotros es sentarnos a dialogar, que nos autoricen nuevas rutas, mejorar tarifas, ver cuántos camiones hay que cambiar. Se requiere por lo menos un año para cambiar las unidades, las empresas se tardan por lo menos de 6 a 8 meses en entregarlos porque no están disponibles”.
Agregó que durante el quinquenio corralista solo se perdió el tiempo lo que incidió en la calidad del transporte.
“No podemos culpar a Maru de los 5 años deficientes de gobierno de Javier Corral. Fueron 5 años perdidos en los que pudimos haber hecho mucho, pero Corral nunca quiso ayudar y el transporte se fue cayendo. Corral dejó caer al transporte a niveles nunca antes vistos en Chihuahua. Hay rutas agotadas porque no hay pasaje, pero no podemos cambiarlas. En cambio, estas plataformas no tienen regulación de rutas, toman unas que son muy redituables porque saben que en todo el periférico está lleno de trabajadores que no tienen auto y usan el transporte público, que tras la pandemia solo están trabajando el 50 por ciento de las unidades por todas las medidas que se han tomado, solo 5 pasajeros de pie y si eso pasa ya no puedes recoger a nadie más”, apuntó.
Fue enfático al señalar que la gente puede y debe trabajar siempre y cuando lo hagan bajo la regulación correspondiente y no, como ocurre con una plataforma cuyos recursos generados se van a otro país.
“Nos queda claro que toda la gente puede y debe trabajar, pero debe ser regulada. No estamos en un estado autocrático para que cada quien venga y haga lo que le dé la gana. Una plataforma que va a llevarse los recursos a otro país, que es objeto de quejas por las bajas comisiones que da a sus choferes, que es insegura, que no cumple los requisitos legales y que venga y se metan y no suceda nada.
Eso no puede estar bien. En cambio, a los transportistas nos aplican infracciones de 9 y 10 mil pesos porque se le ocurre al inspector infraccionarnos, andan detrás de nosotros tremendamente no tanto por la infracción sino por sacar un cinco. Esperamos que con la llegada del nuevo director se puede hacer un análisis, el estado tomar acciones en contra de estos vehículos que, con la ley en la mano, es obvio que son ilegales. Es un transporte masivo el que están prestando porque no son 2 o 3 las personas que llevan sino hasta 20 y sin cumplir con todos los requisitos y las tarifas hasta el doble o más de la autorizados, finalizó.