Piden líderes locales regreso de testigo

Varios funcionarios electos de esta comunidad presentaron una solicitud formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pidiendo el regreso inmediato a Estados Unidos de una testigo sobreviviente de la masacre ocurrida en Walmart de El Paso en agosto del 2019. 

En la misiva enviada los oficiales electos indican que la petición para su retorno se basa en una concesión de libertad condicional humanitaria, lo que le permitirá regresar a este país legalmente para esperar el comienzo y la conclusión del juicio.

“El tiroteo del 3 de agosto fue un evento increíblemente traumático para todo El Paso. Es de esperar que el enjuiciamiento del atacante de Walmart traiga cierto nivel de cierre y consuelo no sólo a las víctimas directas del ataque, sino también a nuestra comunidad en general”, dijo Iliana Holguín, comisionada del Precinto 3 del Condado de El Paso.

Los funcionarios de ICE identificaron a la testigo como Rosa Enit Bustillos-Maldonado, de 27 años, quien es una ciudadana mexicana y fue deportada a Ciudad Juárez a finales de enero pasado.

“El testimonio de Rosa puede potencialmente ayudar a la Oficina del Fiscal de Distrito a obtener justicia para nuestra comunidad y, como resultado, estamos respetuosamente solicitando que se le permita regresar a los Estados Unidos de conformidad con una concesión de libertad condicional humanitaria”, añadió.

La comisionada agregó que, la concesión de libertad condicional le permitiría permanecer en los Estados Unidos mientras nuestra comunidad espera el comienzo y la conclusión del juicio del tirador, Patrick Crusius.

“También le dará la oportunidad de permanecer con su familia mientras espera una decisión de USCIS con respecto a su solicitud de una Visa U basada en su cooperación con las autoridades”, finalizó.

Los otros funcionarios electos de El Paso que firmaron la carta al DHS solicitando que se le permita a Rosa regresar a Estados Unidos son David Stout, comisionado del Condado de El Paso para el Precinto 2; Peter Svarzbein, representante de la Ciudad de El Paso del Distrito 1; Alexandra Annello del Distrito 2, Cassandra Hernández del Distrito 3, César J. Blanco, senador estatal de Texas del Distrito 29, y los representantes estatales Art Fierro, del Distrito 79; Lina Ortega, del Distrito 77, y el presidente de la Cámara Pro Tempore Joe Moody, del Distrito 78.

El ataque en la tienda Walmart de Cielo Vista ocurrido el 3 de agosto del 2019 dejó a 23 personas sin vida y a 23 heridas. 

Hasta ahora, y a poco más de un año de dicha tragedia, el sospechoso, identificado como Patrick Crusius, permanece detenido en la Cárcel del Condado de El Paso en espera de juicio por cargos federales y estatales. Si es encontrado culpable, Crusius pudiera recibir la pena de muerte.

La deportación de Bustillos-Maldonado, impide que ella testifique en su contra. 

Bustillos fue deportada a México el pasado 29 de enero por elementos de la agencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de una infracción vial.

Tras ser regresada a México, la testigo pidió clemencia a las autoridades para que la dejen regresar a Estados Unidos.

“Quisiera que ellos (ICE) pudieran tener un poquito de compasión y dejarme regresar... quiero que tengan compasión de mí”, dijo con voz entrecortada, y con la esperanza de que el fallo de su caso, llevado por abogados de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados (DMRS), le permita retornar.

Rosa, quien fue traída por su padre a este país a los 13 años, en busca de protección y mejoramiento de su calidad de vida, consideró que la actuación de las autoridades fue injusta. “No entiendo por qué actúan de esa manera contra personas que sólo quieren salir adelante y ayudar a los demás”. 

Tras los sangrientos hechos ocurridos en el supermercado, ella se presentó ante la Policía de El Paso y funcionarios del FBI para dar una declaración de lo que vio en ese fatídico día, manifestaron los abogados de DMRS. 

De acuerdo a las autoridades, la información que aportó fue suficiente para que la Oficina del Fiscal del Distrito emitiera una certificación de que ella ha sido útil en la investigación, sin embargo a pesar de haber contado esto a funcionarios de ICE tomaron la decisión de deportarla basándose en una orden de deportación de hace años.

“El oficial que me detuvo se portó amable pero su superior le ordenó que no tenía derecho a pagar la infracción y que debía ser encarcelada para que fuera entregada a las autoridades migratorias”, comentó.

Expresó que alguna vez pensó que era mejor quedarse en las sombras y dejar que pasara todo, al referirse a la participación activa que tuvo con las agencias policiacas en su testimonio de la actuación del criminal que protagonizó el tiroteo en el supermercado.

Recordó que ese día acudió junto con su hermana y sobrinos a esa tienda para comprar una bolsa de camarones, pero justo a su arribo vio de frente al agresor que seleccionaba a sus víctimas mexicanas para asesinarlas.

Rememoró que fue tal el susto que su hermana quedó en ‘shock’ pero al reaccionar se retiraron del lugar y al llegar a casa y ver las noticias decidió temerosa atender el llamado de la Policía para que aportaran evidencias.

“No queríamos  hablar y pensábamos quedarnos en la sombra para estar bien... pero cuando vimos, la necesidad nos llevó a hablar a pesar del riesgo que corríamos”, comentó Rosa, quien ahora vive en algún lugar de su ciudad natal, Juárez, con su madre.

A dos días de haber sido deportada, dijo que aún retumbaban en su mente las palabras del agente Talamantes, quien cortante no le dio oportunidad de comunicarse con sus abogados. “Es una decisión definitiva”, le dijo el oficial para luego trasladarla a uno de los puentes internacionales para su destierro del país.

“Esta decisión equivale a una revictimización de esta joven, que sólo se presentó para ayudar a construir el caso contra el tirador en el ataque racista”, dijo Anna Hey, directora adjunta de los Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, y supervisora de la Unidad de Sobrevivientes del Crimen.

La mujer, quien no tiene antecedentes más que las dos citaciones por delitos menores de tráfico, fue fichada en la Cárcel del Condado de El Paso y transferida a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el cual deportó a Rosa a Juárez la mañana del viernes 29 de enero.

A su regreso a Ciudad Juárez, el llegar a casa de su mamá le hizo recordar parte de su niñez amarga al sufrir maltrato. “Todo vuelve a mi mente”, dijo consternada y angustiada por la falta de sus medicamentos y terapias que recibe por la depresión que la ha orilladlo a intentos de suicidio.

“Me siento mal, triste y deprimida. Hay gente mala que a pesar de mi caso me ataca al cuestionar mi situación migratoria y discute que no soy sobreviviente y sólo fui espectadora del crimen”, dijo tras denunciar los pensamientos racistas.

Externó que las vivencias de ese día “son eventos que jamás vas a sacar de tu mente durante toda tu vida. El haber visto a ese hombre disparando te genera pesadillas y el soñar a ese hombre que dejaba pasar a los blancos y cazaba a los mexicanos”, añadió al recordar cómo le disparó a la primera víctima y siguió con otros antes de ingresar.

Mientras su caso es peleado por los abogados, ahora Rosa sueña en regresar para seguir sus estudios en el área de Negocios, disfrutar su casa, pasear en su carro, reunirse con su hermana y seguir una vida normal.