Mantienen bloqueo a ley texana contra migrantes

En una decisión de última hora del martes por la noche, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos extendió un bloqueo temporal al Proyecto de Ley Senatorial 4 (SB4), la amplia y controvertida ley de inmigración de Texas que permitiría a los agentes estatales y locales arrestar, detener y deportar a personas sospechosas de haber ingresado a Estados Unidos por Texas desde México sin autorización legal.

Manteniendo el ‘status quo’ después de un vaivén de opiniones judiciales la semana pasada, el tribunal de apelaciones con sede en Nueva Orleans impedirá que la SB4 entre en vigor antes de una audiencia el 3 de abril sobre la legalidad de la ley. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a Texas por la SB4, argumentando que la política de inmigración a nivel estatal es inconstitucional ya que traspasa la autoridad del gobierno federal.

En la decisión del martes por la noche, el tribunal analizó una serie de cuestiones que debe enfrentar al decidir si la ley es constitucional.

Se incluyó en el análisis la posición del gobierno federal para impedir que la SB4 entre en vigor, posiciones contradictorias estatales y federales sobre la concesión de asilo, y preocupaciones de que las personas expulsadas en virtud de la ley se verían obligadas a trasladarse a México independientemente de su país de origen.

Se permitió que la SB4 entrara en vigor durante varias horas la semana pasada, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara su suspensión de la ley, permitiendo que un fallo anterior de un panel de tres jueces de la corte de apelaciones entrara en vigor y despejando el camino para la SB4.

Más tarde, ese mismo día, el Quinto Circuito revocó su fallo anterior, dejando nuevamente en suspenso la ley de inmigración de Texas.

“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”, escribió el panel de la corte de apelaciones en su decisión de 2 a 1 para mantener la ley en espera. “A pesar de este axioma fundamental, la SB4 crea delitos penales estatales distintos y separados y procedimientos relacionados con respecto a la entrada no autorizada de no ciudadanos a Texas desde fuera del país y su expulsión”.

Al fallar el martes a favor de mantener la suspensión, la jueza principal Priscilla Richman y la jueza Irma Carrillo Ramírez escribieron que “no hay base en el precedente” para impedir que el Departamento de Justicia intente prohibir la ley y que las disposiciones contradictorias y repetitivas contenidas en La SB4 avanza sobre los procesos federales de inmigración existentes y descuida el precedente establecido por la Corte Suprema.

De gran preocupación para los jueces fue el proceso de deportación de Texas bajo la SB4, ya que su mecanismo de deportación está basado en un procedimiento penal, un proceso que es un asunto civil según la ley federal.

La ley de Texas, escribió el tribunal, no permite el mismo proceso, lo que significa que una persona que no sea ciudadana estadounidense podría ser expulsada antes de que concluya el proceso de asilo. Además, esas deportaciones exigirían que cualquier expulsión fuera a México en un proceso en el que “Estados Unidos no tendría voz en el asunto”.

“Según la ley federal, un no ciudadano que no ingresa por un puerto de llegada designado puede, no obstante, solicitar asilo”, escribieron los jueces. “Una solicitud de asilo puede presentarse antes, durante o después de la conclusión del proceso bajo la ley federal por entrada ilegal”.

Además, la opinión mayoritaria dijo que las disposiciones de la SB4 penalizan conductas que ya están prohibidas por la ley federal y que opiniones anteriores de la Corte Suprema derivadas de un caso de inmigración de 2012 basado en una ley de Arizona indican que Texas no logrará demostrar por qué su ley debería ser se permitirá que entre en vigor a medida que continúen las deliberaciones.

“Es evidente que las leyes de entrada y expulsión de Texas también perjudican significativamente el ejercicio de la discreción por parte de los funcionarios federales de inmigración”, escribieron los jueces.

En un escrito ‘amicus curiae’ presentado la semana pasada, el Gobierno Federal de México arremetió contra la SB4 y dijo al anunciar su escrito que la ley de Texas crea “una atmósfera de incertidumbre, miedo y vulnerabilidad” al mismo tiempo que denigra su relación bilateral con Estados Unidos y somete a los mexicanos a la criminalización. por “parecer latino”.

La Legislatura aprobó la SB4 en noviembre para codificar una serie de sanciones para cualquier persona sospechosa de cruzar a Texas desde México por otro medio que no sea a través de un puerto de entrada internacional. Las penas van desde un delito menor de Clase B hasta un delito grave de segundo grado. La ley permite a la policía estatal arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y obligarlos a aceptar una orden de deportación de un juez o enfrentar sanciones penales más severas por incumplimiento.

La SB4, que el gobernador Greg Abbott promulgó en diciembre, estaba programada para entrar en vigor el 5 de marzo, pero su implementación se retrasó después de que el Departamento de Justicia y grupos de derechos civiles demandaron a Texas.

Al asegurar una suspensión inicial de la SB4 en un tribunal federal de Austin en febrero, los fiscales federales han seguido argumentando que la ley está fuera de los límites de la autoridad estatal y busca usurpar el poder federal, una posición que ahora se ha presentado ante de la Corte Suprema.

En vigor durante 9 horas

El 19 de marzo, se permitió que la SB4 entrara en vigor durante unas nueve horas después de que la Corte Suprema dictaminara desestimar su suspensión anterior de la ley, la cual fue emitida por primera vez por el tribunal superior el 4 de marzo, permitiendo que un fallo anterior del Quinto Circuito haciendo que la ley de Texas entrara en vigor mientras considera su constitucionalidad.

Alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día, el Quinto Circuito revocó su orden anterior y nuevamente bloqueó temporalmente la ley, programando una audiencia de emergencia para la mañana siguiente.

Durante esa audiencia del 20 de marzo, el gobierno federal continuó pintando la ley como totalmente inconstitucional, mientras que los abogados de Texas la defendieron a pesar de carecer de respuestas concretas sobre cómo se implementarían las disposiciones estatales y cumplirían con los estándares federales.

En una declaración conjunta el miércoles por la mañana, los grupos involucrados en el caso, incluidos la ACLU, la ACLU de Texas, el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, American Gateways, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas y el Condado de El Paso, celebraron la decisión del Quinto Circuito de detener que “una ley cruel, dañina y descaradamente ilegal” entre en vigor mientras los tribunales sopesan su constitucionalidad.

“Apreciamos la decisión de impedir que esta ley antiinmigrante inconstitucional y extrema entre en vigor. La SB4 amenaza nuestros derechos civiles y humanos más básicos como ciudadanos y no ciudadanos por igual”, dijo David Donatti, abogado principal de la ACLU de Texas. “Continuaremos nuestros esfuerzos para evitar que esta odiosa ley dañe a nuestro estado”.

“El tribunal hizo lo correcto al impedir la implementación de la SB4”, dijo la fiscal del condado de El Paso, Jo Anne Bernal. “Continuaremos buscando una decisión judicial que prohíba permanentemente esta ley que ya ha causado tanto miedo y división en nuestra comunidad”.

Sin embargo, al disentir de la decisión 2–1 del panel del Quinto Circuito, el juez Andrew Oldham dijo que habría permitido que la SB4 entrara en vigor, argumentando que no todos los elementos de la política de inmigración de Texas son inconstitucionales y que es poco probable que los abogados federales logren éxito en su argumento.

Oldham dijo que el argumento para bloquear la SB4 “se basa en hipótesis” y que a los legisladores y jueces de Texas se les debería permitir “retener al menos parte de su soberanía” al abordar lo que se ha comparado con una invasión activa del estado.

“La decisión de hoy significa que probablemente nunca sabremos cómo los tribunales estatales de Texas y sus agentes estatales habrían implementado la SB4”, escribió Oldham.

Dado que la corte de apelaciones espera escuchar más argumentos sobre el caso el 3 de abril, una decisión final sobre si la SB4 es constitucional posiblemente se producirá después de cualquier apelación ante la Corte Suprema, que ya ha expresado su interés en la disputa sobre la ley de inmigración.

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