Le convino a Biden usar el Covid para frenar migrantes

Washington— En los primeros días de la pandemia, mientras el coronavirus era la causa del cierre de escuelas y empresas, y los gobiernos imponían restricciones a los viajes, el gobierno de Donald Trump recurrió a una oscura ley de salud pública para sellar la frontera Sur a los migrantes. 

En apariencia, la lógica fue que la restricción era necesaria como una manera de controlar la pandemia.

Sin embargo, casi tres años después, tanto el gobierno de Trump como el del presidente Joe Biden han recurrido a ella como una herramienta para limitar la cifra récord de inmigrantes que cruzan al país, los cuales a menudo huyen de la persecución y la violencia. 

En esencia, los demócratas y los republicanos han dejado de lado el disfraz de una preocupación por la salud pública y en cambio están utilizando la ley como moneda de negociación para garantizar un acuerdo sobre la seguridad fronteriza y la inmigración.

Rara vez utilizada, la regla, conocida como Título 42, les ha permitido a los agentes fronterizos prohibirles rápidamente la entrada a los inmigrantes que, de otro modo, podrían haber reunido los requisitos para obtener asilo. Ahora, se trata casi en exclusiva como una medida temporal para hacerle frente a una ola de cruces fronterizos que se podría intensificar en los meses por venir.

El juez Neil Gorsuch acusó al Gobierno de usar la ley como pretexto cuando la Corte Suprema le puso un alto al fallo de un juez de instrucción que habría revocado la medida el pasado martes por la noche.

“La actual crisis fronteriza no es una crisis por Covid-19”, comentó Gorsuch respecto a su desacuerdo. “Y los tribunales no deben estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque los funcionarios electos no han podido hacerle frente a una emergencia distinta”.

Aunque la regla se está debatiendo como una herramienta que pueda disuadir la migración, la autoridad para determinar si se mantiene vigente o no el Título 42, el cual es parte de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944, recae en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

El gobierno de Biden, el cual anunció por primera vez que iba a revocar la regla la primavera pasada antes de que lo obstaculizaran los litigios de estados gobernados por republicanos, señaló que las decisiones sobre si se debe extender o abandonar la regla recaen exclusivamente en las autoridades de Salud Pública.

Funcionarios de ambos gobiernos han argumentado en repetidas ocasiones que la política no era de inmigración, sino una medida de salud pública. No obstante, desde que el gobierno de Trump le dio uso a la regla por primera vez, algunos funcionarios de los CDC han cuestionado la eficacia de la restricción fronteriza como herramienta de salud pública.

Kyle McGowan, el jefe de personal de los CDC durante el mandato del ex presidente Donald Trump, comentó que en las semanas previas a la implementación del Título 42, en marzo de 2020, la política “se debatió acaloradamente y nos opusimos”. 

Martin Cetron, el director de la División de Migración Global y Cuarentena de la agencia, después le dijo a un comité de la Cámara de Representantes que la política “no provino de los expertos en la materia de los CDC” y “nos fue entregada”. Cetron agregó que Stephen Miller, el principal arquitecto de las políticas antiinmigración de Trump, estuvo involucrado en la implementación de la regla.

De hecho, Miller intentó utilizar en múltiples ocasiones el Título 42 incluso antes de la pandemia, durante unos brotes de paperas en los centros de detención de seis estados y de nuevo cuando los puestos fronterizos recibieron el impacto de la influenza. En la mayoría de los casos, los secretarios y los abogados del Gabinete lo disuadieron.

La idea de que los inmigrantes traen infecciones al país hace eco de una noción racista con una larga historia en Estados Unidos que asocia a las minorías con las enfermedades.

“Ya no se trata de la pandemia”, dijo McGowan. “Así se ven más de 20 años de inacción del Congreso para abordar la inmigración”.

Sobre el terreno la regla no ha disuadido la migración ilegal. Desde su implementación, la política se ha utilizado para expulsar migrantes –entre ellos muchos solicitantes de asilo– unas 2.5 millones de veces. 

Sin embargo, se les sigue permitiendo la entrada a muchos inmigrantes: el gobierno de Biden les hizo lugar a varias exenciones humanitarias para los migrantes vulnerables. Los migrantes de ciertos países tampoco pueden ser repatriados debido a tensas relaciones diplomáticas y, en algunas ocasiones, los agentes fronterizos no han podido regresar a los migrantes a México debido a las restricciones que existen en ese país para darles refugio.

El Título 42 también ha tenido el efecto no deseado de dar a los inmigrantes más oportunidades de cruzar la frontera de manera ilegal, pues muchos intentan cruzarla de nuevo tras ser expulsados. Funcionarios de Seguridad Nacional han calculado que el 30 por ciento de los cruces ilegales durante la pandemia fueron de infractores reincidentes.

Las expulsiones a causa del Título 42 representan tan sólo la mitad de las veces que se han detenido cruces ilegales en el último año fiscal, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). No obstante, los agentes fronterizos han tenido que detener y procesar a cientos de miles de migrantes que no podían ser rechazados mediante el uso del Título 42, lo cual ha desbordado tanto a los agentes fronterizos como a las comunidades fronterizas con recursos limitados para ayudar a los migrantes.

Los demócratas han utilizado el Título 42 como escudo cuando los han acusado de débiles en materia de seguridad fronteriza y la posible supresión de la regla les ha dado una oportunidad a los republicanos para atacar a la Casa Blanca de Biden. En los meses previos a las reñidas elecciones de medio mandato, algunos demócratas se han vuelto más francos respecto el tema.

“Necesitamos garantías de que tenemos seguridad en la frontera y de que protegemos a las comunidades de este lado de la frontera”, mencionó el senador Raphael Warnock, demócrata de Georgia, antes de su campaña de reelección, cuando se le preguntó sobre la revocación de la regla. 

Antes de que la senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada, ganara otro período el mes pasado, también criticó la revocación del Título 42, al argumentar que “dejaría al Gobierno desprevenido para una ola en la frontera”.

En junio de 2020, Cortez Masto había firmado una carta junto con otros senadores demócratas en la que se acusaba al gobierno de Trump de usar el Título 42 “para impulsar una agenda en curso que busca excluir a los solicitantes de asilo, lo cual implica una violación a las palabras y las intenciones expresas del Congreso”. Esto se produjo después de una carta que criticaba al Título 42, la cual firmaron ese abril los demócratas del Comité Judicial del Senado, dentro del cual se encontraba Kamala Harris en ese momento.

Otros legisladores han intentado aprovechar la regla de salud pública para llegar a un acuerdo sobre la reforma migratoria. La senadora Kyrsten Sinema, de Arizona, quien a principios de este mes abandonó el Partido Demócrata para volverse independiente, y el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, negociaron un marco migratorio que habría ampliado el Título 42, además de proporcionar una vía a la ciudadanía para unos 2 millones de personas que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. El acuerdo no obtuvo el apoyo necesario en el Congreso.

Cuando se le preguntó si en algún momento de la época de la pandemia el Título 42 en verdad fue una herramienta para frenar los brotes y no una herramienta de inmigración, Tillis respondió que con la política era “el siguiente paso lógico” después de que en 2020 se impusieron otras restricciones para frenar el Covid-19.

“Están en un punto en el que no creo que los tribunales vayan a mantenerla en vigor durante mucho tiempo”, opinó Tillis. “Y por eso, después de hablar con la Patrulla Fronteriza, pensamos que creen que es un arma muy útil para reducir el flujo”.