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Ciudad de México– La prórroga de un mes para que las empresas cumplan con la reforma de outsourcing sigue siendo insuficiente.
Expertos advierten además que constituye un trato discriminatorio frente al plazo otorgado a las instancias gubernamentales para la eliminación de esta forma de contratación.
El pasado 31 de julio entró en vigor una disposición aprobada por el Congreso, en la cual se amplían un mes los plazos otorgados para cumplir con la reforma en materia de subcontratación, que se publicó el 23 de abril pasado.
Con ello, las empresas de servicios especializados tendrán más tiempo para darse de alta en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) y para concretar su reestructuración interna para poder reconocer a los trabajadores que se encuentran subcontratados.
Eric Roel, abogado laboral del despacho César Roel Abogados, aseguró que esta prórroga representa un reto para las autoridades por la cantidad de empresas que querrán sumarse al Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de último momento.
“Creo que es muy corto el tiempo que se ha dado para la implementación de la reforma y es inequitativo cuando a las instancias de Gobierno les están dando un año para que la reforma aplique” (Hasta enero del 2022).
Diego García, miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del trabajo, señaló que extender el plazo era necesario si se considera que la página del Repse presentó fallas desde el primer día de operación y ni siquiera un universo de 30 por ciento de empresas subcontratistas había logrado obtener su registro antes del 24 de julio.