Le hace el secretario al Pilatos

-Le hace el secretario al Pilatos

-Se le cruzan los cables al doc Ponce

-Inicia fiscal Anticorrupción deslinde de Corral

-Apuro de Educación por volver a clases

En el Presupuesto de Egresos del 2021 el Gobierno del Estado presionó a los organismos descentralizados de mil formas para obligarlos a pagar un supuesto adeudo con Pensiones Civiles, que hasta el momento no ha sido aclarado de manera fehaciente.

Incluso se pensó en cobrarles a la moda “china”, con una autorización para que Hacienda retuviera los recursos presupuestados para ellos, y que al final fue matizado mediante acuerdos en corto entre los organismos y la administración estatal.

La Secretaría de Hacienda está prorrogando hasta diciembre un pago por casi 500 millones de pesos para Pensiones Civiles del Estado, sin ninguna justificación más que el estado financiero desastroso en que se encuentra.

El dato pasó desapercibido en la comparecencia de Arturo Fuentes Vélez, el secretario de Hacienda, ante el Congreso del Estado. Nadie reparó en ello, cuando es gravísimo. Se está lavando las manos, echando a la próxima administración la responsabilidad del pago.

Mientras exige a otros organismos cumplir a pie juntillas con el adeudo en pensiones, con la menor preocupación, inexistente realmente, patea la deuda.

No es una cantidad menor.

Por supuesto que el asunto causó malestar en los titulares de los organismos descentralizados, que han sido perseguidos como si fueran delincuentes, con una cuenta mentirosona, en particular por el concepto de diferencial médico, verdadero robo en despoblado, que carece de cualquier base jurídica y contable.

Es un cobro prorrateado a todos los organismos como una cuota fija, que no está ligada a la prestación de los servicios médicos, y que por tanto es un abuso por parte de Alberto “Tito” Herrera, el director de Pensiones.

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Lueguito se notó ayer la diferencia entre el titular alcalde, Armando Cabada, y su relevo, quizá temporal en la Presidencia Municipal, el doctor Carlos Ponce Torres. Sin duda se requiere algo de sangre fría para conducir sin sobresaltos una sesión de Cabildo, además del propio conocimiento de los respectivos protocolos.

Por suerte para el doctor fue un asunto sin mayor importancia. Abrió la discusión nuevamente un asunto sobre la permuta de un terreno cuando el proceso indicaba que era momento ya de la votación.

Se le cruzaron los cables por completo porque inclusive pidió a la directora de Desarrollo Urbano que desglosara el mismo tema que ya había explicado para los mismos efectos la síndica, Lety Ortega.

Sin duda traicionaron los nervios al buen doc porque conocimiento del Cabildo tiene bastante. Ya son algunitos años de regidor.

Imaginemos cuando entremos de lleno a las campañas electorales y las discusiones sean encendidas.

Cabada solicitó licencia la noche del jueves para buscar una diputación federal por Morena y quizá ya no vuelva, así que el doc está obligado a ponerse las pilas de esas que duran y duran.

Viene una carga impresionante de trabajo no solo relacionada con las siempre polémicas campañas electorales, sino la entrega-recepción, esa etapa fundamental donde deberá ser entregada todita la documentación de los tres años de administración al ganador de la elección del primer domingo de junio.

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El excoordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Jesús Antonio Pinedo, se hizo específicamente de delito al final del día. No acudió a la cita que tenía ayer ante un juez de Control en la ciudad de Chihuahua para responder por la acusación de uso ilegal de atribuciones y facultades en la causa penal número 2460 /2020. En resumidas palabras se lo conoce popularmente a esto como corrupción.

Pinedo goza –o gozaba- de un amparo concedido por un juez de Distrito bajo la condición de que se presentara a la audiencia de ayer.

El juez del fuero común debe notificar a su similar federal sobre el incumplimiento. De ahí podrá reactivarse automáticamente la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público correspondiente.

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La fiscal Anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez, tiene autonomía al menos teórica y un cargo que según la ley es de siete años, por lo que terminará su ejercicio en 2026, si se cumplen las reformas que le dieron origen a tan cuestionada dependencia.

Tal vez por eso ha decidido comenzar a cortar los hilos con los que la mantenía sujetada el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, quien en papel de agente del Ministerio Público pretendía armarle procesos a Chávez Durán para que ella cargara los muertitos.

Desde la semana pasada la funcionaria empezó a despegarse de las que iniciaron como meras recomendaciones y luego escalaron a instrucciones del Palacio de Gobierno. Ahora sólo simula estar de lado de Palacio, es la versión que corre entre el gremio de los litigantes.

La supuesta autonomía se hizo trizas desde mediados del año pasado, cuando Chávez recibió la encomienda de construir un caso contra la alcaldesa de Chihuahua, hoy con licencia, Maru Campos Galván. Todos los detalles los aportó Palacio sin el mínimo cuidado.

Pasados los meses el caso supuestamente se fortaleció. Se configuró desde esa instancia el delito de cohecho basado en meras testimoniales sin valor probatorio, porque todo el entramado se ejecutó desde la Secretaría de Gobierno.

Ahora el caso se ha desvanecido, así lo ha hecho saber la fiscal Anticorrupción a quienes la han buscado por parte del PAN, cuyos liderazgos reales y formales están preocupados por la persecución de Corral hacia la candidata, que también es abanderada del PRD.

Aunque les ha comunicado que la indagatoria debe seguir hasta judicializarse -dado que en su momento no se decretó el no ejercicio de la acción penal- prácticamente no hay interés ni de la fiscal ni de sus agentes del MP en continuar un camino que llevará a la nada.

Sea por instinto de sobrevivencia de la titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, sea por complejos problemas jurídicos, la realidad es que ya no hay caso.

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El que anda desesperado por volver a clases es el secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, pues todavía no hay autorización del sector salud ni para algo mínimo, menos se ve el verde cercano, lo que mantiene con un gran rezago la labor educativa.

El secretario ha buscado acelerar la operación, cuando menos, de Centros de Asesoría y Seguimiento Académico (CASA), ante la penosa realidad que trajo la pandemia: cerca de 15 mil alumnos están a la deriva, unos cuantos a veces pueden conectarse a las plataformas virtuales y otros de plano desaparecieron.

La situación pega tanto en las localidades más apartadas de la entidad, como en los cinturones de miseria de los grandes centros urbanos. O sea que vivir en las ciudades que tienen todo no es garantía para los niños más pobres.

Todos esos estudiantes de primaria y secundaria están siendo condenados a rezagarse de por vida en su formación. Eso se suma a la deficiencia no cuantificada que representa la ausencia de clases presenciales, indispensables para la correcta socialización de los alumnos.

Pero ni por esa emergencia educativa ligada a la crisis sanitaria y económica, las áreas de salud han tomado en cuenta el problema.

Resulta increíble que se hayan abierto bares, cantinas, antros en general en aras de la recuperación económica, lo que indudablemente es necesario, pero a los centros escolares se les haya dejado de lado en la reactivación.

De ahí la desesperación en el sector educativo, que ha planteado alternativas diversas de reactivación, pero se han ignorado.