Inclusive la muerte de un poeta no los tibia

• Inclusive la muerte de un poeta no los tibia

• Castigos al norte y premios al sur con el gasto

• Afilan los dientes por la Ley de Amnistía

• Cabada aprovecha a expriistas renegados

Una respuesta hueca fue la del Gobierno del Estado al reclamo de la comunidad intelectual por el crimen impune del poeta Enrique Servín Herrera, asesinado hace ya dos meses de Chihuahua.

Como tantos otros casos el homicidio se ha dejado en la impunidad, lo que motivó la carta pública de familiares, artistas, escritores, creadores en general, dirigida al gobernador Javier Corral.

“Como jefe del Ejecutivo Estatal, Javier Corral se comprometió a que la Fiscalía General del Estado realizaría una investigación rigurosa para resolver el crimen. Le recordamos que tras 50 días del homicidio, no han habido avances en la investigación del asesinato de uno de los escritores más destacados que ha dado Chihuahua”, fue el reclamo de decenas de deudos del poeta. “Lamentamos que el asesinato de Enrique Servín, sea parte de las cifras de la impunidad que impera en más de 85 por ciento de los crímenes cometidos en la entidad”.

Con la exigencia de que se transparente la investigación y la condena por la situación de inseguridad que priva en la entidad cerró la carta signada por un centenar de personajes reconocidos no sólo en el estado.

Fue hasta que la publicó El Diario en sus páginas, el pasado sábado, cuando la autoridad estatal respondió con un comunicado en el que realmente nada informa.

Según la respuesta, “se mantiene el firme compromiso para lograr el esclarecimiento del homicidio” y “al igual que los firmantes de la carta abierta, el Gobierno del Estado de Chihuahua y su gobernador, Javier Corral, mantienen el sentimiento de dolor por la pérdida irreparable de un gran hombre y respetado chihuahuense”.

Supuestamente el compromiso de esclarecer el crimen sigue vigente, pero “por la naturaleza de secrecía de las investigaciones no se pueden revelar datos que comprometan la integración del expediente”.

La repetición de palabras, frases y lugares comunes que se dicen desde el corralismo en torno a cada hecho de gravedad no es garantía de resolución de las investigaciones. Más bien es lo opuesto, y eso que supuestamente este homicidio emblemático no se vincula de forma alguna al crimen organizado.

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Los casi 2 billones de pesos -de un presupuesto global de 6 billones– que el gobierno federal transferirá a los estados y municipios del país en 2020, representan apenas uno por ciento más que lo entregado vía participaciones y aportaciones en el año actual.

Pero el decremento en términos reales no es novedad, el ajuste a la baja de los presupuestos públicos es generalizado en el país. No había de otra en el llamado gasto federalizado.

Lo que llama la atención en el análisis de los números es la disparidad en la distribución de los recursos, que se marcó aún más el año actual, el primero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De la remarcada diferencia entre el norte y el sur en el trato presupuestal da cuenta un documento que han puesto a circular en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los contras que tiene la administración federal, ésos que los del nuevo régimen llamarían despectivamente “fifís” o conservadores.

Entre los cinco estados que más le aportan ingresos a la Federación están Nuevo León, Baja California y Chihuahua. Ya en un listado más amplio aparecen Sonora, Coahuila y Tamaulipas. Son los más productivos fuera de la grandes zonas metropolitanas del Centro y Bajío del país.

Pese a eso reciben a cambio, según los montos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre 16 y 32 centavos de cada peso que aportan vía la recaudación fiscal.

Chihuahua en concreto contribuye con 187 mil millones de pesos y sólo obtendrá un 29 por ciento de esa cantidad. Esto es, 29 centavos de cada peso.

En contraparte están entidades del sur: Oaxaca, Guerrero y Tabasco, la tierra del presidente, que tendrán transferencias de 12, 15 y 27 veces más. O sea que recibirán 12, 15 y 27 pesos por cada peso que le aportan al gasto federal. Es la mayor disparidad observada desde la existencia del modelo de coordinación fiscal que conocemos.

Aparte de los odios regionalistas que generan el centralismo y el trato diferenciado, el impacto podría desincentivar la recaudación en el norte y no habría dinero para enviar al sur ni moderada ni desproporcionadamente como se plantea ahora.

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Como una opción de negocio fácil es vista la iniciativa de Ley de Amnistía que está por salir del Poder Legislativo. En ciudades donde existen Ceferesos, como Juárez, las mafias de abogados afilan los dientes.

De los más de mil detenidos que existen en el Centro Federal de Readaptación 9, el 90 por ciento de los reos está procesado o purga sentencia por delitos contra la salud en todas sus variantes.

La realidad es que están presos capos de varias partes del país, pues es considerado un penal VIP para el crimen organizado. No hay reos por aborto ni por sedición, tampoco por robo sin violencia, ilícitos que se contemplan en la Ley de Amnistía, igual que los delitos contra la salud “cometidos en condiciones de pobreza extrema o alta vulnerabilidad”, según lo define la propuesta.

Por eso es que el penal ubicado en las afueras de la zona urbana ahora está en la mira de los abogados, que ya estudian los detalles del proceso de amnistía.

Hay dos condiciones cuestionables de la futura norma que podrían aprovechar los juristas sin escrúpulos: la primera es “disfrazar” jurídicamente a los capos de pobres y la segunda es cobrar en exceso por tramitar la liberación de delincuentes considerados menores y que realmente sean pobres.

Los huecos a la norma ya están detectados, más allá de la propaganda política que le han hecho. Unos tratan de presentarla como una medida federal a favor de la impunidad y otros como una decisión acertada de justicia social.

Algunos abogados que litigan derecho penal federal ven en cambio a cuando menos un centenar de reos con el signo de pesos, sólo aquí en Juárez, de los más de 2 mil que estarían en condiciones de salir de los penales de todo el país.

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Tras cuatro o cinco reuniones privadas y algunos desayunos públicos, el alcalde Armando Cabada concretó el llamado Colectivo Ciudadano, junto a figuras que salieron decepcionados de otros partidos, principalmente del tricolor.

La periodista y expriista Beatriz Pagés Llergo fue el gancho nacional que convocó junto con Cabada a más de 300 personas en el salón Verona el sábado pasado al mediodía. La cuota de exseccionales y gente de lo que fue su gabinete la puso expriista Marco Quezada.

El otro alcalde independiente, el parralense Alfredo Lozoya, no acudió por encontrarse fuera del estado, pero mandó mensaje de su adhesión al grupo; aunque la verdad "El Caballo" se ha sumado sin acercarse demasiado para no arriesgarse a salir quemado. De repente no es el cerebro el que aconseja.

El colectivo fue presentado abiertamente como la plataforma electoral alejada del PRI, PAN y Morena para la gubernatura y demás candidaturas que estarán en juego en 2021.

Pero el acuerdo práctico en corto de los protagonistas de la plataforma es definir la candidatura a gobernador según la popularidad de cada uno, mediante encuesta en el segundo semestre del año próximo. En ese aspecto el juarense va en la trompa del tren por obvias razones.

Mantener la cohesión del colectivo a partir de ahora requerirá de algo más que reuniones como la del fin de semana, que se vio saturada de expriistas renegados.

Para eso están los gestores del proyecto del alcalde independiente, que han expandido su presencia en la capital del estado.

El Colectivo Ciudadano también será presentado en Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y otros puntos de la entidad, una vez que se defina la agenda entre lo que queda de este año y los primeros meses del siguiente.