Hay gato encerrado en caso Buenaventura

-Hay gato encerrado en caso Buenaventura

-Salida de Juan Carlos es banderazo para todos

-No cesan anomalías en Migración

-‘El Sistema de Salud ha colapsado...’

En el fallido operativo realizado por agentes de la Policía Estatal en Buenaventura, no sólo quedaron lejos del objetivo los enviados por la Secretaría de Seguridad Pública, sino que en su frustración arremetieron contra los pobladores.

De hecho son alrededor de 10 los agentes retenidos y sujetos a investigación por la muerte de los civiles.

Independientemente de los magros resultados brindados, con cinco “delincuentes muertos”, varios agentes heridos, tres mujeres fueron agredidas por los estatales, sin que tuvieran participación alguna en los hechos.

Las señoras, una de edad avanzada, únicamente salieron preocupadas de sus casas al lugar donde se realizó el operativo que derivó en enfrentamiento.

De forma indebida los elementos estatales mantuvieron retenidas a las mujeres. Ellas salieron a observar lo sucedido, igual que muchas personas incluso entraron en crisis al ver su terruño convertido en zona de guerra, como ocurre en buena parte de la entidad.

Los pobladores y vecinos de las mujeres debieron rogar y enfrentarse a los estatales ante la amenaza de que se las llevarían, hasta que la cordura de un mando policiaco hizo que las liberaran. Luego se retiraron como si nada.

Por ello los pobladores de Buenaventura piden auxilio y exigen que les pongan un alto a los agentes de la Policía Estatal, porque ya se ha vuelto común que en diversos operativos de menor magnitud cometan todo tipo de atropellos contra los vecinos.

Las víctimas de este caso, como en tantas otras ocasiones anteriores, están atemorizadas y por eso no denuncian, pero es fácil de comprobar la fama que tiene la corporación estatal en la región dado que en sus intervenciones los resultados siempre son los mismos, el pánico y la violencia contra los ciudadanos.

Por algo ninguna autoridad ha informado con claridad cómo ocurrieron los hechos. Hay gato encerrado.

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Lo dijo el alto funcionario federal con todas sus palabras. Renunció a su cargo con el propósito de buscar la gubernatura del estado durante la elección del año entrante.

Juan Carlos Loera fue hasta ayer el delegado de los programas federales en Chihuahua o delegado plenipotenciario de la Presidencia de la República en la entidad. Una especie de vicegobernador nombrado por Andrés Manuel López Obrador.

Nunca ha negado que buscará la gubernatura; al contrario, lo ha reiterado siempre pero siempre también bajo mucha especulación de que en el fondo auténticamente tuviera posibilidades de colarse hasta el máximo cargo político del estado.

No goza en estos momentos de las mejores posiciones en las encuestas entre varios de quienes aspiran al mismo cargo pero sí de una fuerte capacidad de maniobra que le permitirán abrirse paso con mayor facilidad ahora.

Además, su equipo está por igual en las bases de su partido, Morena, que en la cúspide. Ha mantenido la confianza de su amigo el presidente López Obrador y varios integrantes del gabinete.

Esa decisión de Loera impactará de pasada en el sistema político estatal. El resto de los precandidatos y sus correspondientes partidos se verán apresurados a definir postulaciones lo más rápido posible aunque su formalización legal sea hasta marzo del año entrante.

Loera meterá toda la velocidad a su proyecto. Igual lo hará su compañero de partido, el senador Cruz Pérez Cuéllar; quizá también lo hagan o definan llegar hasta esta etapa Rafael Espino y Víctor Quintana, aun abajo en las encuestas.

Las dirigencias del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, etc., también quedan emplazadas a tomar decisiones de aquí a diciembre si no desean perder ventaja en la competencia.

De ese tamaño el paso dado por Loera.

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No cesan los conflictos en la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración (INM).

En apenas dos años de la Cuarta Transformación al frente del Gobierno federal han ido y venido jefes en esa delicada área pero las cosas nomás no cambian. Constantemente son denunciados casos de abusos y corrupción.

Esta frontera es una de las que mayor problemática enfrentan en materia de migración ilegal de centro, Sudamérica y otros países hacia los Estados Unidos.

Son, por lo tanto, muchísimas las necesidades pero también grande la tentación por el factor crimen organizado involucrado en la trata de personas.

El subrepresentante federal, José Luis Contreras Cruz, ha señalado a sus superiores en la Ciudad de México varios casos de irregularidades que involucran a distintos jefes de área y todavía es hora que la respuesta son oídos sordos.

Por distintas dependencias de control interno han desfilado los nombres de Francisco Delgado, Jorge Bustamente, Eduardo Díaz, entre otros, como algunos de los agentes involucrados en anomalías de las más diversas. Parece que gozan de “inmunidad superior”.

Pero no todo está perdido, nos aseguran que pronto llegará un grupo de las oficinas centrales del INM para hacerse cargo de agilizar los procesos de denuncia y proceder como consecuencia en cada caso.

Ahora sí tendrán trabajo en ese sentido varios de los jefes mayores del Instituto en Juárez –y el estado- Pedro Alberto Alcalá, Gerardo Caro Ramírez, Adolfo Villegas Baray y Lorenzo Gabriel Pico.

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La doctora Olga Ponce encabezó la rebelión de médicos hace algunos años, cuando se trataba de penalizarlos por actos propios de su labor de salvar vidas; más recientemente también encabezó un proyecto político tras salirse del PAN, el de México Libre, que se hundió por decisión presionada del Instituto Nacional Electoral.

Anestesióloga y abogada, reconocida en el gremio médico privado por su permanencia en un prestigioso consorcio de la salud, también lideró el apoyo al proyecto corralista en un importante sector. A los pocos meses se desencantó de la palabrería de quien ganó la gubernatura en 2016.

Fue así que hace apenas dos meses también abanderó la rebelión de médicos de todo el estado, quienes protestaron contra la designación de Eduardo Fernández como secretario de Salud por parte de Javier Corral. Advirtió la gravedad de la imposición de un no médico al frente del combate a la pandemia, tras el deceso de Jesús Enrique Grajeda.

Ayer la doctora generó escalofríos en sus redes sociales con un simple y aterrador mensaje: “El Sistema de Salud ha colapsado en Chihuahua”. Puede verse en la edición digital de La Columna.

Ciertamente es un lugar común al que todo mundo ha llegado como conclusión. Pero que lo digan pacientes, familiares, observadores, no es lo mismo a que lo declare con pesar una de las que ha dado la batalla al Covid, tanto en su casa (ella y su familia lo padecieron) como en el hospital.

La doctora se refirió a toda la entidad. Falta de oxígeno, de camas, lista de espera de 10 a 20 pacientes hasta en hospitales privados, atención domiciliaria excesiva, pero sin los insumos requeridos porque sólo en los nosocomios pueden aplicarse; deben sumarse cientos de médicos y colaboradores contagiados, muchos caídos en la batalla.

Terrible el mensaje que llega a confirmar todos los temores y a exhibir la realidad más allá de las diarias ruedas de prensa oficiales.