El Jhonny’s usado entre Valle del Sol y Campos Elíseos

-El Jhonny’s usado entre Valle del Sol y Campos Elíseos

-No hay héroes frente al destrozo de vialidades

-Compraron pruebas Covid a empresa de blindajes

-Que le apliquen a Pensiones la del ISSSTE

En fotos adjuntas a la versión digital de La Columna puede verse una gran zanja abierta abajo de la gaza Juan Pablo II y Francisco Villarreal. Así está desde hace más de una semana. Ayer por la tarde había señales que por fin la taparían.

Estamos a 4 de marzo de 2021. Esa gaza fue presentada como concluida por Javier Corral en agosto del 2020, dos meses después de su plazo de terminación.

Más de un año tardaron las constructoras para llevar a cabo esa obra y el llamado puente chueco de la Arizona. El inter fue de sufrimiento intenso para decenas de miles de conductores como hoy ocurre en la columna vertebral de la ciudad, desde la Panamericana hasta el Centro.

Teóricamente la mentada gaza fue entregada como concluida, pero a seis meses de la oficialización respectiva siguen los graves problemas como esa zanja en las imágenes descritas y la falta de retornos que fueron prometidos con la mano en la biblia por los funcionarios de obras públicas del estado y quedaron en mexicanadas.

Más adelantito de la gaza, pero por el Francisco Villarreal Torres, está siendo construido el desnivel de la calle Aldabas. Debió ser concluido este mes pero suma un retraso de dos meses. Llevan un año con esta obra. Trafical y choques a menudo.

Las constructoras operan en completa impunidad con los tiempos. Ninguna ha sido sancionada por incumplimiento seguro porque la responsabilidad no es de ellos sino del Secretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo y/o del director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero. Hay justificaciones por falta de pagos.

De esa forma no resulta extraño observar un Jhonnys, o sanitario móvil, aparentemente abandonado, pero evidentemente utilizado para el uno y el dos justo en la obra de las Aldabas. Debimos difuminar una de las fotos que presentamos en la versión digital de La Columna para no echar a perder el desayuno de nuestros lectores. Papel higiénico usado por todas partes. Ahí deberían operar también las células antiCovid y la Comisión de Riesgos Sanitarios.

Desde el Juan Pablo II hasta Las Aldabas permanece un largo tramo de calle sin tráfico vehicular que está siendo utilizado por cientos de ciclistas, corredores y familias del Valle del Sol, Campos Elíseos, Jardines de Aragón, etc. En medio de todos, un sanitario... de puertas abiertas... ¡lo que faltaba!

Y lo que viene, ahora con la apertura de la Gómez Morín y el inenarrable desorden vial en muchos otros puntos de la ciudad.

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Debemos recapitular un poco sobre la inaudita situación que sufre Ciudad Juárez en materia vial.

Todos los sectores sociales, todos los niveles de gobierno, todos los partidos políticos y sus dirigentes, todos los diputados locales, todos los diputados federales y todos los senadores, todos los regidores del Ayuntamiento y responsables primeros de la infraestructura urbana, fueron pasados por encima sin consulta ni miramiento alguno por Javier Corral en la apertura de muchos kilómetros de calles para meter obras, como dijo el buen maestro y colega, Héctor Javier Mendoza Zubiate, sin ton ni son.

Ayer empezarían a abrir la Gómez Morín para una “pretroncal”. Será un infierno para todos los conductores de la zona. Al municipio nomás le avisaron sobre el arranque pero los juarenses en general desconocen cronogramas y costos, menos recibieron explicaciones sobre semejante decisión: quiénes la tomaron, cuándo y por qué.

Así ha sido con la troncal arrancada en la Panamericana que se mete por toda la Tecnológico, la Paseo Triunfo, por la 16 de Septiembre; los puentes del mentado multimodal; las jardineras en varios fraccionamientos aledaños y por la avenida de las Américas... Ahora las ciclovías cuestionadas inclusive por el municipio.

El silencio es sepulcral. Corral avanza con sus constructoras destrozando la ciudad sin Chapulín Colorado.

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Cuando se ve el nombre de una empresa denominada “IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística” entre los proveedores de un gobierno, de inmediato se puede pensar en blindajes, chalecos antibalas, patrullas, equipamiento policiaco, etcétera.

Si en la descripción de la empresa aparece además que es “la más importante de América Latina en Seguridad Nacional, Blindaje Civil y Militar, Inteligencia Artificial y Seguridad Privada”, se confirmaría su giro; ni por error se creería que tiene algo que ver con el sector de la salud.

Sin embargo, es IBN uno de los proveedores que el año pasado le vendió al Gobierno del Estado cinco mil pruebas para la detección rápida del Covid, a 363 pesos cada una, con IVA incluido. Fue adjudicación directa en mayo de 2020, amparada en la emergencia sanitaria para hacerse fast-track.

La factura que muestra la adquisición puede verse en la versión digital de La Columna, con santo y seña de los compradores, Arturo Márquez, Alejandro Leal y Susana Chávez, los entonces administradores de la Secretaría de Salud, que hasta la fecha despachan en posiciones similares.

También puede verse la imagen del portal en Internet de la empresa que ni siquiera aparece en el padrón de proveedores del Gobierno estatal.

El origen y la eficacia de las pruebas está en duda. Nadie sabe de su uso y menos de su utilidad, como tampoco nadie logra dar explicaciones del repentino cambio de giro de una empresa de seguridad a la proveeduría de insumos para la salud.

A esto se refieren, entre otros casos, los expedientes secretos del Covid que hace unos días denunció el ignorado Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, sobre el que hace unos días rindió un informe la presidenta del organismo, Isabel Terrazas Cerros.

Hay más casos así que ponen en duda el manejo financiero de la emergencia sanitaria por parte de la administración estatal. El desorden en el gasto podría explicar en buena medida los fatales resultados obtenidos hasta la fecha en Chihuahua.

Sin duda la corrupción gubernamental no entró en cuarentena, como lo dijo el CPC en su momento.

Y Corral pretendiendo darse baños de pureza en la materia. A otro can con ese hueso.

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La Cámara de Diputados aprobó en su última sesión una reforma a varias leyes para establecer con claridad penas administrativas severas a los titulares de dependencias públicas que no entreguen al ISSSTE las cuotas correspondientes.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado tiene el mismo problema que muchos fondos públicos de pensiones: se retienen cuotas a trabajadores y patrones, que son las dependencias gubernamentales, pero no se enteran a donde corresponde, sino que se jinetean con los más variados pretextos.

Los legisladores federales por ello aprobaron con arrasadora unanimidad (451 votos presentes) las modificaciones legales. Así, tendrán que pensar dos veces el jineteo quienes administran los recursos públicos.

Dicha reforma llega en un momento crítico para el ISSSTE, momento similar al que vive Pensiones Civiles del Estado (PCE), cuyo titular Alberto “Tito” Herrera, apenas comenzó a preocuparse hace unos meses, después de años de impago de la mayor parte de las dependencias estatales.

En vez de que el Palacio de Gobierno ande pensando en reformas políticas sin sentido, a los diputados locales no les caería de más algo de trabajo en una verdadera modificación al entramado jurídico de PCE. Este todavía no sanciona como grave la falta de pago de las aportaciones al fondo pensionario estatal, pese a que su quiebra ya es una realidad.