Opinión
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A prueba dos aspirantes muy distintos

El independiente alcalde, Armando Cabada, será presentado por el Colectivo Ciudadano en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos ubicado en la avenida del mismo nombre

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 24 enero 2020 | 06:00

• A prueba dos aspirantes muy distintos

• Hacen de agua fideicomiso a estatales

• Ley de Juicio Político ahorcará a todos 

• El profe no dejará dudas de sus amores

Saltan a la vista las diferencias entre los dos proyectos por la gubernatura que jalarán este sábado reflectores en distintos puntos de Ciudad Juárez, la principal población del estado también en materia político-electoral con su aproximadamente 40 por ciento de fuerza ciudadana en los padrones de votantes.

El independiente alcalde Armando Cabada será presentado por el Colectivo Ciudadano en el centro de convenciones Cuatro Siglos, ubicado en la avenida del mismo nombre.

Deberá tener mucha asistencia y buena representación para en verdad preocupar a sus opositores políticos y demostrar su capacidad tanto de convocatoria como de organización, ad hoc con el tamaño del objetivo buscado: administrar la gubernatura.

Ha buscado el edil convencer a los juarenses con hechos y no con palabras para obtener el mérito de presentarse como candidato a ese cargo superior.

No ha enfrentado únicamente los grandes déficits de infraestructura urbana y de seguridad heredados por décadas, sino que ha debido maniobrar con paciencia para no pelear ni con el gobernador ni con la Presidencia de la República, ambos de sello partidario distinto al independiente.

Veremos cómo sale del reto de mañana.

Por la Paseo Triunfo de la República, en un salón de tamaño modesto del Hotel Fiesta Inn, será presentado igualmente el “consejero ciudadano” de Petróleos Mexicanos, Rafael Espino. Viene seguido a Juárez y a la ciudad de Chihuahua, pero siempre de incógnito. Ahora ha sido publicitado su evento porque decidió anotarse también como candidato a la gubernatura.

El chihuahuense avecindado gran parte de su vida en la Ciudad de México, donde ha hecho florecer sus negocios como abogado fiscalista, evidentemente llega para meter ruido al interior de Morena entre quienes buscan la postulación de Morena hacia el 2021.

Debe entenderse que trae el visto bueno de su amigo de hace muchos años y líder político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que su propósito está enfocado más a generar mayores equilibrios entre la competencia interna guinda por la gubernatura que en lograr dividendos por la promoción de este y futuros eventos. En menos de un año no puede alcanzar la fama de quienes cargan años recorriendo el estado, Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar, por ejemplo.

Hablamos entonces de ánimos distintos en dos eventos similares. Cabada obligado a demostrar fuerza y calidad, y Espino prácticamente nomás a checar tarjeta por si Morena continúa tan bien posicionado en la entidad que para la campaña entrante no requiera de un candidato popular sino únicamente del vobo del mandamás del partido, López Obrador.

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La falta de atención médica inmediata a un agente de la Policía Estatal revivió sospechas de sus compañeros sobre una posible estafa con el famoso fideicomiso por el que les descuentan 200 pesos mensualmente.

El agente resultó lesionado el fin de semana pasado en una volcadura cerca de Madera, cuando regresaba junto con otros de un operativo especial a causa de los ataques armados en Las Pomas. Lo tuvieron casi 20 horas en el Hospital Central de la ciudad de Chihuahua sin practicarle una cirugía urgente. Los pretextos fueron falta de médicos, de medicamentos, de pruebas de laboratorio, instrumental y demás.

Fue hasta que se publicó el caso e hizo el ruido suficiente que pasaron al herido a un hospital privado a recibir la atención negada durante horas.

Eso trajo de nuevo el reclamo de los policías por los descuentos que les aplican desde hace ocho meses por órdenes del comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio. 

Supuestamente dicha aportación les garantizaba seguro de vida de 200 mil pesos, apoyo de 20 mil pesos para gastos funerarios de sus familiares y cobertura completa en caso de accidentes. Nada de eso tienen ni han tenido, salvo el puntual descuento en sus percepciones quincenales.

Desde el principio fue mucha la insistencia de los mandos de la CES a los agentes para que firmaran como parte de dicho fideicomiso. Hasta amenazas les dirigieron, como hacerlos responsables de los daños en las unidades oficiales cada que tuvieran un accidente.

Así que la mayoría se adhirió al famoso fondo, sin que hasta la fecha se vea su utilidad ni se tenga certeza sobre el destino de los recursos que les descuentan y los intereses que generan. En una de ésas alguno de los mandos cercanos a Aparicio se está pasando de vivo.

Por ello los elementos están buscando la forma de llegar directamente al que será secretario de Seguridad en los próximos días, Emilio García Ruiz. Exigen cancelar el fideicomiso y buscar la forma legal de recuperar lo que les han quitado desde que comenzó a operar.

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En su redacción actual, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia podría ahorcar a todos independientemente del partido y del cargo que ocupen.

La norma vigente desde el 10 de marzo de 2018 es el instrumento con el que se debe despojar del fuero al magistrado duartista Jorge Ramírez, a fin de que enfrente en un tribunal la acusación de enriquecimiento ilícito, pese a que las conductas delictivas que se le atribuyen serían entre los años 2010 y 2016. 

De entrada está cuestionado el principio de no retroactividad.

Pero aparte, aunque la ley refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales algunas porciones del proceso, la Comisión Jurisdiccional que la aplica, encabezada por Georgina Bujanda, en realidad no se obliga a acatar esas mismas disposiciones.

Eso lo reconoció la misma Bujanda al llamar la tarde del miércoles a los diputados que integran la comisión para citarlos a sesionar ayer al mediodía y obedecer así la línea de Palacio de Gobierno por sacar el desafuero en caliente. 

La recusación presentada por Ramírez sólo le dio unos días de gracia al magistrado, pero debió presionar y cabildear bastante para meterle un freno al procedimiento, que sigue firme.

Aventarse el desafuero de esa forma es posible. Todo indica que así será, pero sentará un peligroso precedente para cualquier magistrado del Poder Judicial o quien sea que se encuentre amparado por la protección constitucional.

La muestra más clara de los peligros que representa está en la regresividad de los plazos, pues mientras el Código Nacional da hasta 30 días para responder acusaciones, la ley estatal los reduce a cinco. Además la norma local deja sueltos aspectos básicos como la formalidad de la notificación y del emplazamiento, así como la suficiencia probatoria que exige el debido proceso.

El dictamen de la comisión ya debe estar escrito en alguna oficina del Ejecutivo para someterlo al Pleno del Congreso; también la estrategia para cargar con el magistrado y llevarlo de sorpresa alguna noche hasta Aquiles Serdán. De proceder así, sin embargo, será un galimatías el que llegará a la justicia federal. No importa, lo que busca Corral es castigo a como dé lugar.

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Para que no haya dudas de sus amores ni se diga que es de los incondicionales de Yeidckol Polevnsky, el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, ya está apuntado para acudir al Congreso Nacional Extraordinario convocado por su paisana Bertha Luján el domingo en la Ciudad de México.

Además el profesor no irá solo, se llevará a cuando menos a medio centenar de morenistas de Juárez, Chihuahua, Delicias y Parral, pese a que su propia secretaria de Finanzas, Martha Laguette Lardizábal, le tiene cerrada la llave de los recursos del partido.

Así responderá Chaparro Payán desde acá, ante las versiones que lo ubican del lado de la presidenta nacional, quien aprovechó una sentencia del Tribunal Electoral Federal para confundir con la idea que se había suspendido el Congreso Nacional del domingo 26 de enero.

La convocatoria, conforme a los estatutos del partido, se realizó siguiendo dos vías: la primera fue con el aval del 30 por ciento de los consejos estatales de los 32 estados del país; la segunda con las firmas suficientes de consejeros nacionales para que haya quórum. 

Ambos supuestos se cumplen, tal como lo establece el artículo 34 de los estatutos de Morena, y Chaparro es de los dirigentes que firman y avalan la convocatoria lanzada por Luján Uranga.

Como el profe, le ha dado la espalda a Polevnsky abiertamente un tercio de los dirigentes del país. De forma soterrada se supone que hay otros tantos dispuestos a echarla de la dirigencia. De ahí que los resultados de dicho congreso sean de pronóstico reservado.