Ve EU trunca reforma penal

Ciudad de México— La reforma al sistema de justicia penal en México no ha logrado proteger los derechos de víctimas y acusados a nivel local, ni generar un sistema eficiente de servicios de apoyo necesarios para el trabajo de los tribunales estatales, considera la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés).

El organismo se dispone a invertir entre 4 y 10 millones de dólares en dos años para contratar a una organización civil mexicana que trabaje en reforzar esos temas en "estados selectos" que tengan la mejor posibilidad de éxito.

A once años de la reforma para establecer el sistema acusatorio, señala, los problemas se concentran en tres instituciones: las oficinas de defensores públicos (ODF), las unidades de medidas cautelares (Umeca) y las comisiones de atención a víctimas (CAV), todas a nivel estatal.

"La opacidad, el ejercicio indebido de las facultades discrecionales de los fiscales, y el pobre monitoreo del cumplimiento de las nuevas políticas sigue amenazando los derechos de víctimas y acusados", indican los términos de referencia de la convocatoria para el apoyo, publicada el 4 de abril.

"La persistencia de viejas prácticas con frecuencia resulta en cambios cosméticos, retrocesos, e interpretaciones incorrectas de las nuevas reglas para proteger el debido proceso", agrega.

En 2014, USAID asignó un contrato de 68.2 millones de dólares para el proyecto Projust, enfocado al nuevo sistema a nivel estatal. Encargado a las empresas Management Sciences International y TetraTech DPK, Projust termina a mediados de 2019.

A finales de 2018, una evaluación de Projust estableció que las Umeca tienen "pobre capacidad técnica" para aconsejar a los jueces y para supervisar efectivamente a los acusados sujetos a medidas distintas de la prisión preventiva.

En Baja California y Nuevo León, por ejemplo, cada empleado de la Umeca tenía 400 y 130 casos que supervisar, es decir, personas sujetas a medidas cautelares como libertad bajo fianza.

"Puede pasar un mes sin enterarnos que una persona no se ha reportado", comentó el director de una Umeca.

Por lo que toca a las víctimas, USAID destaca que hay sistemas redundantes o paralelos para ayudar a las mujeres, pero con resultados que varían notablemente incluso dentro del mismo Estado, pues son más eficientes los Centros de Justicia para las Mujeres, que sólo atienden violencia de género, que las CAV, que atienden violencia en general.

"Los criterios para las reparaciones no son claros, y la provisión de servicios -donde existe- ha sido discrecional y motivada políticamente, con los grupos de víctimas a veces coptados por los intereses políticos locales", advierte el documento.

Las defensorías públicas, en tanto, tienen problemas de falta de independencia respecto a los Poderes Judiciales, a los que suelen estar adscritas, y también "barreras procesales" que dificultan su labor, en relación a las capacidades de las fiscalías.