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Nacional
miércoles, 05 febrero 2020 | 19:12
Ciudad de México— La desaparición o asesinato de activistas ambientales debería castigarse con la cancelación de los proyectos asociados a estos crímenes, propusieron expertos durante la presentación del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana.
Cuauhtémoc León, director ejecutivo del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (Cegam), explicó que cancelar estas iniciativas mandaría un mensaje claro a los promotores y grupos de delincuencia organizada sobre el peligro de desaparecer a líderes comunitarios.
"Si un proyecto de mina, un proyecto forestal o un proyecto de hidrocarburos desaparece a una persona, ese proyecto debería estar cancelado automáticamente", afirmó.
Las autoridades también tienen que contemplar líneas de investigación ligadas a los conflictos socioambientales para que estos delitos no queden impunes, sostuvo Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
"Muchas veces hemos visto cómo las autoridades dedicadas a la investigación se enfocan más en la investigación de móviles personales o pasionales ligadas a su trabajo. Creemos que cuando se trata de personas defensoras, siempre hay que tomar en cuenta la posibilidad de que haya una situación por un conflicto socioambiental", comentó.
Según reportes de la organización internacional Global Witness, en México fueron asesinados 52 defensores del medio ambiente y el territorio durante el sexenio de 2012 a 2018.
Cerami destacó que sólo el asesinato de Julian Carrillo, un activista rarámuri que protegía los bosques en Chihuahua, se resolvió, pues fueron procesados los autores materiales e intelectuales del homicidio.
"No parece haber la voluntad política de investigar los móviles ligados al conflicto socioambiental porque claramente pueden tocar intereses", lamentó.
Adriana Flores, investigadora de la Ibero, señaló que en los últimos siete años se han identificado más de 500 conflictos socioambientales, alimentados por la ausencia de instrumentos para resolver las diferencias.
Con el fin de prevenir estas problemáticas, los gobiernos necesitan contar con evaluaciones estratégicas y de impacto ambiental antes de otorgar concesiones para la explotación de los recursos naturales, de acuerdo con Cerami.
Los especialistas confiaron en que México ratificará el Acuerdo de Escazú, que firmó en septiembre de 2017, dado que es el primer instrumento legal que incluye disposiciones para la protección de los activistas ambientales.
El Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales comenzará sus actividades el 28 de febrero con el curso presencial "Fundamentos y herramientas para comprender los conflictos socioambientales", que será impartido en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico (CEX-IBERO).
Este espacio académico es un esfuerzo conjunto del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de la Ibero, el Cegam y el Cemda.