Libra cargos exmando de Sedesol por 'Estafa Maestra'

Ciudad de México— Simón Pedro de León Mojarro, extitular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, se convirtió en el segundo imputado que libra en una semana un caso de la "Estafa Maestra".

Un juez federal de la Ciudad de México determinó este miércoles no vincularlo a proceso por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México.

Fernando Payá Ayala, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que la Fiscalía General de la República no presentó evidencias suficientes para procesar al ex funcionario zacatecano del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El impartidor de justicia dijo que, como lo argumentó la defensa, el convenio millonario que suscribió el imputado no estaba sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni mucho menos a su Reglamento.

Durante la audiencia, Payá precisó que, conforme al quinto párrafo del artículo primero, esta norma no es aplicable a los convenios que son suscritos entre las dependencias de la administración pública federal y las instituciones de las entidades federativas, como ocurrió en el convenio de la Sedesol con la UIEM.

También hizo suyo el argumento de los abogados Antonio Gómez Tenorio y Juan Luis Guzmán Escobar, en el sentido que la norma aplicable al imputado era un Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios de la SEDESOL, emitido el 8 de noviembre de 2010, al cual efectivamente se apegó a la hora de firmar el convenio.

Antes de que se determinara su situación jurídica, De León Mojarro rechazó en la audiencia la imputación.

"Lamento mucho la imputación de la Auditoría Superior de la Federación, que califico de injusta, arbitraria e ilegal; en mis 43 años de servidor público, nunca he estado en este tipo de salas de audiencia", dijo.

"Estoy con la conciencia tranquila, ante mi familia y, si me lo permite señor juez, también ante Dios".

Este caso deriva del convenio de coordinación UCD/33901/010/2015, suscrito el 5 de marzo de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en tiempos de Rosario Robles, y la Universidad Intercultural del Estado de México.

Su propósito era levantar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas con el objetivo de localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentarias en las 32 entidades federativas.

La FGR argumentó que De León Mojarro incurrió en una contratación indebida al suscribir este convenio sin realizar un estudio de mercado, lo que ocasionó que el Estado no tuviera las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, causándole una afectación.

Otras de las omisiones fueron no haber llevado a cabo una justificación adecuada del convenio ni haber publicado las bases del mismo en las páginas de internet de la Sedesol y Compranet, como lo marcan las normas administrativas.

Adicionalmente, los fiscales atribuyeron al ex funcionario no haber verificado que la UIEM tuviera la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios contratados por la Secretaría.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la Universidad subcontrató más del 49 por ciento del monto del contrato original, tope que le impone el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Pese a lo anterior, el juez precisó que en el caso particular de De León, las omisiones enumeradas derivaban de diversos apartados de la Ley de Adquisiciones, al suscribir el convenio, misma que no le era aplicable la FGR.

Payá puntualizó que al zacatecano tampoco le podían imputar hechos futuros porque a la hora de suscribir ese convenio, la UIEM manifestó que tenía la capacidad para llevarlo a cabo y no se podía saber si iba a subcontratar a terceros y mucho menos por un porcentaje mayor al 49 por ciento.

De León Mojarro es el segundo ex funcionario que libra una imputación de la "Estafa Maestra" en la última semana, ya que el pasado 26 de marzo, el mismo juez Payá determinó no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por una presunta contratación indebida de 185 millones de pesos a Universidad Tecnológica Francisco I. Madero.