Ley de Ciencia de AMLO, un 'retroceso', señalan

Ciudad de México.- A pesar de las modificaciones a la iniciativa de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (HCTI), ProCiencia juzga que los cambios al proyecto inicial son "menores" y que prevalecen los problemas de autonomía, financiamiento, libertad de investigación y propiedad intelectual, entre otros puntos.

En el posicionamiento crítico, hecho público este 21 de diciembre, la asociación considera que la iniciativa ingresada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados "no corresponde a los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General", y parece "retornar al pasado" en lugar de "proporcionar el marco legal hacia un futuro mejor".

ProCiencia, red que aglutina a científicos, investigadores, médicos y académicos del país, advierte que la iniciativa no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades del sector.

Califica a la iniciativa como un "retroceso" respecto a la ley vigente, que establece un compromiso anual del 1 por ciento del PIB.

"Si bien esto nunca fue cumplido a cabalidad, la iniciativa actual elimina cualquier compromiso presupuestal por parte del Estado. Ello, cuando además desde 2021 fueron suprimidos los fondos multianuales que permitían la continuidad de proyectos de largo aliento", alerta, en referencia a los extintos fideicomiso del sector.

Lo que pone en riesgo el financiamiento de proyectos, las becas de posgrado, las estancias posdoctorales y los apoyos al programa de cátedras, hoy conocido como Investigadoras e Investigadores por México.

La iniciativa del Ejecutivo elimina "drásticamente" la autonomía de los Centros Públicos de Investigación (CPI) "convirtiéndolos en organismos al servicio del gobierno".

Y argumenta que los directores generales de los CPI serán designados por el titular de la dependencia o entidad coordinadora del sector, y quedan subordinados al Conacyt y a su Junta de Gobierno, que "está bajo su control".

Mientras que los programas institucionales de los mismos se alinearían con los objetivos del programa sectorial, regido por la "Agenda nacional".

ProCiencia también deplora que los investigadores serán considerados como funcionarios públicos, lo que "vulnera la libertad de investigación básica o de frontera" y se "pierde una oportunidad invaluable para dotar de una real autonomía a los CPI", similar a la que gozan las universidades e institutos autónomos.

La iniciativa no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, deja fuera de sus prioridades a la ciencia básica y de frontera, y "afecta a la libertad académica".

"No define los instrumentos de fomento. El único programa de fomento al que se refiere es el Pronaces, (Programas Nacionales Estratégicos) pero no es claro cómo opera. No hay un sustituto de los fondos de apoyo a la ciencia, que desaparecieron en 2020", se puntualiza en el texto.

Además de ser "ambigua" respecto a los derechos de propiedad intelectual y no respetar "cabalmente" los derechos de los inventores y los creadores.

También excede los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General, la distribución de competencias es incompleta, lo que evidencia una "alta centralización" del sistema e "ignora el pacto federal".

Tampoco incluye de "manera igualitaria" a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico ni propone un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados.

Desde el 12 de mayo pasado, la red ProCiencia formuló una serie de planteamientos clave hacia una ley general, donde abogaba por la autonomía de los CPI, especificar el monto del financiamiento asignado por el Estado, la libertad de investigación y el respeto al derecho intelectual de las instituciones de educación superior, centros de investigación y personas que realicen o produzcan resultados en proyectos efectuados con recursos públicos gestionados por el Conacyt.