Esperan freno de reforma de TFJA en Senado

Ciudad de México.— El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el Senado aún puede frenar la reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de evitar una lluvia de litigios por impedir la ratificación de magistrados.

Grupo REFORMA publicó que la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se aprobó en Cámara de Diputados y pasó al Senado, permitiría al Gobierno federal hacer una limpia de magistrados y colocar a gente afín en las salas regionales, donde se resuelven miles demandas por actos administrativos y en materia fiscal.

La misma reforma induce a que en la Sala Superior del Tribunal pudiera ser nombrada como presidenta del órgano la magistrada Natalia Téllez, integrante de la Tercera Sección, especializada en sanciones a servidores públicos.

Romero Hicks recordó que había un dictamen de consenso con modificaciones, pero Morena lo desconoció y aprobó por mayoría la iniciativa del Ejecutivo, sin cambios.

Se avaló un octavo artículo transitorio que señala que los magistrados durarán en su encargo solo el tiempo por el que fueron electos.

"Esperamos que en el Senado pueda haber cambios. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, fue quien dijo que ya no había tiempo para analizar la reforma, ella sabe del tema y conoce al Tribunal.

"La posición nuestra es defender al Gobierno de litigios, porque es inconstitucional limitar la ratificación. Muchos magistrados tienen derecho a repetir, a ser tomados en cuenta y pueden ampararse.

"Esto, suponiendo que se aprobara en el Senado en sus términos, por lo que hay que evitar que haya litigios de inconstitucionalidad y de amparos", señaló el legislador del PAN, a quien le tocó procesar el dictamen con modificaciones de la iniciativa presidencial.

Recordó que hay 184 magistrados en 58 salas y que en este momento hay 53 vacantes, que se han venido acumulando, porque el Ejecutivo federal no ha enviado al Senado las propuestas de ratificación o de nuevos nombramientos.

Subrayó que los magistrados tienen derecho a ser considerado para un nuevo periodo y con el transitorio de la reforma, esto se anula.

"Estamos ante un tribunal muy serio y hay gente especializada, con gente que ha hecho carrera.

"Sí hay mucho de por medio, demandas de miles de millones de pesos, y se ve claro la actitud de este Gobierno, que no quiere instituciones y las quiere cooptar", señaló.

Alertó del riesgo de que se pretenda colocar a magistrados sin experiencia, porque también se flexibilizaron los requisitos para acceder al cargo.

Señaló que, por lo pronto, al parar la minuta en el Senado, se logró que ya no pudiera inducirse la elección de Natalia Téllez en la elección de un nuevo titular del Tribunal en enero.

Dijo que la reforma estaba hecha a modo, para que Téllez pudiera postularse para ser electa, pero al detener Sánchez Cordero la discusión y esperar hasta febrero, esto se detuvo.

"Hay una presión del Ejecutivo para poner a esta persona en el Tribunal, que rota su presidencia el 2 de enero, al igual que lo hará la Suprema Corte. Sin la reforma, se respeta la independencia del órgano y ellos van a determinar quién estará es la próxima presidencia de 4 años.

"En este momento la ley sigue vigente, no hay manera de cambiarla al 2 de enero y la gran prueba es si se va a ejercer la presión desde la Presidencia de la República, si esa presión va a surtir o no efecto, para poner o no a alguien en el Tribunal, cuando han sido personas muy serias e independientes", declaró el legislador.

Citó que el TFJA fue creado hace 86 años por el Presidente Lázaro Cárdenas, quien dijo que su propósito era defender al ciudadano de la autoridad, cuando la autoridad no cumple los ordenamientos jurídicos.

Dijo que se trata de un órgano poco visible para los ciudadanos, pero que funciona con una alta especialización en materia administrativa y fiscal.

Existen, dijo, 130 mil casos al año, de los cuales se recurren el 48 por ciento y de éstos se sostienen en otras instancias jurídicas entre el 7 y el 11 por ciento, lo que le da prestigio por la calidad de sus resoluciones de carácter fiscal, administrativo y de sanciones administrativas.