Inicia Bonilla expropiación de club privado en BC

Baja California.- A dos meses y medio de que el gobernador Jaime Bonilla amenazó con expropiar el Club Social y Deportivo Campestre, este martes formalizó una declaratoria de utilidad pública en el Periódico Oficial del Estado, señalando que se trata de una justicia social.

"Los terrenos del Club Campestre de Tijuana son los más apropiados, idóneos e insustituibles para llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre, en virtud de que no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con las características", se lee en la publicación.

En el documento, de 34 fojas, el Gobierno de Baja California justificó que en 2009 Tijuana ya tenía un déficit de equipamiento urbano, y para 2020 se requerían 614.52 hectáreas para recreación.

Según cita la declaratoria, el INEGI calcula una población de 1 millón 922 mil 523 habitantes en Tijuana, es decir, el 51.01 por ciento de la población estatal, y solo se tienen dos parques, el José María Morelos, con 61.56 hectáreas, y La Amistad, con 22.35 hectáreas.

"La parte poniente no cuenta con dichos espacios públicos, presentando esta zona únicamente un espacio de equipamiento privado conocido como Club Campestre Tijuana, de uso exclusivo, que reúne las características para convertirse en espacio público", se añade en la declaratoria.

"Los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible", y "reducir las desigualdades socioeconómicas en la disponibilidad de espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades de salud, discapacidad y otros".

El Gobierno precisó que analizó otros predios, mayores a 15 hectáreas, como el Rancho Cueros de Venado, Aguajes del Encino y San Antonio de los Buenos, pero por la ubicación, con acceso al transporte público y servicios.

El Club Campestre cuenta con alrededor de 50 hectáreas sobre el bulevar Agua Caliente, número 11311, Fraccionamiento Agua Caliente, y un campo de golf con 18 hoyos reglamentarios.

Además, posee una alberca exterior y una interior, gimnasio, salón de eventos, dos restaurantes para 90 personas, y una terraza con capacidad para 70 comensales, barra con bar, sauna, canchas de tenis, raquetbol, futbol y basquetbol.

Gobierno tendría que pagar

Para que sea un área pública, el procedimiento de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre debe cumplir con varias condiciones, aseveró el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.

"La expropiación implica una violación al derecho de privacidad", defendió, "por tanto, uno de los elementos que deben de satisfacerse es la causa de utilidad pública, pero además debe haber criterios de conservabilidad".

El asesor de organismos empresariales en Tijuana explicó que existe un criterio para que, en caso de que se expropie el bien, éste permanezca con el mismo mantenimiento que tenía de manera privada.

"Otro elemento es el mecanismo indemnizatorio, tienes que pagar previa valuación del predio", dijo.

Este valor se calcula con los elementos catastral y comercial.

Afirman que sería una segunda expropiación

De concretarse la expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, sería la segunda ocasión que el inmueble es expropiado por un gobierno.

La primera ocasión fue por parte del Gobernador priista Raúl Sánchez Díaz Martell, el 10 de noviembre de 1970, y fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, explicó el historiador y especialista Gabriel Rivera Delgado, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Tijuana.

A partir de 1967, explicó Rivera, hubo una lucha por la titularidad del terreno del club, la discordia entre los socios del Campestre, la inmobiliaria Inmuebles Californianos S. A (ICSA) y otros implicados, llegó a los juzgados federales.

"El entonces Gobernador Sánchez Díaz emite un decreto de expropiación sobre el Club Campestre, lo hizo con el objetivo de que fuera un bien público, un parque para la ciudad", explicó.

En ese entonces, los socios del Club e incluso ICSA promovieron una revocación administrativa del decreto y amparos, dijo Rivera, lo que derivó en un impedimento para si ejecución.