Diario
Nacional
domingo, 12 mayo 2019 | 15:04
Ciudad de México.- No observar los criterios que establece la normatividad para realizar consultas gubernamentales pone en duda la validez jurídica de los resultados y la legitimidad de las acciones que se derivan de esos ejercicios.
Así lo asegura un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado en el que se analizan las consultas realizadas en México en el 2018 y lo que va del 2019.
De acuerdo con el documento, para evitar cuestionamientos sobre la legitimidad de una consulta, es necesario seguir el procedimiento que establece la ley, atender los criterios previstos para su ejecución y determinar las acciones vinculantes que se deriven.
"Es conveniente que, además de ejecutarse conforme a la normatividad establecida, las consultas populares se utilicen como instrumento de planeación, es decir, que los resultados contribuyan un insumo para la toma de decisiones y no un mecanismo para legitimar decisiones ya preestablecidas", se advierte.
Según el reporte, para realizar las consultas es indispensable considerar en el proceso de toma de decisiones a aquellos sectores de la población que se verán afectados por el proyecto.
"Los resultados derivados de estos ejercicios pueden tener repercusiones en la opinión pública, por lo que es recomendable asegurarse que hayan sido obtenidos a partir de los mecanismos institucionales existentes con el fin de que, de ser vinculantes, existe la certeza de que efectivamente reflejan la voluntad popular", refiere.
El IBD considera que los referentes que existen a nivel internacional obligan a México a establecer criterios claros sobre quien promueve las consultas, su trascendencia y el contenido de los temas que se abordan así como el actor que los ejecuta y el tratamiento que se dará a los resultados.
El 23 de noviembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre las acciones de gobierno que pudieran afectarlas de manera potencial.
El planteamiento es que ese mecanismo se aplique en el marco de la construcción del Tren Maya, que impactará a comunidades de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
En el informe se hace referencia a la consulta realizada los días 24 y 25 de noviembre del año pasado en la que se incluyó al Tren Maya, junto a un listado de proyectos prioritarios para todo el País.
Para el IBD, el ejercicio no cumplió con la normatividad en la materia, hubo una omisión de del proceso que establece la ley y por lo tanto el ejercicio generó cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados y la pertinencia de que éstos sean vinculantes.
En el análisis, se recordó, la consulta ciudadana realizada para sobre la termoeléctrica en Morelos, que fue organizada por la Secretaría de Gobernación y no por el Instituto Nacional Electoral.
"Estos ejemplos evidencian dos elementos que vale la pena destacar. El primero es la no observancia del marco legal para llevar a cabo estos ejercicios de participación", se afirma.
"El segundo es que esto genera un contino cuestionamiento de la legitimidad de los resultados a pesar de que el ejecutivo, como promotor de esos ejercicios, señala que son una manifestación de la voluntad de la ciudadanía".
En la actualidad, el Senado tiene pendiente procesar una reforma al artículo 35 de la Constitución en materia de consulta popular.