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Nacional
domingo, 13 octubre 2019 | 07:00
Ciudad de México.- El uso de mecanismos de justicia transicional busca fundamentalmente recuperar la paz y la tranquilidad en el país, señala Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
"(Se busca) recuperar fundamentalmente la paz, la tranquilidad y la reconciliación en México. Se requiere sin lugar a dudas. Hay que asumir que el Estado no cumplió con su responsabilidades", dice en entrevista con Reforma.
Encinas adelanta que el modelo de justicia transicional, descrito por el Gobierno federal como la serie de mecanismos para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, continuará "sin lugar a dudas".
"Nosotros estamos en la búsqueda de verdad y de justicia, el perdón le corresponde a los familiares, no a la autoridad. A la autoridad nos corresponde aplicar la Ley", sentencia el subsecretario.
"Hay muchos de ellos (instrumentos), desde el mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos hasta la Comisión por la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y actualmente estamos trabajando en el mecanismo extraordinario forense".
El 3 de octubre, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la Segob tiene el encargo presidencial de sanar los agravios cometidos por las Administraciones anteriores contra grupos vulnerables.
"Muchos de los cuales se han perpetrado contra campesinos y contra pueblos originarios", expresó.
Un texto elaborado por la Segob señala que la justicia transicional se usa posterior a periodos de conflicto, represión o niveles de violencia de alto impacto, que llevaron a la comisión de violaciones a derechos humanos de forma tan grave y masiva que no se puede dar respuesta con el sistema de justicia ordinario.
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, cita la dependencia, este tipo de justicia alude a las formas en que los países que dejan atrás periodos de conflicto y represión en los que hubo violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas.
En tanto, el CIDE la define como un campo específico de actividades, mecanismos y procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala.
"La aplicación de la justicia transicional busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron", señala el texto.
"Con miras a la consolidación de una democracia constitucional. Los cuatro pilares que constituyen el canon de la JT son: verdad, justicia, reparación y no repetición".
Amnistía a 2 mil 700
El Gobierno tiene calculados alrededor de 2 mil 700 potenciales beneficiarios de la Ley de Amnistía que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes consultadas indicaron que este universo contempla a hombres y mujeres sentenciados por delitos contra la salud (en el fuero federal), que es uno de los ilícitos susceptibles de recibir amnistía.
Explicaron que la cifra podría cambiar en la revisión particular de los casos, ya que se descontarían reincidentes y quienes hayan cometido el delito utilizando arma de fuego.
La iniciativa, remitida el 15 de septiembre a los diputados, establece que el Ejecutivo integrará una comisión que coordinará los actos para facilitar y vigilar la aplicación del beneficio.
Las fuentes indicaron que dicha comisión sería encabezada por la Secretaría de Gobernación, que desde el inicio del sexenio revisa cientos de expedientes relacionados con "presos políticos".
Podrían acceder a amnistía, en ciertos supuestos, sentenciados por posesión, producción, transporte, tráfico, comercio, suministro o introducción de narcóticos al país.
También quienes, dedicándose al campo, siembren, cultiven o cosechen plantas de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares.
Entre los "candados" que prevé la Ley está que los sentenciados se encuentren en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, o bien, estén discapacitados de manera permanente.
También se podrían beneficiar las personas que hayan cometido el delito por indicación del cónyuge, concubino (a), pareja sentimental o pariente consanguíneo.
Asimismo, quienes delinquieron por temor fundado o porque fueron obligados por la delincuencia organizada.
Además prevé beneficiar a las personas consumidoras que hayan sido detenidas por poseer cantidades superiores a las permitida, hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal.
Con ocho artículos y tres transitorios, la Ley de de Amnistía también considera los delitos de aborto, robo sin violencia y sedición.