'Regula' a pasantes ley de hace 80 años

Ciudad Juárez.- A 80 años de que se implementó el servicio social para estudiantes de Medicina, el marco legal que lo regula ha incrementado tanto que incluso da pie a contradicciones, pero también al cuestionamiento de su vigencia en el México actual: surgió como requisito previo a la titulación para que el alumno retribuyera a la sociedad lo que recibió en su formación.

Si bien la obligatoriedad del servicio social fue estipulada en 1942 en el artículo 5 constitucional, fue seis años antes cuando los primeros médicos pasantes fueron enviados a diversas comunidades rurales del país tras un convenio establecido entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Posteriormente, en 1945, se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones, la cual define al servicio social como un trabajo temporal que mediante retribución presten los estudiantes y establece que es responsabilidad de “los planes de preparación profesional” condicionar la entrega del título a su realización.

Sin embargo, ante el alto número de egresados de las facultades y escuelas de Medicina, a inicio de la década de los 50 el presidente de la República Miguel Alemán Valdés emitió un decreto en el que amplió el servicio social de Medicina hacia el resto de las instituciones gubernamentales y descentralizadas para que absorbieran el excedente de estudiantes y les permitieran cumplir con su obligación.

Aunque la Constitución otorgó a los estados la facultad de emitir leyes en las que estipulen cuáles son las profesiones que requieren de un título para ejercer y las condiciones para obtenerlo, entre los requisitos debe incluirse la obligatoriedad del servicio social, lo cual también fue señalado por la Ley General de Educación.

Discuten sobre servicio gratuito

Actualmente, dentro de las discusiones sobre las condiciones en que se presta el servicio social, se cuestiona el que algunas leyes de profesiones emitidas por las entidades federativas no consideren el servicio social como un trabajo e incluso disponen que pueda prestarse de manera gratuita, como la Ley de Profesiones del Estado de Chihuahua.

“Se entiende por servicio social la actividad de carácter temporal, gratuita o mediante retribución, que presten los estudiantes o profesionistas en interés de la sociedad, del Estado y de los municipios”, señala la ley, pero al igual que la Ley Reglamentaria del Artículo 5 sostiene que cuando el servicio absorba totalmente las actividades del estudiante la remuneración deberá ser suficiente para satisfacer sus necesidades.

Con el paso del tiempo han aumentado los esfuerzos por reestructurar y organizar el servicio social de los estudiantes, particularmente de las carreras de Medicina, por lo que en 1983 se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) con el objetivo de coordinar el trabajo entre las instituciones de Educación y de Salud.

Incluso, un año después, la Ley General de Salud dedicó un capítulo al servicio social en el que señaló su obligatoriedad, pero además estableció que “para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades de Salud y las educativas”.

Por ello, tanto las instancias de Salud como las universidades cuentan con reglamentos internos que regulan la programación de plazas disponibles, su otorgamiento a los pasantes, sus derechos y obligaciones y las normas de actuación en caso de incidentes; sin embargo, existen tantos como instituciones educativas, lo que ha llevado a cuestionar las condiciones de su práctica.

En la UNAM

En el 2016, en la UNAM –donde nació el servicio social de Medicina– se llevó a cabo el “Foro de análisis del servicio social médico a 80 años de su instauración”, en el que representantes de diversas universidades, tanto públicas como privadas, y de las instituciones que integran al Sistema Nacional de Salud, abordaron las problemáticas en torno a su realización.

De acuerdo con un documento emitido por la CIFRHS, se concluyó que en la mayoría de las instituciones educativas el servicio social no forma parte

La situación del pasante es prácticamente ‘o trabajas con lo que hay o simplemente no te titulas’ y muchas veces ni siquiera tenemos un paracetamol para bajar la fiebre”

Anónimo Médico pasante de la UACJ

del programa académico, por lo que se abandona la formación de los estudiantes; además, las universidades tienen poco o ningún contacto con los pasantes y, por lo general, no existe una supervisión.

También se determinó que el estar solos durante un año genera en los pasantes sensación de abandono por parte de autoridades educativas y de Salud e incluso incrementa su percepción de inseguridad, aunado a que, contrario a lo que establece la ley, el monto de la beca es insuficiente para que cubran sus necesidades.

Ante este panorama, se propuso un nuevo modelo de servicio social con enfoque en medicina familiar en el que se buscó el cumplimiento de un programa académico, el acompañamiento de los pasantes por parte de sus universidades y personal de Salud, además de su rotación en diversos campos clínicos, pero a pesar de la emisión de sus lineamientos, no prosperó.

“Ahora el Gobierno debe replantear sus estrategias, establecer vías de comunicación, tratar de llevar los servicios de salud adecuadamente a las cabeceras municipales, todo este tipo de fenómenos que dependen más de la política que de mandar a un pobre médico recién egresado a que vaya y resuelva los problemas de todo el pueblo”, dijo el médico legista Erick Saláis.

Protestas a nivel nacional

Las circunstancias en que actualmente se presta el servicio social por médicos pasantes ha provocado numerosas protestas a nivel nacional en las que se exigen condiciones dignas para laborar y plazas sin altos índices de violencia, luego de los hechos violentos cometidos contra pasantes, como el asesinato de Erick Andrade, estudiante de la Universidad Autónoma de Durango.

Durante las pasadas semanas alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se sumaron a las exigencias por medio de manifestaciones en las que solicitaron tanto a autoridades de Salud como a las de Educación la eliminación de plazas ubicadas en la Sierra de Chihuahua o con antecedentes de violencia.

Entre el IMSS, la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pensiones Civiles del Estado, en Chihuahua hay 519 campos clínicos, los cuales están distribuidos entre diversas comunidades y en las cabeceras de los municipios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El pasado jueves 14 de julio, en la UACJ se realizó un acto público en que se ofertaron 56 plazas de servicio social para la carrera de Médico Cirujano: 22 de IMSS-BIENestar –que corresponden a campos clínicos ubicados en la Sierra–, 17 de la Secretaría de Salud, 8 de IMSS Ordinario y nueve de Vinculación, pero tras las protestas fueron canceladas algunas plazas.

Sin embargo, durante las manifestaciones los pasantes de Medicina también exigieron la revisión de la normatividad que regula la práctica del servicio social porque, contrario a lo estipulado por la ley, se ven obligados a prestar su servicio en campos clínicos sin las condiciones de infraestructura necesarias e incluso sin medicamentos o materiales para atender a la población.

“La situación del pasante es prácticamente ‘o trabajas con lo que hay o simplemente no te titulas’ y muchas veces ni siquiera tenemos un paracetamol para bajar la fiebre”, dijo un médico pasante de la UACJ que actualmente realiza su servicio en una clínica rural, quien señaló que lo más frustrante de su trabajo es el desabasto de medicamento.

Además, los pasantes que a partir de mañana comenzarán su servicio social evidenciaron que contrario a lo establecido en la Norma Mexicana 009-SSA32013, en la que se señala que las plazas deberán darse a conocer 30 días antes de su oferta, la lista con los campos clínicos fue entregada por las autoridades el mismo día en que fueron asignados, lo cual los obligó a seleccionar sin conocer los lugares a los que serían enviados.

También reclamaron que a pesar de que la ley estipula una corresponsabilidad entre las instancias de Salud y las autoridades educativas para que el servicio social represente la última experiencia educativa antes de obtener su título profesional, se ha convertido en su primer contacto con el mundo laboral y en condiciones inadecuadas.

“El servicio social debe ser una inserción del profesional en el sector de salud para que empiece su ejercicio de manera decorosa porque en la época en que se instituyó, desde Lázaro Cárdenas, con este romanticismo de que los médicos van a ir a las comunidades a atender, las condiciones sociales eran muy distintas a las actuales”, dijo Saláis, egresado de Médico Cirujano de la UACJ.

Explicó que actualmente se simula la corresponsabilidad que debería existir entre las instituciones de Salud y las de educación superior para asegurar que las unidades de salud cumplan con las condiciones académicas necesarias. “Ni las unas ni las otras toman su responsabilidad de ser copartícipes en la formación de los pasantes”, dijo.

Además, la UACJ –como se advirtió en el foro de análisis tras los 80 años de la implementación del servicio social– es una de las instituciones de educación superior que no contemplan el servicio dentro de su programa académico e incluso el reglamento interno estipula que mediante el pago de inscripción podrán conservar sus derechos como universitarios.

“Entonces, ¿qué somos? De verdad es una duda que tengo”, cuestionó un pasante de Medicina en una reunión con el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, luego de que se les explicó que tras concluir su plan de estudios eran considerados egresados de la universidad, pero eso no los convierte en personal de la instancia de Salud donde prestarán su servicio social.

Las exigencias y quejas de los médicos pasantes de servicio social se han repetido en el transcurso de los años a nivel nacional y, a pesar de la existencia de un amplio marco legal que lo regula y de la intervención de las autoridades en el frente de las diversas instituciones, hasta el momento no se ha unificado su práctica.

“Necesita replantearse, repensarse, necesita volverse a legislar y necesita dignificarse el servicio social si se quiere seguir entendiendo como una figura actual y dejar claro que ya nada tiene que ver con su origen, que era la retribución social del médico hacia la comunidad”, dijo Saláis, quien apoyó las protestas de los pasantes de esta frontera.