Niegan discriminación en Universidad Cultural

Ciudad Juárez— Por medio de un escrito dirigido a esta redacción, el rector de la Universidad Cultural, Jorge Rojas, negó los señalamientos de discriminación realizados por dos estudiantes con discapacidad visual, quienes lo denunciaron públicamente por negarles el servicio educativo en su plantel y procedieron de forma legal con el apoyo de la asociación civil “Vamos a ver por ellos”. 

“Negamos quien se dice víctima de nosotros de nombre José Manuel M. y Alejandra E. se hayan realizado actos discriminatorios con motivo de padecer discapacidad visual, ceguera o debilidad visual, es más, nuestra Institución ha matriculado a más de un centenar de personas con algún tipo de discapacidad con apoyo psicológico y orientación vocacional, pues algunas veces no conocen los alcances que tiene una carrera profesional y nosotros sugerimos programas académicos que permitan desarrollar su máximo potencial” (sic), señaló Rojas. 

Además, explicó que “como fue el caso de José Manuel M. quien pretendió estudiar la licenciatura en psicología y dada la naturaleza de la profesión nosotros le propusimos estudiar la licenciatura en sistemas computacionales becado al 100% de colegiaturas y su respuesta fue negativa y al lado de quien se dice su madre dijo que nos denunciaría en los medios. Nuestra intención es y será siempre el beneficio máximo de nuestros estudiantes”.

Sin embargo, la madre de José Manuel, Rocío Aparicio, señaló que en ningún momento se le ofreció otra alternativa de estudios a su hijo, sino que únicamente se le negó la oportunidad de continuar en la universidad, a pesar de que al momento de realizar la inscripción al programa académico elegido a partir de los gustos y preferencias de José la escuela no expuso que hubiera algún inconveniente en admitirlo. 

Además, el rector Jorge Rojas dijo que “la Universidad Cultural (UC) es una Institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, con una filosofía de servicio social que ofrece a sus estudiantes la oportunidad de cursar licenciaturas para la superación profesional a precio inferior a cualquier institución privada”. 

Lo cual logra “otorgando estímulos de promoción en inscripción y colegiaturas, programa de Becas Romei para estudiar una primera, segunda y tercer carrera en licenciaturas y posgrados bajo la modalidad presencial o virtual con presencia local y estatal, somos una entidad académica respetuosa de los derechos humanos y condenamos enérgicamente cualquier tipo de manifestaciones de discriminación y formas conexas”.

En cuanto al caso de Alejandra Echegollen, quien denunció públicamente que en el 2019 Rojas la corrió de la escuela por tener debilidad visual, el rector explicó que “de la diversa denunciante Alejandra E. se niega cualquier acto señalado como discriminatorio, podemos decir que de acuerdo con nuestros registros se dio de baja de la licenciatura en psicología sin motivo expresado en ella”.

Sin embargo, Alejandra indicó que se le negó continuar sus estudios en la Universidad Cultural cuando solicitó que las letras de sus exámenes fueran más grandes para poder leerlas o que se le asignara a una persona que le ayudara con la lectura, pero además de negársele el servicio se le dijo que no podría seguir estudiando en el plantel e incluso se le cuestionó cómo alcanzó el nivel universitario con su condición. 

Ante lo sucedido, Olivia Aguirre, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), dijo que si bien la Universidad Cultural pertenece a la iniciativa privada, “el Estado le ha dado la facultad de participar en las funciones del Estado mediante un acto administrativo, permitiéndoles proveer un servicio público al amparo de una concesión (…) por lo que sus actos u omisiones son equivalentes a los de autoridad pues forma parte del Sistema Educativo Nacional”.

También explicó que los particulares que imparten educación, en cualquiera de sus modalidades, están obligados a cumplir con los dispuesto en el artículo tercero constitucional y la normatividad aplicable en la Ley General de Educación Superior, la cual en su artículo 7 sostiene que la educación superior deberá fomentar el desarrollo humano integral de los estudiantes a partir del combate a todo tipo de violencia y discriminación. 

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