Investigan a albergues por maltratos a migrantes

Ciudad Juárez.— Tras las acusaciones de distintas familias migrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan las presuntas violaciones a los derechos humanos y la trata de personas por parte del personal de los albergues Aposento Alto y Esperanza para Todos en Ciudad Juárez. 

Con la condición de que no fueran publicados sus nombres reales, y en algunos casos de que sus testimonios fueran expuestos una vez que estuvieran fuera del país, ocho familias migrantes narraron al colectivo Nómadas sin Rumbo haber sido víctimas de trabajo forzado, maltrato psicológico, acoso, ofrecimiento de drogas y amenazas de que, si se salían del albergue, en el que les cobraban la estancia, no podrían solicitar el asilo en Estados Unidos. 

A través de la carpeta con el número de expediente CNDH/5/2022/4809/Q, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzó el pasado 16 de mayo la investigación referente a la queja contra ambos espacios, ubicados en las colonias Lomas de Poleo y Rancho Anapra, por lo que al dar vista a la FGR, dicha instancia federal inició la carpeta por posible trata de personas con el número de oficio JUA/EILV/C4/611-202, sobre la que ayer no proporcionó más información. 

Al no existir una regulación adecuada de los lugares que atienden a personas vulnerables, el señalamiento a través de la queja interpuesta en la CNDH es hacia el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM). 

Llamado a las organizaciones

“Se hace el llamado a las organizaciones locales de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, las instancias nacionales e internacionales para que se haga revisión y proceso a la falsa casa de ayuda humanitaria a migrantes Aposento Alto y  la organizaciones hermanas Esperanza para todos y True Tree”, denunció el colectivo Nómadas sin Rumbo el pasado 8 de julio a través de un comunicado difundido en redes sociales.

El albergue Aposento Alto es dirigido por la pastora Belia H. y su hijo Néstor R., y recibe a población migrante desde 2019; el albergue Esperanza para Todos es dirigido por su hija, Grissel R., desde el año pasado, mientras que True Tree es la organización a través de la cual trabajan. 

Las familias que permanecieron en Aposento Alto entre noviembre de 2021 y abril de 2022 aseguraron a través del colectivo que además de pagar 200 pesos semanales por persona adulta, se les obligaba a consumir los productos que ellos mismos les vendían, incluso los apoyos humanitarios que entregaban al albergue organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) o la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnur).

‘A nosotros nos corrieron porque reportamos eso’

“Vendían las donaciones de Unicef, sacaban cosas, el papel, las pastas, las mascarillas… llegaron a donar leche, pampers, toallitas húmedas y todo eso lo vendían. A nosotros nos corrieron porque reportamos eso, que estaban vendiendo las cosas, y eso llegó a oídos de la pastora, porque le cancelaron un cheque de 24 mil pesos”, afirmó un centroamericano, quien ya se encuentra en Estados Unidos.

La queja interpuesta ante la CNDH señala que “las muchas violaciones a los derechos humanos que tiene este albergue recaen en un maltrato constante a las personas que se encuentran en procesos abiertos para obtener el refugio en los Estados Unidos; con vejaciones como trabajo forzado sin ningún tipo de sueldo, argumentando que era deber de ellos obedecer como pago de estar en el albergue, haciendo ver que el trabajo era voluntario cuando en los hechos no era así, llegando a incurrir en hostilidad y manipulación”.

También acusaciones de acoso

De acuerdo con las narrativas de los migrantes, algunos hombres fueron además víctimas de acoso por el hijo de la pastora, Néstor R., como el caso de “Enrique”, quien dijo que además era obligatorio a trabajar incluso durante la noche. 

“El hijo de la pastora a mí me acosaba prácticamente, porque había veces que me llamaba y yo iba a donde él, porque tenía que obedecer, porque si no lo corría a uno (…) él estaba como obsesionado”, “él me invitaba a que lo acompañara al doctor y llegamos allá al consultorio y se le acercaron unas enfermeras y le preguntaron que qué era yo de él y él les dijo que yo era el novio, que no sé qué, y eso me enfadó a mí”, aseguró el extranjero al colectivo.

“Nos llamaba por el radio y siempre que llegábamos lo encontrábamos desnudito, sin nada de ropa; a mí me decía que yo le gustaba, se me ofrecía”, relató. 

Dijo que durante el día se les obligaba a trabajar en la construcción dentro del mismo albergue, y una vez fue obligado a pintar el cuarto del hijo de la pastora durante la noche. 

“A mí me hacían trabajar de noche, toda la noche, y no era si yo quería, tenía que ir a trabajar (…) trabajo tras trabajo, proyecto tras proyecto, que tirando concreto, que levantado paredes de block, que haciéndole cuarto a ella de lavado… y sin pago ni nada, al contrario, a nosotros nos tocaba pagar semanal”, afirmó.

‘Nos decían que era por ser migrantes’

“Yo era del albergue Aposento Alto, a mí la pastora y su esposo me ponían a planchar, a limpiarles la casa. A mí me llevaban a asearle la casa a la pastora esa, a plancharle, a hacerle trabajos de limpieza, y pues si ningún pago, ellos nos decían que era por ser migrantes… mi hija terminó con problemas psicológicos”, narró a El Diario vía telefónica desde Estados Unidos “Fátima”, una migrante hondureña. 

Otro centroamericano aseguró al colectivo que se les hizo firmar un “contrato de confidencialidad” en el que se establecía que no podían dar a conocer nada de lo que pasaba en el albergue durante cinco años.

“Nos hizo firmar un papel de confidencialidad de que todo lo que estaba pasando en el albergue nosotros no lo teníamos que decir. (Nos decía) que van a perder el proceso si salen de aquí, que no van a poder pasar todo este tiempo. Todo el tiempo fue el miedo de nosotros ése, y el papel que él nos hizo firmar, que él nos podía meter presos en México o en Estados Unidos. Hemos recibido asesoría y nos dicen que ese papel no es legal”, denunció.

Presunta corrupción de menores

El colectivo dio a conocer además que Néstor, el hijo de la pastora, ofreció metanfetaminas a un adolescente migrante, por lo cual se dio conocimiento al Consejo Estatal de Población (Coespo), fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y fue detenido el 11 de junio pasado, pero fue dejado en libertad a cambio de una “compensación” económica. 

Al respecto, Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM), dijo que el apoyo se dio como parte de los servicios integrales que se ofrecen a las personas en movilidad. 

“Si se detectan situaciones de vulnerabilidad o situaciones que puedan violentar sus derechos humanos, lo conducente es vincularlos a la instancias de la administración pública”, informó. 

Mientras que hasta el cierre de esta edición la FGE no había dado respuesta a la petición de información sobre la denuncia presentada por el adolescente migrante a quien presuntamente le ofrecieron drogas los dirigentes de Aposento Alto, Grissel R., directora de Esperanza para Todos, dijo ayer que su hermano fue detenido, pero por una falta administrativa. 

“En este albergue se presenta maltrato a las personas que se encuentran en procesos abiertos para obtener el refugio en los Estados Unidos, con vejaciones como trabajo forzado sin ningún tipo de sueldo, retención dentro del albergue de manera obligada, coerción para firmar un acuerdo de confidencialidad, trabajo forzado a niños de 3 a 8 años argumentando de manera manipulada ‘que para ellos era un tipo de juego’”, señaló el colectivo sobre Aposento Alto.

Cobraban cuota por uso de agua, señalan

“Rosario”, una migrante michoacana que ya se encuentra en Estados Unidos, aseguró también a este medio que el año pasado tuvo que pedir ayuda para salir del albergue Esperanza para Todos, en donde pagaban 200 pesos por semana por adulto, además de 20 pesos para tener derecho a usar el agua y bañarse. 

Dijo que tenía que pedir apoyo a los vecinos del sector para cocinar los alimentos que ellos mismos compraban y bañarse, mientras que sus hijos pequeños tenían que escuchar en las noches las fiestas que terminaban hasta la madrugada, pero se les aseguraba que, si se salían de ahí, perderían toda posibilidad de cruzar la frontera en busca de asilo político. 

De acuerdo con el colectivo que hizo públicas las presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes, en Aposento Alto también se obligaba a los padres a que les hicieran creer a sus hijos que tenían que jugar a llenar botellas de plástico de arena. 

“Tú no le puedes pedir a un refugiado o un migrante en proceso de asilo en los Estados Unidos que firme un acuerdo de confidencialidad, primero porque sus datos deben ser cuidados, pero no cuidados para que ellos no hablen, sino para que la organización no hable”, señaló.

Que no se les reconozca

Lo que se busca, se dijo, es que estos espacios dejen de seguir siendo reconocidos como albergues por organizaciones de El Paso, y que dejen de llegar migrantes ahí, se pidió.  De acuerdo con el coordinador general del Coespo, Enrique Valenzuela, ninguno de los dos albergues pertenece a la red de espacios humanitarios registrados por la dependencia estatal.

“Por parte de Coespo no se les tiene considerados como espacios humanitarios”, Aposento Alto formó parte de la red cuando abrió sus puertas, en 2019, pero dejó de serlo “a partir de que se toma razón de las denuncias presentadas por parte de la misma población en albergue, a principios de abril de este año”, informó. 

El funcionario estatal también narró que tras acusaciones de migrantes, en 2019 acudieron él y otras instancias al albergue de Lomas de Poleo para entrevistar a los migrantes y ofrecerles ser trasladados a otros espacios humanitarios, pero nadie quiso salirse.

Dijeron estar conformes: Coespo

“Hablamos con ellos, estando ellos (los directivos) y no estando ellos, en la cocina, pero las mismas personas que ocupaban el albergue dijeron estar conformes con el trato que les daban ahí”, por lo que continuaron trabajando con el albergue, primero dirigido por Grissel y luego por su mamá y su hermano, hasta abril pasado. 

Dijo que “se han sumado varios señalamientos; entre tanto, no podemos nosotros proceder si estas personas no están dispuestas a presentar formalmente una queja o una denuncia en relación al trato que pudieran recibir. Pero efectivamente hemos tomado razón y corresponderá a la autoridad competente, en todo caso, tomar las determinaciones que correspondan”, señaló el funcionario.

Versión de los acusados

Al ser consultada al respecto, Grissel R. dijo deslindarse de todas las acusaciones sobre su albergue, y denunció la falta de ayuda por parte de las autoridades y organizaciones para mantener el espacio, que cuenta con una capacidad para 150 personas, pero que ha recibido hasta a 200, porque no quiere que la gente se quede en la calle. 

Dijo que debido a que paga 25 mil pesos mensuales de renta, cuando lo abrió se acordó que los migrantes adultos que tuvieran los recursos pagarían 200 pesos semanales de manera voluntaria, para comprar su propia comida.

“Ver de fuera las cosas es bien fácil, pero estar 24 horas, los siete días de la semana, atendiendo 100 personas, es un desgaste físico, emocional, y aparte sin paga (…) nosotros tenemos un reglamento y la gente se enoja cuando tiene que cumplir el reglamento”, externó. 

“Jamás se les vendió nada a las personas (…) ojalá nos visitaran (las autoridades), la verdad son muchos chismes y esto ha provocado que muchas organizaciones no nos apoyen, ni el Consejo Estatal de Población. Pero ni te ayudan, ni ayudan a la gente que está necesitada”, dijo quien actualmente alberga a 160 personas, entre niños y adultos. 

Además de labores forzadas

$200 cobraban a los migrantes adultos por semana para permanecer en los albergues

$20 era la cuota por el uso del agua y para bañarse