Diario
Juárez
sábado, 29 junio 2019 | 06:00
La sentencia emitida por un juez a favor de una estancia infantil de la ciudad de Chihuahua, la primera en el país, ordena a la Cámara de Diputados a hacer las adecuaciones al presupuesto para que se le entreguen nuevamente los recursos al centro demandante.
El documento agrega que si el presupuesto de la Secretaría de Bienestar es insuficiente para satisfacer los montos del programa conforme a las reglas que tenía en 2018 – de 950 pesos por niño–, la Cámara de Diputados tendrá que hacer las ampliaciones necesarias.
También establece que “el derecho a gozar de un medio ambiente sano no puede ser superado por intereses administrativos de las instituciones que prestan el servicio”.
La sentencia también establece que el interés superior del menor reviste un principio constitucional a través del cual se busca la mayor satisfacción de la totalidad de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.
El documento señala que la aplicación de este derecho exige la adopción de un enfoque que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.
El juzgador determinó que “el servicio de las estancias infantiles constituye una garantía de los derechos que componen el interés superior del menor al construir mecanismos a través del cual se materializan los mismos. No se encuentra solo un derecho en juego, sino que la existencia de las estancias infantiles – a juicio de quien suscribe- involucra el goce de todos los derechos de los menores ya que permite la efectiva realización de los mismos”.
En la sentencia se indica como autoridad responsable:
A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a través del presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura.
Al presidente de los Estados Unidos Méxicanos.
El C. director del Diario Oficial de la Federación.
Secretario de Bienestar.
De acuerdo al abogado Carlos Vargas del despacho Orienta quien lleva a cabo el proceso legal a favor de las estancias, una vez que se emitió la sentencia la tarde del jueves, a partir de ayer viernes las autoridades señaladas tienen un plazo de 10 días hábiles para impugnar, con lo cual pasaría a un tribunal colegiado quien debe resolver, pero la corte puede hacer valer la facultad de atracción y esto llevaría un proceso de seis a ocho meses.
En caso de que no impugne en esos 10 días hábiles se ejecuta la sentencia, tendrían que realizar el pago dentro de ese lapso o de lo contrario se determina la inejecución de la sentencia que podría culminar en la detención de dichas autoridades.
Cabe mencionar que en esta primera sentencia, los quejosos son la titular de la estancia infantil, la madre trabajadora en representación de su menor hijo con iniciales C.V.D.T.
El fallo fue emitido por el juez segundo de distrito Arturo Alberto González Ferreiro.
Son 176 estancias las que se ampararon en el estado de Chihuhuahua, en 80 se ha establecido el desacato de las autoridades correspondientes y en una se dictó sentencia hasta este viernes.