Emite TEJA resoluciones al 19% de casos pendientes

La Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó haber obtenido 20 resoluciones sancionatorias por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), o el 19 por ciento de los primeros 107 expedientes por probables faltas graves de este tipo que denunció como parte de las facultades fiscalizadoras que obtuvo en 2019.

Las cifras fueron proporcionadas por Rocío Chacón, vocera de la ASE, con base en el informe de labores del año anterior y en el que se observa que el TEJA ha rechazado también proceder en al menos otros 19 de los casos reportados por la instancia revisora estatal, además de haber dictado tres sobreseimientos.

Los 107 informes de presunta responsabilidad administrativa corresponden a los años de 2019 y 2020, y fueron citados por Chacón como los primeros que la ASE denuncia de manera directa al órgano jurisdiccional que entró en vigor hace casi cuatro años.

“Antes se pasaban las auditorías al Congreso para su aprobación y ahí determinaban si procedían o no las observaciones que hacía la auditoría; ahora no: ahora el sistema de fiscalización permite que la misma ASE, al detectar una falta, sea administrativa o incluso penal, pueda hacer la denuncia a donde corresponde”, explicó Chacón.

“Se ha definido que era un sistema de fiscalización política, ahora es un sistema de fiscalización técnica”, agregó.

La vocera informó que dentro de estas sanciones se encuentran las difundidas este 2024, como la del extesorero de Juárez en la administración anterior –Gerardo R. Ch.–, a quien la Auditoría acusó de contratar de manera simultánea “dos despachos para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del Impuesto Sobre la Renta, cuando no era necesario”.

Otra es la inhabilitación por tres meses del director de Obras Públicas y Servicios de Santa Isabel, por la contratación de su esposa como proveedora en 2020, y el de la síndica de ese ayuntamiento en 2019, quien “al mismo tiempo que cumplía con su función (…) celebró un contrato como proveedora del mismo municipio por 170 mil pesos”.

La más reciente fue difundida ayer por la ASE, que reportó la inhabilitación de un particular –de iniciales de iniciales M.P.V.G.– por utilizar información falsa para obtener un contrato de Pensiones Civiles del Estado.

“Como apoderada de la empresa Genéricos Inyectables de Guadalajara S.A. de C.V., la persona M.P.V.G. manifestó dentro del contrato que la empresa cumplía con el requisito de registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, sin embargo, resultó ser falso”, indicó la ASE.

Chacón –que dijo no tener el corte de los expedientes enviados al TEJA en 2021, 2022 y 2023– agregó que los casos son adicionales a otras 34 denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, también como parte de las atribuciones que le da el nuevo sistema de fiscalización.