Diario
Juárez
martes, 21 mayo 2019 | 06:00
Ciudad Juárez— Después de todas las notificaciones y aunque la mayoría de los citados atendió la solicitud de comparecencia, ayer de mutuo propio el Tribunal de Control determinó diferir la audiencia donde se iba a dirimir si fue correcto o no que el Ministerio Público (MP) archivara la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto a presuntas irregularidades en el fideicomiso del Plan de Movilidad Urbana (PMU).
La jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel dijo que no existían las condiciones para llevar a cabo la audiencia denominada “control judicial” y que fue solicitada por la ASE ante la determinación del MP -que dependen de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte- en el sentido de no ejercitar acción penal contra exalcaldes y funcionarios públicos emanados del PRI y que tuvieron intervención en el la implementación del PMU.
La juzgadora fijó otra audiencia para el 1 de julio próximo. El asesor jurídico de la ASE, Esaú Sánchez Pedroza interpeló la determinación de la jueza al señalarle que para esa diligencia no era necesaria la presencia de los posibles responsables del manejo inadecuado del Plan de Movilidad pues aún no tiene el carácter de imputados o acusados y cualquier determinación del Tribunal no va a representar un acto de molestia contra ellos.
El agente del agente del MP, César Reyes, no se opuso a lo planteado por el asesor jurídico de la Auditoría Superior, dijo que estaba a lo que el Tribunal determinara y los abogados de Héctor Arcelús Pérez, avalaron la postura de la jueza al señalar que se debe velar por los derechos de todas las partes, la garantía de audiencia y de ser notificado legalmente.
Quienes no se presentaron a la audiencia fueron Roberto Rentería Manqueros y Jorge Vázquez Guzmán, el primero de ellos ocupó el cargo de secretario del Ayuntamiento desde el primer período de la administración municipal de Armando Cabada y hasta diciembre del 2018 y el segundo fue administrador del Fideicomiso, respectivamente.
Rentería Manqueros fue notificado legalmente pero no acudió a la diligencia y Vázquez Guzmán no fue localizado para entregarle el aviso judicial. Ayer la jueza le otorgó al MP tres días para que aporte un nuevo domicilio donde Vázquez pueda recibir una notificación por parte del Tribunal.
El único que acudió personalmente, acompañado por dos abogados, fue Héctor Arcelús Pérez. El resto de los políticos y funcionarios enviaron representantes legales.
El abogado Nahúm Nájera Castro acudió a la diligencia en representación de los expresidentes Municipal, Héctor Murguía Lardizábal y Javier González Mocken; así como de Arcadio Serrano García, quien fungió como director de Obras Públicas en la administración municipal de 2010 a 2013.
El litigante Dante Gilberto Acosta fue ante el Tribunal en representación de los ex alcaldes Enrique Serrano Escobar y también del ex edil Héctor González Mocken; así como de Juan Miguel Orta Velez, quien se desempeñó como tesorero municipal; Jorge Mario Quintana Silveyra, fungió como secretario Municipal y Manuel Ortega Rodríguez, director de obras públicas, todos del el trienio 2013-2016.
Los abogados Miguel Mendoza Escamilla y Enrique Guzmán Aguilar acudieron en nombre del alcalde Armando Cabada Alvidrez y de Oscar Luis Pérez Pérez, este último fue tesoreso en el periodo 2016 a 2018.
El litigante Oscar Armando Ruvalcaba Razo representó Héctor Manuel Anguiano Herrera, ex director de obras Públicas en 2013 a 2016 y Ernesto Mendoza Viveros, él también fue el administrador de fideicomiso del PMU.