De nuevo sin delegado el INM

El Instituto Nacional de Migración (INM) carece de titular al ser concentrado en la Ciudad de México Marco Antonio Fraire Bustillos, quien estuvo, sin ratificar, al frente de la oficina de representación en el estado de Chihuahua casi tres semanas, informó ayer el delegado estatal de los Programas para el Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Será la próxima semana cuando se den a conocer los nuevos cambios durante la visita del comisionado Francisco Garduño Yáñez, quien realizará una visita por las estaciones migratorias, adelantó. “No sólo del nuevo titular, sino de otros cambios al interior del instituto”, agregó.

La oficina regional del INM permanece acéfala desde hace más de una semana, en una de sus peores crisis de credibilidad institucional por acusaciones de corrupción contra diversos mandos, el asesinato de uno de ellos y los cambios del responsable de la oficina, lo que impide la consolidación de una política migratoria en esta frontera. 

“El Instituto Nacional de Migración es una red de corrupción que opera igual que la delincuencia organizada”, aseguró ayer el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien ha llevado sus denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría Interna, sin que las secretarías de Gobernación y de la Función Pública tomen cartas en el asunto, aseguró.

“Si existe corrupción ahí es porque siguen personajes del pasado, no sólo dentro de Migración sino en otras áreas del Gobierno federal, que no han entendido lo que significa la Cuarta Transformación, siguen enamorados de sus cargos y no tienen empacho para retirarse de ahí”, apuntó Loera de la Rosa. 

En el presente sexenio, el INM ha contado con cuatro titulares de la oficina regional con sede en esta frontera. El primer nombramiento recayó en el investigador y catedrático universitario Héctor Antonio Padilla Delgado, quien estuvo en el cargo desde febrero hasta el 16 de octubre del 2019.

Posteriormente fue nombrado el general retirado Pedro Alberto Alcalá López, quien permaneció al frente del INM desde el 24 de octubre del 2019 hasta el 29 de septiembre del 2021; el pasado primero de octubre fue designado el contralmirante Salvador González Guerrero hasta el 15 de mayo, cuando lo concentraron en la Ciudad de México y en su lugar quedó Marco Antonio Fraire Bustillos, mismo que no fue ratificado. 

Corrupción enquistada

El 15 de abril del año en curso fue asesinado Lorenzo Gabriel Pico Escobar, quien fungía como representante de la estación migratoria de Janos. El archivo periodístico refiere que el servidor público fue señalado en probables actos de corrupción, sin que ninguna autoridad refiriera la apertura de una carpeta de investigación.  

Tras el ataque en el que murieron además el comandante de la Fiscalía Distrito Noroeste y su escolta, así como tres civiles, la hipótesis inicial fue que el blanco del atentado era el mando policiaco, descartando que la emboscada fue dirigida a Pico Escobar.  

“No son especulaciones, sabemos que Pico Escobar les quiso subir la cuota a los narcos y por eso lo mataron”, afirma el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien sostiene que la delincuencia organizada mantiene el control total del tráfico de personas migrantes en la región noroeste y los funcionarios del INM forman parte de la red de corrupción, como lo ha denunciado ante la Función Pública sin resultados.

“Lo que es el área de Palomas y Janos es ahorita la zona más caliente para pasar migrantes a Estados Unidos; Migración y los narcotraficantes tienen todo organizado, Pico Escobar tenía todo arreglado pero cuando quiso subir la ‘cuota’ lo atacaron. La FGR no quiso aceptar la investigación de un empleado federal asesinado en funciones porque no quiere ser responsable de destapar la cloaca que trae INM”, sostuvo el especialista en temas migratorios. 

“Y los mandos ahí siguen. Llevan años explotando y viviendo de los migrantes”, dijo el abogado.

Desesperado por la corrupción interna que, asegura, existe en el INM, hizo pública la denuncia en contra de Roberto Gaytán Saucedo, Daniel Goray Yosioka, el contralmirante Salvador González Guerrero y José Guillermo Reynoso Ramírez, por los delitos previstos en la Ley de Prevención de la Tortura y Vejaciones, así como abuso de autoridad, según las carpetas 261/2022 y 633/2022.

En un desplegado periodístico dirigido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le hizo saber los “métodos criminales” que se practican en las estaciones migratorias de Juárez y Janos, en perjuicio de los ciudadanos que tienen retenidos en esos puntos. 

“En resumen, los delitos denunciados fueron por los hechos de impedir que los denunciantes obtuvieran el derecho de defenderse en sus juicios de amparo, impidiendo que sus representantes legales se entrevistaran con los afectados y además se les intimidó para que se desistieran de sus juicios de amparo para luego ser expulsados del país”, detalló Vázquez Campbell al narrar lo que ocurrió en la estación migratoria de Juárez en uno de los casos que él defiende.

En la estación migratoria de Janos, a cargo de Leticia Magallanes y en la que Karina Hernández funge como responsable del área jurídica, intimidaron a los denunciantes para que se desistieran de sus amparos y sin esperar a que causara ejecutoria el auto de desistimiento deportaron a todos los denunciantes, violando el auto de suspensión que los amparaba y de esta manera evadieron que las víctimas declararan, según consta en la carpeta 2039/2022 interpuesta ante la FGR, dijo el abogado.  

¿Qué es lo que ocurre?

El Instituto Nacional de Migración cuenta con tres estaciones migratorias en el estado, una se encuentra en la ciudad de Chihuahua, otra en Janos y una más en esta frontera; todas dependen directamente del titular de la oficina de representación que, hasta el pasado 15 de mayo, estuvo oficialmente a cargo del contralmirante Salvador González Guerrero. 

En el organigrama estatal del INM, después del encargado de la oficina de representación, le siguen los subrepresentantes locales en Juárez y Chihuahua. El primero es Daniel Goray Yosioka, quien laboró en la Subdirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el segundo es el coronel José Javier Porres Olson.

Las irregularidades documentadas, no sólo por el abogado migratorio sino por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos, exponen que a los migrantes asegurados por diversas corporaciones policiacas y que son puestos a disposición de la estación migratoria en Juárez, el agente de INM José Guillermo Reynoso Ramírez, les ofrece ampararlos.

El servidor público llega incluso a solicitar el teléfono para comunicarse con los familiares y pedirles el dinero para el trámite del amparo, en un contrasentido de su responsabilidad como servidor público del INM ante los actos del propio instituto, explican.

Este agente federal, en contubernio con despachos de abogados, llega a cobrar como mínimo 5 mil pesos el amparo a cada migrante, sin embargo y como lo denuncia Vázquez Campbell, el amparo de nada sirve ya que cuando llega el actuario con los migrantes, éstos ya fueron expulsados del país. 

Otra forma de corrupción en las estaciones migratorias es el robo en pequeño contra los extranjeros, principalmente. 

El personal del INM retira las pertenencias de valor, incluido el dinero, a cada uno de los migrantes que ingresa a la estación migratoria. Cuando se van del país, no les regresan las pertenencias, incluido el efectivo que traían consigo.  

Ya sin dinero y pertenencias, el personal de seguridad, en contubernio con los agentes federales del Instituto, los insta a solicitar dinero a sus familias y ellos les “prestan” sus tarjetas de débito a cambio de una “cuota”.  

“Les dicen a las y los migrantes que les pueden depositar dinero si necesitan para sus gastos y les dan las cuentas de los guardias de seguridad; las familias les depositan a los guardias y ellos van y cobran el dinero, les quitan una parte que se divide entre los guardias y los agentes y le dan el resto al migrante”, dijo la integrante de una organización civil que pidió la reserva de sus datos generales por temor a represalias. 

Estos actos de corrupción son promovidos por los dos responsables de la estación migratoria Juárez, Daniel Goray Yosioka y Roberto Gaytán Saucedo, aseguró la quejosa, que junto a otras organizaciones de la sociedad civil, también ha documentado las actuaciones irregulares del INM. 

El Diario buscó a los funcionarios mencionados y al área de Comunicación Social de la dependencia para solicitar su versión respecto a las denuncias, sin obtener una respuesta a la petición de entrevista.

Desfiladero de directores

• Héctor Antonio Padilla Delgado, desde febrero hasta el 16 de octubre del 2019

• Pedro Alberto Alcalá López, del 24 de octubre del 2019 al 29 de septiembre del 2021

• Salvador González Guerrero, del 1 de octubre de 2021 al 15 de mayo de 2022

• Marco Antonio Fraire Bustillos, fue nombrado en lugar de González, pero no ha sido ratificado

Los señalamientos

• El  pasado 15 de abril fue asesinado Lorenzo Gabriel Pico Escobar, quien fungía como representante de la Estación Migratoria de Janos

• El servidor público fue señalado por probables actos de corrupción, sin que ninguna autoridad refiriera la apertura de una carpeta de investigación

• De acuerdo con el abogado Jorge Vázquez Campbell, Pico Escobar “les quiso subir la cuota a los narcos y por eso lo mataron”