‘Clausuran’ CEDH porque no prosperan quejas

Ciudad Juárez— Activistas sociales que encabezan diferentes causas clausuraron de manera simbólica las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al asegurar que no los representa debido a que, pese a la cantidad de quejas que han interpuesto contra instituciones de las que han sufrido vejaciones, no ha hecho nada para defenderlos.

Aseguran que las quejas se quedan sólo en expedientes archivados, sin que se exija a las instituciones reparar el daño o que aplique la justicia.

“Encontrar a mi madre en la calle, sucia, peor que vagabunda, después de vender su casa, es algo que nunca me he podido quitar, lo traigo aquí muy adentro”.

Así dijo ayer Yolanda Agüero Miranda, una de las manifestantes, al insistir en que el gobernador Javier Corral se aprovechó de su madre, Esperanza Miranda Molinar –entonces de 90 años–, para hacer un trato y ‘despojarla’ de su casa, en la que actualmente vive el mandatario, en el cruce de las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña.

Yolanda forma parte del contingente que la próxima semana acudirá a la Ciudad de México en busca de apoyo del Senado debido a que sus denuncias, que son diversas, interpuestas en la CEDH y Fiscalía General del Estado (FGE), no han tenido ningún avance en lo que va de la administración de Corral, ya casi por concluir.

El caso de Esperanza Miranda –quien actualmente vive en un asilo– ha sido denunciado en instancias oficiales cinco veces por su hija Yolanda, durante más de cuatro años, desde que  Agüero Miranda rescató a su madre de la calle, según contó.

Señaló que Corral Jurado, desde antes de que tomara protesta como gobernador, trajo a su madre Esperanza buscándole casa e insistiendo que le vendiera la propiedad en mención. A sabiendas de que la dueña de esa finca tenía un problema agudo de ludopatía, le daba dinero para convencerla, aseguró Yolanda.

Finalmente, de un valor cotizado en un millón 800 mil pesos, la casa fue comprada por el ya gobernador en funciones en un millón 200 mil pesos, en abonos, comentó la entrevistada.

Aseguró que fueron intermediarios propuestos por la parte compradora quienes le abrieron a doña Esperanza una cuenta bancaria y le depositaron parte de ese dinero, para luego ‘echarla’ a la calle, indicó.

La casa, que legalmente es propiedad de Corral, consta de 362 metros cuadrados, y según datos del Registro Público de la Propiedad, el 11 de abril de 2017 quedó bajo la inscripción 99 del folio 128, libro 2487 sección primera.

Yolanda Miranda afirma que su madre no estaba en condiciones físicas y mentales de negociar la venta de su casa, ya que para el 2017, cuando se hizo el trato, además de tener el problema de ludopatía, tenía “un trastorno depresivo por la muerte de una hija, que se agudizó con la venta de la casa”, según certificó posteriormente el psiquiatra Alfredo Espinoza Aguirre, con domicilio en la calle Carbonel 2932 de la ciudad de Chihuahua.

La entrevistada recordó que con el dinero que le depositaron a su madre por la transacción le dieron una tarjeta bancaria y, ya en condición de calle, los adictos del sector que la conocían y supieron del hecho se aprovecharon para robarle dinero y mantener sus vicios.

De todo lo anterior, dijo Yolanda, se han interpuesto denuncias en Juárez y Chihuahua ante la CEDH y FGE para que sea investigado Corral “por haberse aprovechado de la situación”, pero en ninguna instancia ha prosperado.

La denunciante dice haber sufrido represalias desde hace cuatro años, cuando comenzó a denunciar públicamente este incidente, incluso directamente de Corral.

Agregó que el gobernador la buscó en su negocio situado en el municipio de Creel para advertirle que habría consecuencias “si no dejaba las cosas como estaban”.

“Vino a mi negocio en varias camionetas de la Policía, se bajó y me dijo: ando buscando un buen cinto para darte unas buenas nalgadas”, expuso Yolanda, al tiempo en que mostró la fotografía que –afirmó– le tomó al mandatario en ese percance, sucedido a pocos meses de que Corral asumiera como gobernador de Chihuahua.

Yolanda comentó ayer que ya tienen cita en la Ciudad de México con senadores que la próxima semana atenderán sus demandas, al igual que las del resto de personas que ayer se manifestaron frente a la CEDH, que no les han dado seguimiento a las quejas interpuestas por varios casos como el suyo, asintió.

Abundan quejas

Con una cinta roja de las que se usan para delimitar las escenas del crimen, manifestantes cerraron la entrada del organismo y exhibieron piñatas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y otra de Javier Corral, las cuales tenían los ojos cubiertos y un cubrebocas con manchas rojas que simbolizan sangre.

La manifestación fue convocada por Elisa Flores, dirigente de Chiricagua Mujeres Indígenas y Ecocanis, quien afirmó que sufrió un intento de secuestro debido a que como activista a favor de los animales ha interpuesto más de 200 denuncias y más de 20 quejas ante la CEDH contra funcionarios que no los han atendido.

“Convocamos a los activistas y organizaciones porque tenemos el mismo resultado, que es nada. Traigo la foto de mi hijo de nueve años porque sufrimos un intento de secuestro, él tiene problemas ahorita porque se asustó y pusimos la denuncia en Fiscalía, nos trataron muy mal y venimos a imponer la queja y hace una semana y media nos hablaron y nos dijeron que si todavía queremos atención psicológica; es una burla”, mencionó.

Acudieron además madres de niños con discapacidad, quienes aseguraron que ante la discriminación y malos tratos que han recibido en las escuelas particulares, la CEDH no ha hecho nada pese a existir quejas.

“A mi hija la dejaron a un lado del escritorio sentada en el piso para no batallar, sé que ha habido denuncias y queremos que sean atendidas y que no haya más maltrato”, agregó Martha Maturino. 

Integrantes de la comunidad trans denunciaron que constantemente son víctimas de abusos por parte de corporaciones policiacas, sin que Derechos Humanos haga nada.

Acudió también José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, desaparecida desde hace 12 años.

Los manifestantes fueron atendidos por el visitador titular de la CEDH, Eduardo Sáenz Frías, quien dijo que en cada uno de los casos se verá cuáles fueron los acuerdos que se tomaron anteriormente para tener la posibilidad de darles una respuesta concreta.

Sin embargo, los inconformes aseguraron que acudirán ante instancias nacionales.