Corrupción en el PMU; audiencia hoy

Busca ASE enjuiciar a tres alcaldes

Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken, en la mira de la Auditoría Superior

Verónica Torres
El Diario de Juárez
lunes, 20 mayo 2019 | 06:00
El Diario de Juárez |

Ciudad Juárez— Hoy lunes será abordado en un Tribunal de Control el caso del Plan de Movilidad Urbana que involucra deuda del orden de 5 mil 249 millones de pesos y a alcaldes de diferentes administraciones de Ciudad Juárez.

Con este fin están citados los exalcaldes priístas Héctor “Teto” Murguía Lardizábal, Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken, así como el independiente Armando Cabada Alvídrez, actual munícipe, de acuerdo con un documento oficial al que tuvo acceso El Diario.

En un acto sin precedentes la Auditoría Superior del Estado (representada por el auditor especial Jesús Raymundo Mata Cárdenas) se enfrenta hoy a la Fiscalía General del Estado (representada por la MP María Esther Neri) para obligarla, mediante una orden judicial, a investigar la denuncia por irregularidades detectadas en el Fideicomiso del PMU, que arrancó en 2013.


Sería histórico

La audiencia está fijada a las 12:00 horas y presidirá la juez Nancy Cristina Reyes Esquivel, quien decidirá si ordena al Ministerio Público que investigue la denuncia, pues esta representación había resuelto abstenerse después de casi un año de recibirla en 2018.

Esta sería la primera vez en la historia de Juárez en que podrían presumirse delitos cometidos por diferentes alcaldes de varias administraciones públicas por un mismo caso.

También existe la posibilidad de que la juez ratifique la determinación del MP de abstenerse de investigar, según lo publicado por El Diario de Juárez el pasado 28 de abril.

Según informes de la ASE la denuncia por irregularidades detectadas en el PMU se presentó el 7 de marzo de 2018 cuando el Congreso del Estado dio vista para que se iniciaran las acciones legales en contra de los funcionarios públicos que resultaran responsables.

Pero no fue sino hasta el 19 de diciembre de 2018 (nueve meses después) que la agente del MP María Esther Neri Olmos intentó evadir la investigación elaborando una resolución absteniéndose, lo cual notificó hasta el 21 de enero de 2019, habiendo transcurrido casi un año.

Sin embargo, el pasado 5 de febrero la ASE presentó ante el Juzgado de Control una impugnación a la resolución del MP por medio del auditor especial de Normatividad y Seguimiento, Jesús Raymundo Mata Cárdenas.

En su solicitud Mata Cárdenas pidió que el tribunal revise el trabajo del agente del MP a cargo de la carpeta de investigación, pues presume que la representación social “ha actuado con vicios y dilaciones en la indagatoria”.

Cabe aclarar que en este tipo de audiencias es necesaria la presencia de la parte que denuncia (la ASE) y del MP, pero no obliga a asistir a los acusados (a los exfuncionarios municipales), quienes en su mayoría han evitado comentar al respecto.

Para el día de hoy fueron citados también los exsecretarios del ayuntamiento Héctor Arcelús, Jorge Quintana y Roberto Rentería, así como Óscar Luis Pérez y Gerardo Silva, extesorero y exdirector de Obras Públicas.

Al respecto el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, declaró a El Diario de Juárez que en caso de que la juez establezca que el MP debe investigar, su tarea como titular de la ASE estará encaminada a proporcionar los elementos para explicar “por qué las conductas (denunciadas) pueden encuadrar en un delito”.

Cuestionado sobre si el MP pudo haber incurrido en algún tipo de responsabilidad, Acosta Félix consideró que efectivamente puede ser así, “por no haber actuado en tanto tiempo”, ya que transcurrió casi un año desde que recibió la denuncia hasta que resolvió abstenerse de la investigación.

Se le preguntó también si la revisión del PMU de Ciudad Juárez continúa por parte de la ASE a lo que respondió que en 2019 no, puesto que este tipo de casos no se siguen de oficio “y la auditoría que se hizo estuvo muy completa”.

Como se informó antes, la audiencia programada es de control judicial, un medio de impugnación que tiene cualquier víctima contra las resoluciones emitidas por el Ministerio Público básicamente contra la determinación de no ejercer acción penal al considerar que los hechos denunciados no configuran una denuncia, de archivar el asunto o sobreseerlo, lo que conlleva a la no judicialización de los casos.


Observaciones al Plan de Movilidad

En su dictamen la Auditoría Superior del Estado determinó que el crecimiento de la deuda violó lo dispuesto por la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado de Chihuahua, pues aumentó en más de 3 mil 200 millones de pesos respecto al monto autorizado en su inicio por el Congreso, que era de poco más de dos mil millones.

El estudio realizado al PMU por la ASE establece que los servidores públicos responsables del proyecto en los gobiernos de Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken, presuntamente incumplieron con la legalidad.

El documento, al que tuvo acceso El Diario establece que se modificaron los convenios entre el Municipio y la empresa contratada, sin la autorización del Congreso, a pesar de que había una comisión legislativa que le daba seguimiento.

Dichos ajustes financieros –además del impacto que generó el aumento del IVA en 2014– provocaron que la deuda pasara de 2 mil 77 millones a 5 mil 249 millones de pesos.

Entre las principales irregularidades observadas por la Auditoría Superior del Estado destaca el hallazgo de un beneficio futuro de casi 500 millones de pesos para la empresa contratada, que afecta a las finanzas municipales.

Asimismo se señala que se cambió “el principal concepto” contratado originalmente del Proyecto de Movilidad Urbana, que correspondía a la calidad del concreto reforzado con el que se pavimentarían calles y vialidades, resultando en material de menor calidad y por lo tanto de menor precio.

Según el documento al que tuvo acceso El Diario, el resumen de las irregularidades encontradas en el manejo del PMU incluye el incumplimiento de sus objetivos, que eran garantizar los desplazamientos de los juarenses dentro de la ciudad a través de redes de conexión locales. 

Se menciona un indebido manejo de los recursos que fueron destinados y pagados, simulación de actos jurídicos, manipulación de proyectos y contratos, información alterada o falsa y se observan irregularidades en 44 obras.Un poco de contexto

El banderazo del proyecto de infraestructura más ambicioso para Juárez se dio en enero del 2013. El Plan de Movilidad Urbana estaba en marcha.

Con ese plan se pretendía la rehabilitación de 25 tramos de vialidades, la construcción de otras 26, la edificación de seis puentes, la canalización del Dren 2-A, así como la rehabilitación de cuatro tramos de imagen urbana y mejoras como señalización, banquetas y reforestación.

La garantía de estas obras era de 20 años, tiempo en el que se liquidaría su costo final, y en el que supuestamente la empresa contratada se haría cargo del mantenimiento, cosa que no sucedió. Tampoco hubo supervisión.

Al poco tiempo se dieron señalamientos de múltiples fallas en su ejecución pues empezaron a presentarse daños en las calles pavimentadas, faltaban semáforos que tenían qué haberse instalado, señalización, muchos árboles plantados se secaron y se detectaron omisiones para la accesibilidad de personas con alguna discapacidad.

Igualmente se presentaron y discutieron en varias sesiones del ayuntamiento y del propio congreso del estado los manejos financieros del plan.

El Municipio, como ente administrativo responsable, fue modificando el convenio original de acuerdo a las circunstancias y necesidades del momento sin el necesario aval del Congreso del Estado y con ello la deuda se elevó mucho más de lo proyectado.

Una de las acciones reprobadas por la ASE consistió en la cancelación de 16 obras, según acta del comité municipal del 9 de marzo del 2015, en donde se establece la supresión de 16 obras por un monto de 236 millones 192 mil 225 pesos, para lo cual tampoco se contó con el aval del Congreso.

Es de observarse también que ninguna administración municipal realizó oficialmente la entrega-recepción del PMU, lo cual fue señalado también por la ASE como otra irregularidad. 



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