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Juárez

Beneficia a cárteles política migratoria

Miles de extranjeros son obligados a permanecer en México, a merced de grupos delictivos

Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez

miércoles, 23 marzo 2022 | 11:37

Cortesía | Manifestación para exigir fin al Título 42 cortesía | Naciones unidas Cortesía | Albergue Tierra de Oro

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El mismo día que los integrantes de una pandilla hondureña los amenazaron con llevarse a su hija porque no quisieron trabajar con ellos, Ariela y su esposo hicieron una maleta, juntaron sus ahorros y vendieron su automóvil con la única esperanza de llegar a Estados Unidos para ponerse a salvo, pero después de ser engañados por los ‘coyotes’ y permanecer nueve días privados de la libertad, cuando finalmente llegaron a Río Grande, Texas, fueron expulsados a Ciudad Juárez bajo el Título 42.

Desde el 20 de marzo de 2020 los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden han realizado un millón 721 mil 035 expulsiones a través de todo Estados Unidos, de las cuales 243 mil 410 fueron por el Sector El Paso, con el argumento de que los migrantes representan un riesgo para la propagación de Covid-19. 

A través de la política sanitaria, los migrantes son devueltos a México o a su país de origen sin la oportunidad de solicitar asilo político, lo cual “viola la ley nacional y los tratados internacionales” y se ha convertido además en “una bendición financiera para los cárteles en México que se enfocan en personas expulsadas a México”, demandaron organizaciones estadounidenses como Human Rights First.

Al 15 de marzo de 2022, Human Rights First había identificado al menos 9 mil 886 informes de secuestro, tortura, violación y otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México debido a la política del Título 42, durante la administración Biden.

“Los grupos delictivos organizados monitorean y atacan a las personas expulsadas o bloqueadas de los Estados Unidos, torturan y agreden sexualmente a los secuestrados, exigen miles de dólares en rescate a los familiares estadounidenses y matan a quienes intentan huir o cuyas familias no pagan”, denunció la organización al Gobierno de Biden. 

Señaló además que las autoridades mexicanas, incluida la Policía, la Guardia Nacional y los funcionarios de Migración, por lo general no previenen los ataques contra los solicitantes de asilo y, a menudo, son cómplices de esta violencia. 

Las expulsiones del Título 42 “socavan la seguridad a lo largo de la frontera” y los agentes estadounidenses “no pueden entrevistar a fondo a las personas bajo custodia”.

En algunas regiones fronterizas “el crimen organizado se ha vuelto tan protector de los negocios que ha hecho con el cierre de la frontera que ha comenzado a vigilar los puertos de entrada… y a hostigar a los migrantes que intentan ser procesados allí”, demandó la organización. 

Mientras que a través de redes sociales –y en ambos lados de la frontera– se han realizado manifestaciones para exigir el fin del Título 42, en Ciudad Juárez migrantes y activistas del Instituto Fronterizo Esperanza (Hope Border Institute) pegaron en el bordo del río Bravo 42 imágenes de personas que han sido expulsadas de Estados Unidos, a manera de protesta. 

“Cada imagen representa a otros a los que se les ha negado el acceso al asilo”, señaló la organización estadounidense, que apoya a los migrantes en esta frontera.

Debido al Título 42, Ariela y su familia se encuentran “atrapados” en México desde hace siete meses, ya que aseguran que no pueden regresar a Honduras para no poner en riesgo a su hija, quien cumplió los 15 años en esta frontera. 

Ellos salieron en julio de su país, con sus ahorros, una maleta de ropa y sus documentos personales. Viajaron en su automóvil hasta la frontera con Guatemala, en donde contrataron a un “coyote” que les cobró 12 mil 500 dólares para llevarlos hasta Estados Unidos, pero al llegar a Villahermosa, Tabasco, los metió en una bodega junto a 43 personas más y nunca regresó por ellos.

“Duramos nueve días ahí encerrados, nos dio Covid, no nos podíamos ni levantar. Un niño llegó con fiebre, luego cayó otro niño y así se fueron enfermando. Nosotros fuimos de los últimos, cuando nos sacaron de ahí nosotros empezábamos a estar mal”, recordó la centroamericana de 36 años. 

Dijo que nueve días después los vecinos se dieron cuenta de que estaban encerrados y de que ya se les había acabado la comida y el agua, por lo que lograron sacarlos. 

El “coyote” que abandonó al grupo nunca les volvió a contestar el teléfono. Contactaron a otro, el cual les cobró 2 mil 800 dólares por llevar a los cuatro de Villahermosa hasta Monterrey, luego a Reynosa y finalmente a Ciudad Camargo, Tamaulipas, en donde tuvieron que pagar 2 mil dólares más por cruzar el río a través de una balsa. 

Después de 12 días de cruzar México, finalmente ingresaron a Estados Unidos y estuvieron detenidos por cinco días antes de ser trasladados en un avión hasta El Paso, en donde les pidieron la dirección y los nombres de quien los iba a recibir en Estados Unidos, a quien le hablaron y le dijeron que serían trasladados a un albergue de una organización y posteriormente le llamarían para que les enviara sus boletos de transporte. 

En El Paso fueron revisados de la cabeza y de todo el cuerpo, para descartar que tuvieran piojos o alguna otra enfermedad, les tiraron toda su ropa y los hicieron cambiarse. 

Nunca, ni al detenerlos en Río Grande, ni en El Paso, les preguntaron los motivos por los que huían de su país; tampoco los dejaron dar explicaciones. Y a quienes eligieron para quedarse dentro de Estados Unidos los escogieron al azar, aseguró Ariela. 

“Les decían: ven tú, ven tú. Nada más, viéndolos les hacen señas… luego dicen: a esos no, y los meten a la hielera”, relató. 

Dos días después, el 16 de agosto, los subieron a un camión. Al bajar los formaron y los guiaron hasta la mitad del puente internacional Stanton-Lerdo, en donde un agente de la Patrulla Fronteriza les señaló con la mano que debían de seguir caminando hacia el sur, hacia donde decía: Bienvenidos a México. 

Durante meses, la familia permaneció en dos albergues de la ciudad, así como en el hotel filtro debido a que enfermaron de varicela, hasta que el 12 de diciembre del año pasado decidieron volver a intentar llegar a Estados Unidos, por lo que cruzaron nuevamente el río para pedir a los agentes estadounidenses una oportunidad, pero en menos de media hora ya habían sido expulsados a México por segunda ocasión, bajo el Título 42.

Al volver a Juárez la familia intentó regresar al albergue del gimnasio municipal “Kiki” Romero, pero les dijeron que no aceptaban reingresos, por lo que dos días pidieron ayuda para dormir en una casa.

Después consiguieron un cuarto en una vivienda en la que les cobraban mil pesos mensuales de renta, pero sufrieron abusos y malos tratos por parte de los propietarios, lamentó Ariela, quien con apoyo de su hermana y su comadre, y los trabajos eventuales que ha conseguido su esposo en Juárez, continúa actualmente en la ciudad en otra casa de renta.

“Ha sido bien difícil, pero uno siendo migrante da las gracias por el techo”, aseguró al pedirle al Gobierno de Estados Unidos que ponga fin al Título 42 para que puedan ser escuchados por un juez de inmigración y les otorguen el refugio internacional. 

Sufrimiento y temor

Rafael, su esposa y su hijo de 7 años también fueron expulsados en agosto por Ciudad Juárez después de haber cruzado la frontera entre Reynosa y McAllen, por lo que desde entonces permanecen albergados en espera de poder llegar al vecino país. 

“Hemos sufrido mucho desde junio que salimos de nuestro país, sufrimos en el camino. Ya no queremos regresar a Guatemala por el peligro que corremos allá. Nos entregamos con la migración de Estados Unidos de manera legal, para respetar las leyes”, lamentó el centroamericano que trabajó por un tiempo en la ciudad pero debido a que no cuenta con una estancia regular en el país teme salir del albergue en el que se encuentra. 

A dos años de la implementación del Título 42, organizaciones como Human Rights First han presionado a Biden para que le dé la bienvenida a los migrantes y termine con la política que turba la credibilidad global del vecino país y el respeto por el derecho internacional, ya que el gobierno de Biden pide a otras naciones que den la bienvenida a los refugiados y, al mismo tiempo, rechaza a los solicitantes de asilo en violación de la ley de refugiados. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx

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