Acude Garduño a primera firma por tragedia en INM

Ayer martes 2 de mayo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, acudió a realizar la primera firma ante la Unidad Estatal de Supervisión a Medidas Cautelares (UMECAS) en cumplimiento a lo dispuesto por el juez federal de Control, Víctor Manlio Hernández Calderón. 

Esta disposición fue ratificada por el juzgador el pasado 30 de abril, cuando resolvió vincular a proceso al comisionado acusado del ejercicio indebido del servicio público por la muerte de 40 extranjeros y las lesiones que sufrieron 28 más, durante el siniestro ocurrido el 27 de marzo en la estancia provisional Juárez. 

Al resolver las medidas cautelares solicitadas por la agencia de Ministerio Público Federal, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, el juzgador impuso la firma periódica quincenal los días martes, contados a partir del 2 de mayo, según lo dispuesto en artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

La ley cita que estas medidas serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. El artículo 155 del mismo código menciona que el juez podrá imponer al imputado una o varias medidas cautelares y una de ellas fue la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe. 

Durante la audiencia de formulación de imputación, celebrada el 25 de marzo, la representación también solicitó que Garduño Yáñez fuera separado del cargo durante el proceso legal que enfrenta, y además se le impidiera salir fuera del país. 

Esta petición fue rechazada por la defensa legal de Garduño Chávez por considerarla lesiva, por lo que el juez rechazó esa petición y en la audiencia de vinculación a proceso realizada el pasado domingo 30 de abril, Hernández Calderón ratificó la medida impuesta, la cual fue cumplimentada ayer por la mañana. 

Ésta es la primera acusación que enfrenta el Estado Mexicano, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por las probables omisiones en que incurrieron funcionaros del INM, encabezados por Garduño Yáñez. 

Habla AMLO

Ayer López Obrador dijo durante la conferencia matutina que hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía General de la República. 

“La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”, expuso el mandatario.

“Éste es un hecho muy lamentable, porque en este albergue hubo una protesta, quienes estaban ahí incendiaron unas colchonetas pensando que con la protesta iban a poder salir”, soltó López Obrador.

Dijo que en las investigaciones resultó que quien tenía la llave no abrió. 

“Pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego, como sucedió lamentablemente, y la asfixia. Entonces, sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes. Y ustedes o quienes defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio”, expresó a nivel nacional.

Los comentarios los realizó sin mencionar que la propia Fiscalía ha señalado en las diferentes audiencias de imputación contra ocho servidores públicos, un guardia y un extranjero, que el siniestro fue consecuencia de un acto de corrupción al ser vendidos cigarros y encendedores por los guaridas de una empresa contratada a nivel nacional por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además de que en las instalaciones no existían extinguidores, detectores de humo ni ventilación suficiente, y que los migrantes estaban retenidos de manera ilegal porque el personal migratorio les cobraba mil dólares para dejarlos salir, como acusó la fiscal.