Abusos, marca de la Policía Estatal

Ciudad Juárez.- Elementos policiacos estatales han sido señalados en la presente administración de cometer abusos como asesinatos, detenciones ilegales, lesiones, robos y allanamientos, entre otros.

De acuerdo con el archivo periodístico, tan sólo en sus primeros 17 meses, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) –formada en enero de 2020– acumuló 599 carpetas de investigación en su unidad de Asuntos Internos, o una al día, por “violación o el incumplimiento a la obligación y deberes de los agentes”.

El año previo, indican los mismos registros hemerográficos, en Ciudad Juárez se recibieron otras 124 quejas contra los oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad (CES, hoy dependiente de SSPE) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Entre los casos recientes documentados por este medio está, por ejemplo, la muerte de una mujer de 49 años detenida por integrantes de la CES que, de acuerdo con una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ingresaron sin orden judicial a un domicilio de esta frontera en diciembre de 2020.

“Ellos se la llevaron a las 7:00 de la tarde, y ahí (ante Fiscalía) la presentaron a la 1:00 de la mañana, ¿por qué tanto tiempo?”, cuestionó entonces una familiar de la fallecida, esta última, de nombre María de Jesús Félix Isidro.

Otro caso consignado por este medio fue la desaparición forzada y posterior asesinato de Fátima López, de 18 años, e Irving Zaragoza, de 27, detenidos también en diciembre pasado por al menos cinco oficiales de la corporación estatal en esta frontera y a la fecha prófugos luego de haber sido acusados por la Fiscalía General del Estado por estos crímenes.

En abril de 2020, en la ciudad de Chihuahua una queja ante la CEDH reportó la agresión a una familia por parte de un elemento estatal que, junto con uno municipal, estaban siendo grabados en la calle debido a que no traían cubrebocas.

“En eso se acerca un agente estatal chaparro, moreno, gordito, traía uniforme de la Policía Estatal con las insignias del chaleco, el cual abre la malla o spring (sic) empujándolo y se introduce a mi domicilio en lo que es la sala, y nos empieza a manotear queriéndonos quitar el teléfono”, indica el relato de los afectados, contenido en la recomendación 16/2020, dirigida a ambas corporaciones.

Otra recomendación emitida por la CEDH en 2020 cita una denuncia por hechos registrados en Parral el 26 de septiembre de 2018, donde otra familia acusó allanamiento, lesiones y robo por parte de más de una decena de agentes de la CES.

“Derribaron la puerta, es decir, la forzaron, nos encontrábamos en casa mi esposo de nombre ‘C’, mis hijos: una menor de 15 años y dos varones de 12 y 10 años, que obviamente se asustaron mucho por la forma en la que irrumpieron, yo corrí hacia la entrada de la casa y les pregunté si traían orden de cateo y me contestaron que era por una denuncia anónima”, indica el relato en el texto de CEDH.

“Mi esposo que me seguía, al verlo los agentes se lanzaron derribándolo y golpeándolo, lo amarraron de pies y manos; mi hija, que escuchó a su papá, trató de salir en su auxilio e intervenir, pero fue esposada y golpeada, tenía su cuerpo lleno de moretones, y llevada al interior de un baño” por un agente, agregó la queja.

La misma señala que, una vez en el baño, la hija de la pareja fue “torturada psicológicamente, pues no dejaba de decirle que sus padres ‘ya valieron’, que no los iba a volver a ver, que estarían detenidos por mucho tiempo; estuvieron esculcando toda la casa, tirando y derribando objetos en bolsas negras, se apoderaron de 4 pantallas, una laptop…”

Entonces, la CES era dirigida por Óscar Aparicio Avendaño y dependiente de la Fiscalía General del Estado, de la que se separó entre diciembre de 2019 y enero de 2020 para formar parte de la recién creada SSPE, a cargo de Emilio García Ruiz.

“La institución (Fiscalía General del Estado) reporta que son los empleados estatales los que enfrentan el mayor número de denuncias por probables actos de tortura, al registrar 542, seguidos por empleados municipales, de toda la entidad, que acumularon 519. Los datos oficiales corresponden a los años de 2017 al 2020”, indicó este medio en marzo pasado, citando datos obtenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

El pasado jueves 24 de junio, al difundir que, entre enero de 2020 y el pasado 27 de mayo la SSPE había acumulado 599 expedientes en Asuntos Internos, se agregó que los casos “implicaron” a elementos en cantidades mensuales que, entre todos los hechos, sumaron 800 oficiales, o el 40 por ciento de los 2 mil que reporta tener la corporación.

También, que la SSPE informó haber dado de baja a 200 agentes en el último año y medio.

“Son normales. Hay elementos que creen que el fin justifica los medios. Las unidades de Asuntos Internos que trabajan hacen que esto se vea y no se quede como un incidente”, dijo ayer García Ruiz.

“Desde que llegamos en 2020 se ha, primero, hecho caso a las denuncias; segundo, iniciado investigaciones en Asuntos Internos que hacen que, tercero, se sancione, se den de baja o renuncien los malos elementos”, agregó el funcionario.

El viernes 25 de junio, la SSPE reportó haber iniciado otra indagatoria interna luego de que un civil sujeto a interrogatorio y videograbado dijo contar con estatales para casos de detención, mencionando, entre otros, el apellido del titular de la CES desde 2020 en esta frontera, Ricardo Realivázquez.

“Fuimos quienes solicitamos la intervención de Asuntos Internos para que se investigue este tema”, dijo el viernes Realivázquez, entrevistado sobre el caso.

“Estuvimos haciendo investigación y tuvimos información de que este video lo hizo forzado, lo estuvieron presionando para realizar este video de esta manera. Fue víctima de tortura para poder obtener estas grabaciones”, agregó el funcionario