Internacional

Endurece Washington embargo a Cuba

El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales originarias de la isla

Associated Press
martes, 05 marzo 2019 | 06:00
Tomada de internet

La Habana– El Gobierno del presidente Donald Trump anunció ayer que permitirá demandas a compañías cubanas que utilizan propiedades confiscadas por el gobierno tras la Revolución de 1959, en un movimiento que simbólicamente endurece el embargo comercial impuesto hace seis décadas.

El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.

Además de la pequeña excepción al Título III, el Gobierno estadounidense dijo que la suspensión tardará solo 30 días, abriendo la posibilidad de más sanciones en el futuro.

El Gobierno cubano condenó la medida, calificándola de una amenaza para la estabilidad mundial.

Otras empresas, como hoteles, son emprendimientos conjuntos con compañías extranjeras, pero esas compañías extranjeras no serán vulnerables a demandas, dijo un funcionario del Departamento de Estado. Ello implica que lo más probable es que la medida tenga muy escaso impacto real.

Cada mandatario estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 la cual permitiría entablar tales demandas debido a que atraparía a compañías de países aliados de Washington en años de litigios complicados que podrían provocar denuncias comerciales a nivel internacional contra Estados Unidos.

Abogados de estadounidenses que han demandado compensación por la confiscación de sus bienes en Cuba dijeron que la decisión del Gobierno de Trump de anunciar un levantamiento extremadamente parcial de del Título III de Ley Helms-Burton podría ser ilegal, porque violaría el derecho de sus clientes a presentar demandas.