Va Trump por tierra privada en la frontera

Texas.- Richard Drawe vendió sus tierras en Texas, en la frontera sur, al Gobierno de Estados Unidos porque creía que era más barato y redituable que enfrentarse a Trump en las cortes y después perderlas.

Drawe, de 69 años, apoya al presidente Donald Trump, pero duda que el muro que éste busca construir pueda frenar la migración y cree que la barrera le arruinará la vida.

La Casa Blanca espera que más terratenientes a lo largo de la frontera tomen la misma decisión, y así contribuyan a que Trump consiga su promesa de campaña: construir casi 800 kilómetros de muro para evitar la migración ilegal.

"Finalmente nos rendimos", contó Drawe.

"Si me ofrecieran un millón de dólares para construir el muro, lo rechazaría si supiera que realmente no lo construirían. No me interesa el dinero. Tengo mi vida aquí".

Los desafíos que aún enfrenta la Administración de Trump para este proyecto incluyen una investigación sobre los contratos de construcción, retrasos en los fondos y un reciente fallo judicial que bloquea el acceso de emergencia a los fondos del Departamento de Defensa para construirlo.

Sin embargo, hacerse con las tierras privadas como la de Drawe podría ser el propio muro del Gobierno de Trump, uno muy alto y difícil de escalar.

Sólo se han construido casi 150 kilómetros de barreras, casi todo en terrenos federales donde existían barreras deterioradas o barreras de vehículos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Aunque todavía no se define la ruta del muro, se prevé que 260 kilómetros atraviesen el sur de Texas, y 230 de esos son propiedad privada, de acuerdo con CBP.

Desde 2017, el Gobierno de Trump sólo ha adquirido 4 kilómetros.

Durante el primer mandato de Trump, la Casa Blanca ha presionado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para acelerar la construcción del muro.

El más reciente esfuerzo fue liderado por Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump, y el Mandatario ha sugerido en reuniones privadas "tomar las tierras" de los propietarios.

Las leyes benefician al Gobierno. Abogados y académicos han explicado en entrevistas que los propietarios a lo largo de la frontera tienen pocas opciones una vez que reciben la petición del Gobierno para hacerse con sus terrenos.

Pueden permitir voluntariamente a las autoridades acceder a sus tierras, y si las autoridades deciden que las quieren, aceptar la oferta del Gobierno.

O pueden ir a la Corte, donde pueden luchar por una compensación más alta.

Pero, de acuerdo con las leyes, el Gobierno puede empezar a construir en el lugar incluso antes de que el propietario obtenga su pago.

Los abogados federales pueden argumentar en la Corte que la construcción es una emergencia nacional, lo que casi siempre resulta en que se otorgue el Gobierno la posesión física de la tierra, según Efrén Olivares, un abogado de Texas Civil Rights Project.

Estados Unidos presentó más de 300 casos contra propietarios de tierras después de que el Presidente George W. Bush firmó un proyecto de ley para comenzar a instalar cercas a lo largo de la frontera en 2006, según Texas Civil Rights Project.

Sólo 46 de esos casos están en curso.

El Gobierno llegó a un acuerdo para adquirir la tierra de la mayoría de los otros propietarios, y parte de esa cerca ahora se está convirtiendo en el actual muro.

Muchos propietarios dejan voluntariamente que el Gobierno estudie sus terrenos, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia.

La Administración de Trump retomó lo que Bush dejó inconcluso, presentando 48 demandas para estudiar terrenos y comenzar a trabajar en otras parcelas.

"Van a adquirir las tierras para su muro, ya sea negociando de frente contigo o consiguiendo un fallo para tomar la propiedad", señaló Roy Brandys, un abogado especializado que representó a Drawe.