Prometen candidatos reducir delitos, pero no tienen mucho poder para solucionarlos

Nueva York.— Los políticos de todo el país han prometido en los últimos días de la elección de medio término poner medidas más estrictas contra el crimen.

Los probables gobernadores lo están prometiendo, al igual que los senadores y los miembros del Congreso. Obviamente, sus contrincantes no lo están haciendo.

El mensaje de la ley y el orden está usualmente desconectado de las tendencias del crimen —en el 2022, los homicidios se incrementaron en algunos lugares, pero bajaron en otros como la Ciudad de Nueva York; Oklahoma tiene índices más altos de crímenes violentos que California.

Aunque también están desprovistos de la realidad y esas oficinas tienen poco poder para frenar las tendencias del crimen.

La criminalidad aumenta y disminuye por razones que los expertos no entienden totalmente, y es difícil aun para las ideas más probadas revertir rápidamente su dirección.

Sin embargo, la gente que tiene más palancas para utilizar no es parte del Senado.

Definitivamente, la actual sensación que usted tenga en su comunidad definitivamente no está controlada por su congresista.

“Ustedes no van a arreglar los problemas desde allí, si desean lograrlo, postúlense para alcaldes”, comentó Jeff Asher, analista y asesor sobre criminalidad de AH Datalytics en Nueva Orleans.

Su gobernador no va a solucionar el incremento en homicidios, agregó. Generalmente no es el gobernador el que está fallando para solucionar eso.

Hay candidatos a senadores que aseguran que mantendrán a los criminales detrás de las rejas, pero ellos no pertenecen a las calles.

“Los senadores de Estados Unidos no determinan las políticas de liberación de las prisiones estatales”, comentó John MacDonald, profesor de Criminología y Sociología de la Universidad de Pennsylvania.

“A quien usted elija para el Senado no va a tener ningún impacto en las prisiones estatales”.

El gobierno federal controla una pequeña parte de todo ese panorama. En el país hay 51 sistemas de prisiones y unos 18 mil departamentos de policía.

Si usted ve a un oficial de la policía caminando o patrullando por su comunidad, es más probable que sea de la localidad. Ellos generalmente les reportan a sus jefes electos localmente como sheriffs, o personas asignadas por funcionarios electos como los alcaldes, comentó Thomas Ogorzalek, experto del Centro de Investigación Urbana de la Universidad de Nueva York.

Esas personas a su vez, son las que deciden cómo repartir el presupuesto de la ciudad que destinan a la policía, cuántos oficiales van a contratar, en dónde se enfocarán esos oficiales, si van a usar cámaras corporales y si van a trabajar con los encargados de frenar la violencia, trabajadores sociales y clínicas de salud mental.