Diario
Estados Unidos
martes, 24 septiembre 2019 | 17:00
Seattle— Un juez federal que previamente había fallado que el estado de Washington podía continuar con su intento de que los inmigrantes detenidos recibieran el salario mínimo por el trabajo hecho en una cárcel privada para inmigrantes, dijo el martes que pretende dar marcha atrás a su fallo por exhorto del gobierno del presidente Donald Trump.
El juez de distrito Robert Bryan emitió una propuesta de orden para notificar a abogados del estado y del Grupo GEO, que opera un gran centro de detención de inmigrantes en Tacoma, su plan de desestimar el caso. Les dio hasta el 4 de octubre para responder.
"A los jueces no les gusta recular", escribió Bryan. "Sin embargo, a veces es necesario: cuando la ley cambia o se vuelve más clara, o cuando surgen nuevos hechos, o cuando hechos viejos tienen un impacto nuevo luego de que la ley se vuelve más clara. Así es".
El fiscal general de Washington, el demócrata Bob Ferguson, demandó a GEO en 2017 porque, argumentó, la compañía usó el trabajo de los detenidos para labores por las cuales les debieron pagar el sueldo mínimo del estado, que actualmente es de 12 dólares la hora.
El objetivo de la demanda era forzar a GEO a ceder las ganancias que obtuvo al pagarle menos a los detenidos, y ha sido considerada una prueba para qué tan bien pueden resistir los funcionarios estatales demócratas la agenda inmigratoria de Trump.
En varias ocasiones, Bryan se negó a desestimar el caso. En diciembre falló que el estado de Washington podía proceder con su alegato de que el Grupo GEO debía pagar el salario mínimo del estado, en lugar de 1 dólar al día, por labores de limpieza, cocina y otras actividades realizadas por los detenidos.
Aunque dijo que era muy pronto para determinar si le Ley de Salario Mínimo aplicaba a los detenidos, señaló que no había nada en la ley que exonerara a los detenidos civiles en cárceles privadas a recibir el salario mínimo.
Reconsideró su análisis después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara el mes pasado una "declaración de interés" en el caso, y dijo que la demanda era un "intento agresivo y legalmente injustificado del estado de Washington de interferir con las leyes federales de inmigración".
La agencia insistió en que como Washington no paga el salario mínimo para el trabajo realizado en las instalaciones operadas por el estado, como el Centro de Reclusión Especial para agresores sexuales en la isla McNeil, discriminaba al gobierno de Estados Unidos por requerir que un contratista federal pagara a sus detenidos el salario mínimo.
En su propuesta de orden del martes, Bryan dijo que tomó nota específicamente de dos fallos: uno de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito y uno de la Corte Suprema federal, publicados hace unos meses, después de su fallo inicial sobre el caso de GEO.
"Si al estado le permiten aplicar la Ley de Salario Mínimo contra GEO, el costo de detención civil bajo la ley federal será más elevado que el costo de detención civil bajo las leyes del estado de Washington", escribió Bryan. "Esto no lo puede hacer el estado".
La fiscalía no respondió de momento un correo electrónico en busca de comentario.
En un comunicado escrito, GEO dijo que acataba los estándares de detención nacional presentados por el gobierno federal, que gobiernan al Programa de Trabajo Voluntario utilizado en sus centros de detención de inmigrantes.
"Las tarifas salariales asociadas con este programa requerido por la federación están estipuladas bajo normas establecidas desde hace mucho por el Congreso de Estados Unidos", decía el comunicado.