Diario
The New York Times
Washington— La Cámara de Representantes votó el miércoles por la noche para que el fiscal general William P. Barr y el secretario de Comercio Wilbur Ross se encuentren en desacato criminal al Congreso por negarse a entregar documentos clave relacionados con el intento de la administración de Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020.
Las citas de dos funcionarios del gabinete, aprobadas 230-198, darán nueva vida a una disputa que ha afectado a las tres ramas del gobierno sobre por qué los funcionarios de la administración de Trump presionaron para preguntar a los encuestados si eran ciudadanos estadounidenses y cuál sería el impacto de esa pregunta.
Los demócratas que investigan el tema creen que los documentos y el testimonio que se está blindando confirmarán que la racionalidad establecida por el gobierno para recopilar los datos (para hacer cumplir mejor la Ley de Derechos Electorales) fue simplemente una cobertura para un intento por motivos políticos de eliminar a los no ciudadanos de las estadísticas de población utilizadas Asignar representación política, disminuyendo el poder demócrata.
La Corte Suprema insinuó esa teoría el mes pasado cuando rechazó la razón declarada de la administración para agregar la pregunta como "inventada" en el fallo de la corte en una demanda que cuestiona la pregunta. Y en un giro inusual, el mismo Presidente Trump confirmó todas esas sospechas a principios de este mes cuando dijo sobre la cuestión de la ciudadanía: “Lo necesita para el Congreso, para el distrito”. La semana pasada anunció que su gobierno renunciaría al esfuerzo a la luz de La decisión del alto tribunal.