Vienen primeras denuncias penales contra Corral

En la revisión a la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró presuntos actos delictivos en la ministración de recursos a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), y a las universidades públicas UACH y UACJ. 

Las irregularidades publicadas ayer en el portal de la ASE involucran fondos públicos por más de 534 millones de pesos. 

En la revisión, la entidad fiscalizada a la que se identifica como Secretaría de Hacienda, se indica, no transfirió al 31 de diciembre de 2020 al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense un importe de 225 millones 716 mil 810 pesos, recaudados durante el ejercicio de 2020 por concepto de contribución extraordinaria del 10% del Impuesto Sobre Nóminas (ISN).

Al 31 de diciembre de 2020, explica en el documento, se recaudaron de la contribución extraordinaria del 10% del ISN 393 millones 612 mil 143.40 pesos, los cuales están destinados a la realización de apoyos y/o programas, acciones, planes y proyectos para la atención de los grupos y personas vulnerables, a través de Fechac, pero se identifica que únicamente le fueron transferidos 225 millones 156 mil 554.85, correspondientes a los meses de enero a julio de 2020, por lo que se determina que la entidad fiscalizada no transfirió 168 millones 455 mil 588.55. 

Asimismo, fueron otros 57 millones 261 mil 221.70 por concepto de la contribución extraordinaria del 10% del ISN recaudados en los meses de octubre y noviembre de 2019, por lo que mantiene un adeudo de pago al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Aun con la respuesta oficial de que los recursos se inyectaron durante 2021 sin exceder el año fiscal, la ASE afirmó constatar que esto no se llevó a cabo en tiempo y forma, de acuerdo con el artículo quinto del decreto número 1131/2012 y artículo único del decreto número 1575/2016, en donde se establece que: “... una vez recaudados los recursos correspondientes por la Secretaría de Hacienda, ésta contará con un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir al Fideicomiso los ingresos provenientes de la contribución extraordinaria del 10% del ISN”.

En la observación consideró pertinente presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, por la posible comisión de hechos delictivos descritos en el título decimoséptimo del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Lo mismo ocurrió en el caso de las universidades Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y Autónoma de Chihuahua (UACH), en donde, al 31 de diciembre de 2020, la Hacienda estatal no transfirió un importe de 170 millones 302 mil 268.21 pesos, de los recursos recaudados del Impuesto Adicional Universitario (4%). 

Aunque la respuesta oficial es la misma, la Auditoría concluyó que los argumentos y documentación presentada muestran que se realizaron los pagos mencionados en su respuesta, sin embargo, “aunque a la fecha de la confronta ya no se cuenta con saldo pendiente por transferir, la norma no fija una fecha o plazo específico para hacer entrega de esos recursos, por lo que se constata que al 31 de diciembre de 2020 no se llevaron a cabo, por lo que la información y documentación presentadas no son suficientes para desvirtuar el resultado con hallazgo”. 

Aquí sólo se recomendó hacer los pagos pendientes. 

Al Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (Ficosec) también le quedó a deber 135 millones 679 mil 843.64 pesos de los recursos recaudados de la contribución extraordinaria del 5%.

Ante este caso determinó establecer una “denuncia de hechos para que la Coordinación de Investigaciones II de esta Auditoría Superior del Estado, tenga conocimiento de la presente observación, para que realice las investigaciones pertinentes y en su caso presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, por la posible comisión de hechos delictivos descritos en el título decimoséptimo del Código Penal del Estado de Chihuahua”. 

Mientras que también presenta un adeudo de 2 millones 658 mil 561.57 pesos a la Delegación de la Cruz Roja Mexicana. 

Como en los casos anteriores, la ASE promovió, se menciona, un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para que la Coordinación de Investigaciones continúe la investigación de los hallazgos detectados o bien, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, promueva ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o la autoridad competente la imposición de sanciones a los servidores públicos, que en su gestión, no cumplieron con transferir los recursos recaudados por concepto de la Contribución Extraordinaria Cruz Roja, destinados a la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en el estado de acuerdo con lo establecido el artículo 83-D de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua.