Bajo órdenes de Corral

Van 432 ejecutados en 7 municipios

Fracasa Mando Único en las zonas serranas

De la Redacción/
El Diario
jueves, 10 octubre 2019 | 06:00
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Chihuahua— A poco más de dos años y medio en que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), implementó un operativo de seguridad en la zona serrana con el desplazamiento de elementos de la Policía Estatal Única y Vialidad a los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y posteriormente en Cuauhtémoc, donde asumió las tareas de vigilancia e investigación el Mando Único, la cifra de enfrentamientos, ejecuciones y asesinatos entre grupos antagónicos del crimen organizado ha dejado como resultado un total de 432 víctimas. La mayoría permanecen en la  impunidad.

Según cifras del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua perteneciente al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), del año 2017 al mes de agosto de 2019 los municipios de Cuauhtémoc, Madera y Nuevo Casas Grandes acumularon las mayores cifras en crímenes con 276, 70 y 24 eventos respectivamente.

Cuando el Mando Único asumió el control de las policías municipales y/o preventivas, esto a partir del 19 de febrero de 2017, mediante acuerdo publicado por el gobernador Javier Corral en el Periódico Oficial del Estado (POE), su misión era “hacer frente a la delincuencia, así como realizar las tareas de investigación y persecución del delito”, por lo que cientos de agentes estatales asumieron entonces las labores de seguridad pública; sin embargo, al paso de los años el objetivo de fortalecer los trabajos de orden público, brindar seguridad y paz social a través de la implementación de estrategias y centros de inteligencia quedó en entredicho para la población.

A mitad de esta semana se suscitó en la comunidad de Las Pomas, en el municipio de Madera, un nuevo enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes, liderados por los grupos de “La Línea” y “Gente Nueva”, con saldo de dos personas asesinadas.

Esta fue la novena disputa en esa localidad desde que las autoridades de la FGE y CES asumieron el control de la policía preventiva.

Lo que criticaron los pobladores fue que las fuerzas estatales, quienes tienen un destacamento en Madera, arribaron cuando ya los pistoleros habían concluido la balacera.

Nabil Grijalva responsable del área de comunicación social del Observatorio Ciudadano informó a El Diario que en el caso del municipio de Cuauhtémoc, durante el año 2017 se registraron 88 homicidios, para el 2018 la cifra subió a 97 víctimas y en los primeros ocho meses del presente año (enero-agosto) van acumulados 91 crímenes.

El municipio de Madera sigue siendo un foco rojo para las autoridades, pues en el año 2017 registró 34 homicidios dolosos, para el 2018 bajó a 19 casos y en lo que va de 2019 se llevan registrados 14 asesinatos, según cifras del Sesnsp.

Según explica en su metodología el reporte de incidencia delictiva, misma que aparece en la página www.ficosec.org, un homicidio doloso “consiste en privar de la vida a una persona.

Cuando el delito se comete en su modalidad de dolo implica que esa conducta fue realizada con la intención de cometer un hecho que la ley reconoce como delito”.

El municipio de Nuevo Casas Grandes registró en el año 2017 un total de seis asesinatos, en el año siguiente (2018) y en los primeros nueve meses de 2019 van seis víctimas mortales.

Gómez Farías es igualmente una localidad que registra índices de enfrentamientos y homicidios que han provocado situaciones de temor entre los habitantes por parte de los grupos criminales y que incluso atacaron al presidente municipal electo Juan Blas Godínez, el cual sobrevivió en septiembre de 2018, no así su padre del mismo nombre, el doctor Blas Godínez quien fue privado de la libertad el 9 de noviembre de 2017 y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Otros de los municipios que fue asumido por parte del Mando Único fue el de Temósachic que registra un total de 18 asesinatos en tres años. El municipio de Ignacio Zaragoza reportó 15 víctimas mortales y Casas Grandes 14 decesos, en los últimos tres años.

Cabe mencionar que algunas policías preventivas con el paso del tiempo asumieron de nuevo su papel, como el caso de Casas Grandes y Cuauhtémoc, cuya intervención por parte de la autoridad estatal duró algunos meses.

Precisamente cuando el gobernador Javier Corral emitió el acuerdo en el POE, se indicaba que el control por parte del Mando Único era inmediato y temporal ante las alteraciones graves del orden público.

En aquella ocasión se informó que el ejecutivo estatal había instruido al fiscal General, César Peniche Espejel, brindar el apoyo y coordinación con los presidentes municipales de esa región, mientras 260 agentes de las policías locales iban a ser sometidos a capacitaciones en la Escuela Estatal de Policía y evaluados en el Centro de Control de Confianza, pero decenas de ellos renunciaron finalmente a las filas de la corporación al no acreditar los exámenes de Control y Confianza y por voluntad propia.

 “Se trata de una medida razonable para garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad personal; es importante redoblar esfuerzos y replantear la organización, normatividad y operatividad necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad”, expresaba el gobernador Javier  Corral en febrero de 2017.

Anunciaba que con ese operativo “mejorarán los cuerpos policiacos municipales, porque es importante enfrentar con toda decisión e inteligencia a las bandas criminales que actúan en varios lugares de la sierra para recuperar la paz y tranquilidad del estado de Chihuahua”.

Por su parte, el fiscal César Peniche subrayaba que por más de diez años estas cabeceras municipales habían permanecido en el olvido y no recibieron el apoyo necesario para su buen desempeño, situación que propició la infiltración y control de grupos criminales y que a la postre, permitió la operación desmedida de actividades delictivas, razón por la cual era  obligación del Estado prevenir y combatir esas conductas que lastiman gravemente a la sociedad.