Sufren menores migrantes discriminación en escuelas

El 40 por ciento del personal educativo considera que niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes sufren discriminación en las escuelas de Chihuahua, Baja California, Chiapas y Puebla, según el diagnóstico “Infancias en movilidad y barreras para su educación”, realizado en las cuatro entidades por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef) y la Secretaría de Educación Pública, con apoyo del Fondo Conjunto México Alemania (FCMA).

“Independientemente de su situación migratoria, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, lo cual se estipula en instrumentos internacionales que México ha ratificado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el marco jurídico nacional”, señaló Maki Kato, representante adjunta de Unicef en México.

La activista resaltó además “que es una responsabilidad compartida el garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción, tengan ese derecho cumplido”.

En mayor vulnerabilidad

A través de un comunicado de prensa, la agencia internacional que trabaja con los NNA migrantes desde 2019 en esta frontera señaló que la niñez y adolescencia migrante es uno de los grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad, al cual generalmente se le niega el acceso a la educación, comunitaria o escolarizada, y, en consecuencia, a un espacio seguro y protector en donde se les brindan herramientas y habilidades fundamentales para la vida, así como oportunidades para un presente y un futuro mejor.

La Unicef resaltó que no se cuenta con datos estadísticos o sistemas de información que den seguimiento a las solicitudes de acceso ni a las trayectorias educativas de esta población, lo que imposibilita la toma de decisiones sobre cómo mejorar sus necesidades educativas.

Indicó que el 86 por ciento del personal educativo de los cuatro estados en donde se realizó el diagnostico percibe que el presupuesto asignado a las escuelas es insuficiente para atender las necesidades educativas de los NNA migrantes.

Por su parte, 71 por ciento del personal educativo señala que conoce la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que establece los requisitos para la inscripción en las escuelas; aun así, únicamente dos de cada diez encuestados pudieron describir sus componentes.

Estereotipos de género

Cuatro de cada diez consideraron que estos menores sufren discriminación en las escuelas, por lo que recomendaron visibilizar la situación específica de quienes enfrentan estereotipos de género, los cuales privilegian que desempeñen labores de cuidado antes que su educación.

También existe una escasa información sobre la oferta educativa y la forma de acceder a la educación a la que tienen acceso madres, padres y personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes migrantes.

En el estudio, las familias señalan sentir miedo por la inseguridad y los riesgos fuera de los albergues, por lo que salir a la escuela no es una opción, de manera que priorizan necesidades como la seguridad, los recursos económicos y la vivienda, dejando en último lugar la educación.

Entre las principales barreras identificadas por el diagnóstico que persisten desde la oferta educativa, se encuentra la solicitud de documentación de identidad o antecedentes escolares al momento de buscar ingreso a una escuela; no obstante, de acuerdo con la normativa de la SEP, esto no debe limitar el acceso a los servicios educativos.

Recursos económicos, otro de los factores

Otras barreras son la solicitud de cuotas escolares o gastos de transporte, uniformes o materiales escolares; la poca difusión y conocimiento de la Normativa de Acceso y Control Escolar; así como la discriminación y manifestaciones de violencia y xenofobia en las comunidades y escuelas de acogida.

Algunas de las barreras identificadas desde la demanda por parte de las familias son el miedo a detenciones arbitrarias por autoridades migratorias, la falta de recursos económicos para cubrir costos solicitados por las escuelas, la falta de información sobre la oferta educativa existentes y cómo acceder a ellas, y la priorización del trayecto migratorio y estancias cortas que desmotivan la incorporación a la oferta educativa escolarizada.

“México tiene las herramientas para mejorar las condiciones de atención educativa, cobertura y calidad de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes migrantes durante su estancia y su trayecto por México”, destacó Unicef.

De acuerdo con Jerome Martin, Asesor técnico del Fondo Conjunto México Alemania, “el esfuerzo colaborativo entre Unicef México, la SEP y la Cooperación Técnica Alemana – GIZ ha permitido atender y proteger

los derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad. Si logramos adoptar las recomendaciones que hace este diagnóstico, podríamos conseguir un cambio significativo en sus vidas al fomentar acciones para reducir la discriminación en las comunidades de acogida y garantizar que niñas y adolescentes tengan las mismas oportunidades de continuar estudiando que los varones”.

‘Deben atender sus causas’

Durante la presentación oficial de este diagnóstico, Raúl Álvarez Villaseñor, Director General de Operación de Proyectos en México en representación de la AMEXCID, destacó que “para el Gobierno de México, las políticas migratorias deben atender sus causas, así como los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la salud y, particularmente, la educación”.

En materia de Educación, la Secretaría de Educación de Chihuahua adoptó el Protocolo de Inclusión para la Educación de Niños Migrantes y se instaló el proceso para ofrecer capacitación a los directores de las escuelas.