Rastro de impunidad...

Chihuahua.- A cinco años del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017, no se ha logrado la captura de Crispín Salazar Zamorano, identificado como autor intelectual del crimen y como el principal operador del grupo “Los Salazares” que sirven al Cártel de Sinaloa en la franja de Sonora y Chihuahua. 

El asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, fue iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) quien señaló como únicos responsable a  Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, a Jaciel Vega Villa y a Ramón Andrés Zavala Corral.

A “El Larry” se le atribuyó la autoría intelectual del homicidio; Jaciel Vega Villa fue señalado como la persona que resguardó y trasladó a los asesinos y Ramón como quien disparó en 8 ocasiones en contra de la periodista. 

Incluso logró la detención del “El Larry” el 25 de diciembre de 2017 y obtuvo su vinculación a proceso. No obstante, no pudo capturar a Jaciel Vega que sigo prófugo, mientras que Ramón Zavala fue asesinado el 19 de diciembre de 2017 en el poblado de Álamos, Sonora. 

Sin embargo, la Fiscalía Estatal dejó fuera del caso a José Luévano Rodríguez, quien subsecretario general del PAN  Estatal, a Alfredo Piñera, vocero del partido y al exlcalde de Chínipas, Hugo Ahmed Schultz, quienes orquestaron la manera de grabar a la periodista cuando confesó que fue ella la que indagó y publicó una nota sobre la imposición de candidatos del crimen organizado en la región serrana, particularmente en Chínipas, la cual fue la que provocó la molestia del grupo de Los Salazares y fue el móvil de su asesinato. 

Aún después de dejar sus cargos como alcalde y funcionarios partidistas, los tres sujetos siguieron en la vida pública. Schultz mantuvo su plaza como maestro, José Luévano trabajó como secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado y luego como su director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa (Ichife) y Piñera fue parte del equipo de comunicación del entonces coordinador panista del Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monje. 

Por este motivo, la carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalìa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), quien finalmente obtuvo un fallo condenatorio en contra de El Larry el 18 de marzo de 2020 y que se concretó con la sentencia de 50 años de prisión dictada en agosto del mismo año. 

Durante la audiencia de juicio oral en contra de El Larry, fueron al menos tres los testigos que revelaron que Crispín Salazar fue quien ordenó privar de la vida a Miroslava por haber afectado sus intereses políticos y criminales con la nota que publicó en La Jornada poco antes de las elecciones de 2016. 

Crispín, hermano de Adán Salazar Zamorano quien fundó el grupo de Los Salazar, es identificado como principal operador del Cártel de Sinaloa en la zona colindante entre Sonora y Chihuahua, donde tiene el control del trasiego de droga hacia Estados Unidos. 

Desde 2007, el Cártel de Sinaloa, con el apoyo de los Salazar, le ha disputado al Cártel de Juárez y su brazo armado la Línea, las rutas de trasiego y las zonas productoras de droga en Chihuahua. 

Sin embargo, tras el asesinato de Breach y por largo tiempo, el crimen se atribuyó al líder criminal de La Línea,  Carlos Arturo Quintana Quintana, alias el 80, cuyo nombre aparecía en una cartulina abandonada en la escena del crimen. 

“Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80” , fue el mensaje dejado cerca de la camioneta de Breach Velducea el día de su ejecución, como una distractor. 

De acuerdo con la testigo Silver, la propia Miroslava le llegó a comentar que El 80 “era un sanguinario” pero que respetaba porque nunca la había amenazado pese a las notas en las que denunciaba su influencia en la designación de directores de seguridad pública en la región occidente de la entidad. Por el contrario, continuó la testigo, eran Los Salazar, quienes comenzaron a amenazarla luego de que una de sus notas obligara al PRI a retirar a la persona que dicho grupo había impulsado como candidato a alcalde en Chínipas, Miguel Salazar Ochoa.

Por su parte, la testigo Mila indicó que Miroslava le hizo saber que Hugo Schultz le advirtió que no fuera a la sierra tras la publicación de dicha nota, mientras que la testigo Uno manifestó que los familiares de Miroslava en Chínipas también le pedían que por favor no fuera a la región serrana y mucho menos a ese municipio porque “el señor de Chínipas”, Crispín Salazar, estaba muy enojado.

La misma testigo señaló que una semana antes de su muerte, Miroslava le platicó que había recibido una nota en su buzón de correo donde se le hacían amenazas. “Pienso ahora sí que la cosa va en serio. Estos cabrones de los Salazar ya me dejaron una nota en mi buzón”, le reveló la periodista.

También señaló que Hugo Schultz, José Luévano Rodríguez y Alfredo Piñera como los mensajeros que hacían llegar las amenazas de los Salazar a Mirsolava y quienes la presionaban para que revelara las fuentes que le informaron sobre las “narco candidaturas”.

La testigo Uno también señaló a Luévano y Piñera como los funcionarios que contactaban a Miroslava para preguntarle sobre sus fuentes de información y que le advertían que se estaba poniendo en riesgo a ella y a su familia. “Te imaginas que le pase algo a tus hijos, a ti”, le decía Luévano a la periodista cuando la abordaba en ruedas de prensa. 

Aunque Hugo Schultz ya fue sentenciado a 8 años de prisión por actuar como auxiliador al haber entregado las grabaciones de Miroslava directamente a Los Salazarez, ni José Luévano ni Alfrdo Piñera han enfrentado proceso alguno. 

Actualmente, la Fiscalía General del Estado se ha mantenido al margen del asunto con el argumento de que la investigación se encuentra totalmente en manos de la Feadle. Así lo refiero el titular de la dependencia, Roberto Fierro Duarte, quien se abstuvo de comentar sobre un caso en el que no tiene injerencia. 

El funcionario refirió que están en total disposición de colaborar con las autoridades federales, sin embargo, explicó que desde su llegada al gobierno estatal no han recibido ninguna solicitud de colaboración. 

Sobre el caso de Crispín Salazar, el funcionario manifestó que se tiene varias carpetas de investigación que involucran a diversos objetivos prioritarios, además de que reconoció que la delincuencia organizada se ha infiltrado en diferentes temas, pero es labor de las autoridades federales el combatirla.